La banca no dispone de datos segregados y el CGPJ no tiene estadísticas sobre tipos de inmuebles.
El avance de la crisis económica y el desempleo y con ellos, el deterioro financiero de las familias, ha elevado fuertemente el número de desahucios. Sin embargo, y a pesar de la resolución de los distintos partidos políticos de poner fin a los dramas sociales asociados, aún no hay cifras fiables que fijen con exactitud la gravedad del problema.
La primera dificultad es que la banca nunca ha segregado los datos de sus clientes hipotecarios en función de unas variables que ahora podrían servir para manejar estadísticas sobre el número y la clase de inmuebles procedentes de desahucios.
Por ello, la petición que el Banco de España hizo a la banca, a través de sus patronales, para que remitieran sus datos, fue una demanda inútil, ya que el sector no dispone de esa información.
Desde distintas fuentes se empiezan a dar datos que, aunque no pueden mostrar un foto exacta, intentan delimitar el perímetro de los afectados.
Por parte de la banca, en primer lugar se resalta que la inmensa mayoría de los hipotecados paga puntualmente sus cuotas. Según los últimos datos del Banco de España, el porcentaje de morosos alcanzó en este segmento sólo el 4 por ciento. Fuentes del PP cifran en alrededor de 20.000 los desahucios realizados en 2007, un número que aumentó a 65.000 al año siguiente y que ha crecido hasta los 75.000 anuales en los ejercicios sucesivos.
Depuración de datos
De esta cifra, sin embargo, hay que depurar cuales se han realizado sobre locales comerciales y del resto, qué parte corresponde a primera la vivienda, que es sobre la que se despliega las medidas protectoras del legislador y la que causa alarma social y qué parte corresponde a una segunda residencia.
El Gobierno, por su parte, calcula que entre 4.000 a 15.000 se sitúa el número de los desahucios realizados sobre vivienda en 2012.
El Colegio de Registradores divulgó recientemente otras cifras acerca de los desalojos de inmuebles. Según los datos que manejan, resultado de una encuesta realizada entre sucursales bancarias, durante el año pasado se iniciaron procedimientos de ejecución hipotecaria sobre 65.778 viviendas.
Los Registradores detallan que el 74,69 por ciento corresponde a primera vivienda, es decir, 49.129. A esta cifra, sin embargo, habrá que restar el porcentaje de procedimientos que no concluyen finalmente con el desalojo del propietario, por lo que queda por debajo de las estimaciones del PP.
Una tercera fuente, la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), viene a dar la razón, con sus cifras, a los que piensan que aún es pronto para saber con exactitud cuál es la gravedad del problema. Según el CGPJ, durante el año pasado se iniciaron en los órganos judiciales españoles 91.622 ejecuciones hipotecarias, que supone casi un 18 por ciento más que el año precedente.
En relación al número total de las ejecuciones hipotecarias que aún están en trámites en los juzgados, el CGPJ afirma que alcanzan los 198.116.
El presidente de este organismo, Gonzalo Moliner, aseguró que aunque no hay estadísticas para saber qué porcentaje pertenece a primera vivienda, calculó que no estaría muy lejos del 10 por ciento, es decir, alrededor de 20.000 pisos.
El resto, unos 175.000 procedimientos de ejecución, correspondería a locales comerciales. Negocios fallidos que concluyen con la pérdida del local y sobre los que, para alivio de la banca, no hay ningún tipo de presión social.
De 20.000, incluyendo no sólo los iniciados en 2012 sino todos los pendientes, a los casi 50.000 del Colegio de Registradores, hay demasiada diferencia como para sostener que se sabe muy bien cuál es la dimensión que podría alcanzar los desahucios.
En lo que parece existir casi unanimidad es en las cifras de la dación en pago. Según datos del Colegio de Registrados, en España, se realizaron 14.229 daciones en pago sobre vivienda en 2012, que hay que poner en relación con las 38.976 operaciones de adjudicación de vivienda por ejecución hipotecaria.
Las cifras que maneja el PP son similares a éstas. Según fuentes de este partido, la banca aceptó 14.000 daciones en pago durante 2012, de los que sólo unas 200 se realizaron por la aplicación del Código de buenas prácticas impulsado por el Gobierno, que establecía que aquellas familias, dentro de las vulnerables, cuya situación no se hubiera podido reconducir por otros medios, se acogieran a la dación.
Según los datos del CGPJ, los lanzamientos, es decir, la toma efectiva del inmueble y, si es necesario, el desalojo, alcanzaron unas cifras de 70.257 inmuebles, una estadística con la que tampoco se puede desglosar qué corresponde a vivienda y qué a local comercial.
Estos datos ponen de manifiesto que, al contrario de lo que se piensa, la dación en pago por la deuda hipotecaria pendiente es una práctica muy común.
Respuesta populista a los desahucios
