El grifo de la financiación se cierra un poco más para las autonomías a medida que van transcurriendo los meses sin un nuevo Gobierno. Las comunidades autónomas que presentan una peor situación financiera no van a poder acceder a 4.000 millones de euros adicionales del Fondo de Liquidez que les habrían correspondido este año, al haberse relajado su objetivo de déficit del 0,3 al 0,7%.
Fuentes próximas al Ministerio de Hacienda confirmaron a este periódico que, en la actual situación, esto va a traducirse en más retrasos en los pagos a sus proveedores. Se da la circunstancia de que dos de las regiones que atraviesan una situación más delicada, Aragón y Extremadura -presididas por barones socialistas- vienen presionando a Pedro Sánchez para que no bloquee la formación de un nuevo Ejecutivo.
En los más de cuatro años que lleva en marcha, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ha repartido entre las autonomías adheridas a él 101.363 millones de euros. Es un montante que los Gobiernos regionales han dedicado fundamentalmente al pago a proveedores, pero que también han podido destinar a hacer frente a sus vencimientos de deuda y a déficit.
Las fuentes consultadas explican que el FLA va todo unido a los objetivos de déficit regionales. El inicial para este año era el 0,3%, pero al flexibilizar Bruselas el límite de déficit a España, el Estado compartió parte del nuevo margen con las regiones, permitiéndoles incurrir en un desfase del 0,7%.
Esto es así en teoría, porque en la práctica y al no haber un Gobierno en plenas funciones, los Ejecutivos territoriales no van a poder optar a los 4.000 millones adicionales de financiación que implica ese oxígeno de cuatro décimas. Un Ejecutivo en la actual situación de interinidad no puede llevar al Parlamento los nuevos objetivos, ni el aumento de la financiación que conllevan.
Esto supone más presión para las comunidades autónomas, que al no poder endeudarse por este nuevo margen, se verán obligadas a ajustarse más el cinturón: a hacer los mismos esfuerzos que si el tope de déficit se mantuviese en el 0,3%.
Las autonomías "vuelven a la situación anterior", explican en el entorno de Hacienda, donde inciden en que el problema de la situación inédita por la que atravesamos a escala política es que cuestiones como ésta van surgiendo en el día a día. Al final, va a haber autonomías que empeorarán su Periodo Medio de Pago porque no van a contar con dinero en caja suficiente poder hacer frente a estas obligaciones.
Presionados por la necesaria reducción del déficit y por los pagos que han de afrontar, algunos presidentes autonómicos han optado por desviar parte de esa tensión hacia arriba.
El PSOE, en el punto de mira
Es el caso de las dos regiones que desde el mes de abril están intervenidas por el Estado, a causa de los retrasos sistemáticos a la hora de hacer frente a sus facturas con los proveedores. La ley de Morosidad establece un límite de 30 días para saldar sus deudas, una vez que las facturas han sido reconocidas y, de acuerdo con los últimos datos dados a conocer por el Gobierno Central en mayo, Extremadura paga a 118,51 días y Aragón a 97 días.
El presidente de Aragón, Javier Lambán reclamó estos días a Sánchez que deje de alimentar ?falsas expectativas?. En concreto, Lambán reprochó a su secretario general que siga dejando en el aire un posible nuevo intento de someterse a la investidura, pese a no contar con los apoyos suficientes.
Mientras, el líder de la Junta extremeña, Guillermo Fernández Vara incidió en que su región -al igual que el resto de autonomías- no puede elaborar los Presupuestos de 2017 y tiene proyectos parados. Fernández Vara, que ya se ha mostrado en otras ocasiones partidario de una abstención de su partido que acabe con la parálisis política del país, también considera que Pedro Sánchez debería haber consultado al máximo órgano del PSOE, antes de retomar las conversaciones con los otros grupos para tratar de lograr una alternativa a Mariano Rajoy y desbloquear la situación.
De las doce autonomías que se han acogido al FLA (las que incumplen el déficit están obligadas a hacerlo) las que han recibido más fondos hasta la fecha son Cataluña, que al final de este año habrá percibido 41.817 millones de euros (el 41 por ciento del total), seguida de Comunidad Valenciana, con 25.132 millones de euros, que representan el 25 por ciento del total; y de Andalucía, perceptora del 14 por ciento del Fondo (14.158 millones de euros).
Toque de atención de S&P
Ayer mismo, S&P Global Ratings publicó un análisis sobre las autonomías españolas de régimen común. En su artículo, los expertos de la agencia de calificación explicaron que los déficit fiscales de estas autonomías desde el comienzo de la crisis han provocado que su endeudamiento se haya cuadruplicado en comparación con los niveles precrisis.
La entidad estadounidense cree que la recuperación de los niveles previos a la crisis está todavía lejos. De hecho, el documento puso de manifiesto que un mayor incremento de los ingresos no será suficiente para restaurar las finanzas regionales a niveles previos a la crisis. Además, desde S&P señalaron que los cambios demográficos representan un importante obstáculo para las regiones pues de ellas dependen los principales servicios sociales, excluyendo las pensiones y las ayudas por desempleo.
Entre otras conclusiones también se destacó cómo el Gobierno ha pospuesto la reforma del sistema de financiación, pero ha financiado las necesidades de las regiones convirtiéndose así en su principal acreedor. Es por ello que pueden pasar décadas hasta que estas regiones logren reducir sustancialmente su deuda sin un aumento significativo de los recursos a través del modelo de financiación, superávits sostenibles, o un alivio de su deuda.
