La Comisión Europea calcula que el coste de la corrupción para los Veintiocho asciende, cada año, a 120.000 millones de euros, algo menos que el presupuesto de la Unión, que para 2014 ascendía a 142.000 millones. Dentro de los estados miembros, España destaca por varios motivos. El primero de ellos es que, según el Informe de lucha contra la corrupción en la UE, el 95 por ciento de los españoles considera que la corrupción está generalizada en nuestro país. El segundo, que hay una percepción generalizada de que los partidos políticos están ampliamente afectados por esta lacra y son el sector más corrupto. Tanto es así, que somos el octavo país en el que los ciudadanos tienen una opinión más negativas de las formaciones en este ámbito.
De acuerdo con el último Barómetro Global de la Corrupción (uno de los principales índices que publica a nivel global la organización Transparencia Internacional), que evalúa el nivel de corrupción en 107 países respecto a doce sectores institucionales, políticos y sociales, los partidos políticos son el sector peor valorado a nivel internacional, con una puntuación de 3,8 sobre 5 (siendo 5 el máximo nivel de corrupción).
En España la puntuación es peor aún que la media y la valoración asciende hasta el 4,4. Esto supone que sólo hay siete países que nos superan y que tienen una peor percepción de los partidos: Nigeria, Nepal, México, Grecia, Italia, Jamaica y El Salvador. Por este motivo, desde la organización urgen a acometer cambios de calado, empezando por estas instituciones.
Precisamente a este respecto, los datos del Eurobarómetro evidenciaban que, si en 2011, dos de cada tres europeos consideraban que la financiación de los partidos políticos no es suficientemente transparente ni se supervisa, era mucho más probable que tuviesen esta percepción los españoles (87 por ciento de los encuestados) o los griegos (86 por ciento).
El otro gran informe que elabora Transparencia Internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción, evidencia año a año que nuestro país ha ido cayendo en este listado a medida que avanzaba la crisis. Este listado, que incluye a 177 países, los clasifica en función de la opinión que los expertos tienen sobre su sector público y va del más transparente (1), al más corrupto (177). El índice se elabora a partir de trece macroencuestas que realizan once organismos internacionales.
Al nivel de China o Turquía
Así, en pleno boom inmobiliario en el año 2004, España tenía una puntuación equivalente a 71 sobre 100, que luego fue bajando progresivamente hasta llegar a 62 en el año 2011, en plena crisis financiera y de deuda. En 2012 obtuvimos una puntuación de 65 sobre 100 y el puesto 30 del ranking, mientras que en 2013, el último índice realizado, logramos una puntuación de 59. Esto implica que, desde el año 2004 nuestro país ha ido perdiendo puestos a nivel internacional y es percibido cada vez como menos transparente.
En estos momentos nuestro país se situaría al nivel de Italia, Brasil, China , Turquía o Sudáfrica en lo que a situación de sus instituciones se refiere, de acuerdo con estos datos. Desde Transparencia Internacional consideran que se trata de una situación "manifiesta y urgentemente mejorable".
Si acudimos a los datos del Eurobarómetro, observamos cómo en países como Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y Suecia el porcentaje de ciudadanos que cree que la corrupción está muy extendida se sitúa entre el 20 (Dinamarca) y el 44 por ciento (Suecia). Ese porcentaje se amplía a algo más de la mitad en Alemania, Países Bajos, Estonia y Francia, mientras que se eleva de forma considerable en los países que se han visto más afectados por la actual crisis.
Afectados por la crisis
De esta forma, la tasa de ciudadanos que entienden que las corruptelas están ampliamente extendidas en el país se eleva hasta el 90 por ciento en el caso de Portugal, alcanza el 91 por ciento en Eslovenia, llega hasta el 95 por ciento en España y es del 97 por ciento en Italia. Únicamente los ciudadanos de Croacia, República Checa, Lituania, Bulgaria, Rumanía y Grecia tienen una impresión más pesimista en este sentido.
En el caso de nuestro país, al encuesta europea revela además que entre el 1 y el 3 por ciento de los encuestados aseguraron que o bien se les había solicitado, o bien esperaban cobrar un soborno en el intervalo de un año.
Con estos resultados no es de extrañar, que ni tan siquiera una cuarta parte de los europeos opine que los esfuerzos de sus gobiernos son suficientemente eficaces en la lucha contra la corrupción. Tampoco que el segundo problema que más preocupe, en concreto a los españoles, sea la corrupción, tan solo por detrás del paro.
De la información incluida en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se desprende que el 75,3 por ciento de los encuestados ve en el paro uno de los problemas que más le preocupan. Si esta intranquilidad por el desempleo es algo menor que en anteriores sondeos del CIS, no sucede lo mismo con la corrupción. Un 42,7 por ciento de los ciudadanos la señalan como el problema que más les preocupa, frente al 41,5 por ciento del barómetro previo.
Las entrevistas se realizaron entre el 2 al 13 de septiembre, cuando ya se conocía el escándalo de la familia Pujol o el de los ERE en Andalucía, pero antes de que saliera a la luz la trama destapada en el marco de la Operación Púnica.
Las prácticas empresariales
Sin embargo, no solo el sector público o los partidos políticos se encuentran en el punto de mira. El sector empresarial, inmerso también en los casos citados previamente, se considera como otro de los focos sobre los que habría que fijar una mayor atención.
Casi cuatro de cada diez directivos de nuestro país aprueba la práctica de comportamientos poco éticos para salvaguardar su negocio, tal y como revela la decimotercera edición de la Encuesta Global sobre fraude 2014, elaborada por la consultora Ernst and Young (EY). Este documento evidencia que los obsequios, los pagos en metálico o hacer la vista gorda en los estados financieros son algunos de los usos a los que los altos cargos de las compañías no renunciarían, si de lo que se trata es de garantizar el futuro de la misma. En este caso, el fin justificaría plenamente los medios.
La encuesta recoge la percepción de los directivos de grandes compañías de 59 países, entre ellas medio centenar de empresas españolas, sobre las prácticas de fraude y corrupción corporativas, pero también sobre los procedimientos con los que hacerles frente desde este ámbito.
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