
El Ministerio de Sanidad se colgó ayer la medalla de la reducción del gasto en recetas, aunque algunas autonomías como Cataluña, Valencia o Baleares sigan sin pagar a las farmacias y la mayoría adeude a los proveedores la factura completa de medicamentos hospitalarios. Son las dos caras de la reforma sanitaria impulsada por el Departamento de Ana Mato que, por ahora, está obteniendo ahorros visibles en el capítulo farmacéutico.
Desde que entró en vigor en julio el nuevo copago de los medicamentos, que obliga por primera vez a los pensionistas a pagar un porcentaje del fármaco, las CCAA han ahorrado 803 millones en recetas. En octubre, esta partida cayó un 17,8% para dejar el acumulado interanual con un decrecimiento del 11,29%, en línea con el objetivo de lograr una rebaja del 15-17% a final de año.
Por tercer ejercicio consecutivo, el gasto en recetas decrecerá y este año se recortará el número de recetas por el nuevo copago. Es la primera vez que las farmacias dispensan menos recetas que el año anterior. La caída en octubre fue del 12,21% y en los últimos doce meses alcanza el 3,82%. En total, se dispensaron 939,49 millones de recetas el último año. La rebaja del precio de los medicamentos que han perdido su patente es otro antídoto para controlar un capítulo que absorbe 10.074 millones y pone a muchas regiones en aprietos para estar al día con las farmacias. El gasto medio por receta bajó un 6,38% en octubre y en el último año el 7,76%.
Mato destacó ayer en el Congreso el impacto del nuevo copago y la desfinanciación de más de 400 medicamentos desde septiembre en el descenso del gasto en recetas. Defendió la reforma para reflotar un Sistema de Salud "en quiebra", en referencia a la deuda de 16.000 millones con proveedores sanitarios heredada del Gobierno anterior.
Subrayó también el nuevo sistema de aseguramiento para acabar con el turismo sanitario, que ha destapado numerosas irregularidades.
Euro por receta
La reforma sanitaria no es un camino de rosas para el Gobierno. A la oposición e insumisión de las CCAA no gobernadas por populares -sólo nueve CCAA aplican a rajatabla la retirada de la tarjeta a los inmigrantes irregulares-, hay que sumar divergencias, como la aplicación del euro por receta en Cataluña y su anuncio en Madrid.
Mato aseguró que el Gobierno presentará recurso al Tribunal Constitucional "si no hay acuerdo" con estas dos comunidades.
El Ejecutivo anunció ayer el abono de 339,59 millones en facturas pendientes a los proveedores de conciertos de servicios sociales a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Esta cantidad incluye las facturas saldadas hasta el pasado 21 de noviembre de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, que eran las que estaban adheridas formalmente al FLA y han solicitado el pago de estos conciertos. Durante la reunión, ayer, de Hacienda y Sanidad con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, el Gobierno informó que se está procediendo al pago, correspondiente a noviembre, para abonar las facturas pendientes a proveedores del resto de comunidades autónomas que se han adherido al Fondo: Asturias, Baleares, Canarias y Cantabria, por lo que la cantidad se va a ir incrementando.