La Guardia Civil ha detenido este miércoles al tesorero de CDC y administrador de las fundaciones CatDem y Nous Catalans, Andreu Viloca, por el presunto cobro de comisiones dentro la llamada trama del 3% en Cataluña. Sumas que habría cobrado a cambio de adjudicaciones de obra pública.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye indiciariamente a Viloca un total de seis delitos relacionados con la corrupción que son los de cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales, según han informado fuentes del Ministerio Público.
Su detención, que se ha producido cerca de su domicilio, se enmarca dentro de una nueva operación de la Guardia Civil en la que también han sido detenidos Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalitat y los empresarios Jordi Soler, Juan Luis Romero Gamero (presidente de Rogasa), Xavier Tauler Ferrer (Copisa), Antonio García Bragado, Sergi Lerma y un sexto de apellido Bassols. Todos ellos han sido detenidos a primera hora de la mañana.
Y dos nuevas detenciones elevan a 10 el total, las del secretario del patronato de la fundación Catdem, el convergente Carles del Pozo y la de una administrativa de CDC. Del Pozo fue gerente de la formación pero, según han explicado fuentes del partido, ya no lo es, sino que esta función la tiene asumida el tesorero, Andreu Viloca, también detenido este miércoles; y fuentes de Catdem han informado de que Del Pozo es el actual secretario del patronato de la fundación.
De momento, además, se han producido 11 registros: el de la sede de CDC, el de los ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y el de ocho empresas, incluida Acciona. En este sentido, agentes de la Guardia Civil han entrado en la sede de CDC este miércoles pasadas las 10.00 para registrar el edificio -donde está el despacho del tesorero, Andreu Viloca- y a las 10.45 han entrado los fiscales anticorrupción, que la han abandonado tras media hora.
Hasta la sede de los convergentes se han desplazado cuatro vehículos de la Guardia Civil, y dos agentes se han situado custodiando la puerta, frente a la que se han concentrado muchos medios de comunicación.
Tras conocerse estas detenciones, Convergència (CDC) ha denunciado la "espectacularidad" de la detención de su tesoreroy criticado el "ensañamiento" de la Policía y la Justicia con CDC al avisar "siempre" a los medios en este tipo de operaciones.
Así lo ha puesto de manifiesto en los pasillos de la Cámara Baja el diputado de CDC Carles Campuzano. El parlamentario convergente ha apuntado que no conoce los detalles y que se ha enterado de la noticia al mismo tiempo que los medios de comunicación. "Sé lo mismo que ustedes", ha manifestado Campuzano. Ahora bien, ha admitido que en este tipo de operaciones "choca la espectacularidad con que se actúa, con un punto de ensañamiento" en la presencia de los medios de comunicación, a los que la Policía y la Guardia Civil avisa con tiempo para que puedan grabarlo todo. "No nos parece lo más razonable", ha dicho.
Trama Petrum
Se trata de una investigación llevada a cabo por un grupo de delitos económicos de los servicios de información de la Guardia Civil y la Policía Judicial del Instituto Armado en Tarragona dentro de la trama Petrum. El objetivo es, entre otros, recabar información para esclarecer si CDC cobró "el 3%" del coste de la construcción en 2009 del centro cívico Nexe, en alusión a presuntas comisiones por adjudicación de obra pública.
Lo ha explicado el alcalde, Joan Carles Batanés (Gent Fent Poble), que ha concretado que los agentes han reclamado el expediente referente a "la contratación y ejecución del proyecto Nexe" en la anterior legislatura, cuando CDC tenía mayoría absoluta. El Grupo Soler ganó el concurso público y se encargó de la construcción del centro: "Tres días antes de acabar la obra se hizo una certificación extra por valor de 35.000 euros a favor de la empresa, un importe muy cercano al 3% del coste total".
El alcalde ha concretado que, "poco después, la empresa del Grupo Soler hizo una donación de un importe similar a la fundación de CDC", lo que justifica la investigación de la Guardia Civil, ha apuntado. "No sé si fue legal o no. Pero si se demuestra que no lo fue, es deplorable que se pagara una donación a CDC con el dinero de todos los vecinos" de Sant Fruitós de Bages, ha añadido.
Durante la construcción del centro cívico Nexe el alcalde era Josep Rafart (CDC), actualmente apartado de la política, y del gobierno municipal de entonces sólo se mantiene la entonces concejal de Cultura, Mercè Casals, que ahora es la líder de la oposición en el consistorio.
Dentro de esta misma trama, la Guardia Civil registraba el pasado mes de agosto la sede de CDC y de la fundación afín, CatDem tratando de aclarar si la constructora Teyco pagó comisiones ilegales del 3% a la fundación a cambio de la adjudicación de obra pública por parte de ayuntamientos controlados por CiU.
La Guardia Civil registra la sede de CDC