
Ni sistemas de contabilidad analítica, ni memoria sobre el coste y rendimiento de los servicios. Éste es el descontrol que el Tribunal de Cuentas denuncia que tienen todas las comunidades y ciudades autónomas del Estado, sobre los dineros que manejan, hasta el punto que, afirma, "no es posible pronunciarse sobre el grado de eficiencia y economía en la gestión de los fondos públicos" de las autonomías. Gráfico: entidades del sector público autonómico en 2009
Ésta es una de las conclusiones que recoge el informe de Fiscalización del Sector Público Autonómico en 2008 y 2009 que el organismo fiscalizador del Estado ha remitido al Parlamento, en el que se denuncia, además, que ninguna comunidad autónoma cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria marcado para esos años, los dos primeros de la crisis.
Así, el Tribunal eleva el déficit conjunto de las comunidades en 2008 hasta el 1,49% del PIB, frente a un objetivo inicial de superávit del 0,25%. Ninguna "ha cumplido el objetivo de déficit individualmente" y diez comunidades (Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia) se vieron obligadas a elaborar planes de reequilibrio al superar el déficit el 0,75% de su PIB regional.
Una situación que se agrava en 2009, año en el que los números rojos de las autonomía alcanzaron el 1,92 por ciento del PIB cuando el objetivo marcado era el equilibrio presupuestario. En ese ejercicio sólo Galicia, Madrid y La Rioja se salvaron de tener que elaborar un plan económico de reequilibrio.
Como consecuencia de esta falta de control del gasto público y origen también en parte del desequilibrio presupuestario, el importe global agregado de las modificaciones de créditos presupuestarios netas, autorizadas por todas las administraciones autonómicas, asciende a 19.785, 895 millones de euros en 2008 y a 29.023, 486 millones en 2009, lo que supone unos incrementos interanuales del 40 del 47%, respectivamente. De estas cantidades 12.253, 369 millones y 18.042,444 millones de euros en 2008 y 2009 respectivamente, corresponden a las Administraciones Generales.
Para el Tribunal de Cuentas "el elevado volumen de las modificaciones presupuestarias pone de manifiesto una deficiente presupuestación". Además, en algunas comunidades autónomas "los expedientes de modificación de crédito presentan deficiencias en cuanto a su justificación o carecen de cobertura suficiente".
El saldo del endeudamiento conjunto de todas las administraciones autonómicas pasó de 45.472 millones el 1 de enero de 2008, a 70.581 millones el 31 de diciembre de 2009, con, incrementos del 16 y del 33,8%, respectivamente.
Las comunidades que más elevaron su endeudamiento en 2008 fueron el País Vasco con un 63% de incremento; seguido de la Rioja, con un 52,2% y Baleares, con un 46,1%. En 2009, fueron de nuevo el País Vasco que disparó su endeudamiento en un 323%, con Castilla y León (88,7%), Castilla-La Mancha (81%) y Murcia (80%) como seguidoras en el ranking de la deuda.
Fondos de Compensación
Analiza también el órgano fiscalizador del Estado la dotación de los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI) que, según los datos obtenidos de las comunidades y ciudades autónomas, asciende, en 2008, a 1.341,193 millones de euros, mientras que en 2009, la dotación crece hasta 1.435,366 millones. Constata, en este sentido, que "estas cifras difieren de las consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el total del FCI, que para el ejercicio 2008 asciende a 1.337,981 millones de euros y para el 2009 a 1.353,990 millones".
Advierte, asimismo, que "en general, en las comunidades perceptoras de los Fondos se producen numerosas modificaciones en los proyectos a financiar por dichos Fondos respecto a los inicialmente aprobados, así en Andalucía las modificaciones afectan en ambos ejercicios a más del 80% del montante global, lo que desvirtúa significativamente la programación inicial contenida en los respectivos Presupuestos".
En cuanto a las universidades, y además de unos incrementos de gasto del 31,20% en 2008 y del 35,24% en 2009, el Tribunal constata que "la media de alumnos equivalente por profesor es muy baja" en las universidades que han sido analizadas, entre las que figuran las de Cantabria, Zaragoza, Extremadura, Murcia, La Rioja, Cartagena y Cataluña, lo que pone de manifiesto "un sobredimensionamiento del profesorado en relación con el número de alumnos".
El informe de fiscalización resalta en este apartado que el número de entes públicos era en esos años "notable" y había seguido creciendo, por lo que recomienda "una mayor exigencia tanto para justificar la creación de nuevas entidades como para garantizar eficacia, eficiencia y transparencia".