Con la tormenta que está cayendo económicamente hablando, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y con la incertidumbre de que esta tormenta se convierta a corto o medio plazo en una gran tempestad, a José Luis Rodríguez Zapatero le espera una legislatura difícil.
El presidente del Gobierno tendrá que ingeniárselas para hacer frente a una más que previsible crisis económica y, al mismo tiempo, cumplir con el programa electoral que tan holgada victoria le dio el pasado domingo.
Una tarea complicada en un contexto marcado por el parón de la construcción -sector que hasta ahora ha sido el gran motor de la economía española-, con la inflación en máximos históricos, el endeudamiento de las familias por las nubes y con el mercado laboral dando señales de alarma (el paro ha aumentado en 250.000 personas en seis meses).
¿De qué recetas deberá echar mano el nuevo Gobierno para hacer frente a esta borrasca que amenaza la prosperidad alcanzada por España en los últimos años?
Reactivar el empleo
No hay mejor forma de evitar un resfriado que tomando mucha vitamina C, ya que además de hacer menos daño al estómago que los medicamentos, nos aporta defensas al organismo.
Potenciar el mercado laboral es el mejor antídoto ante una eventual crisis económica. Cuanta más gente trabaje, más se incentiva la actividad económica de un país: quien tiene trabajo genera riqueza, luego consume e inyecta dinero al sistema.
Es decir, con un mercado laboral sano, la economía se retroalimenta.
En su programa electoral, Zapatero ha prometido que creará 2,2 millones de puestos de trabajo durante los próximos cuatro años, de los cuales 1,5 serán para mujeres.
Un objetivo ambicioso si se tiene en cuenta que en la legislatura que acaba se han creado casi tres millones de empleos en un contexto económico internacional mucho más favorable.
En cambio, 2007 se cerró con el peor dato de desempleo de los últimos 13 años y febrero fue el quinto mes consecutivo en el que subió el paro.
Y otro dato a tener en cuenta: sólo entre enero y febrero el gasto en prestaciones por desempleo ha aumentado un 20 por ciento respecto a 2006.
Por ello, Zapatero deberá echar mano de su talante y del diálogo social para poner en marcha medidas que pueden ser impopulares y algo traumáticas, pero necesarias en tiempos de crisis: moderación salarial, flexibilidad en la contratación y modernización de los Servicios Públicos de Empleo para que aquellos trabajadores que sean víctimas de los efectos de la crisis encuentren rápido otro empleo.
Más competitividad
Que trabaje más gente ymejor. Ésa ha de ser otra receta
queha de estar en el horizonte de los gobernantes a la hora de definir una política económica para tiempos difíciles.
Con el euro en máximos históricos respecto al dólar y con un diferencial de inflación de más de un 1,2 por ciento respecto a la UE, los productos españoles resultan poco atractivos para nuestros clientes extranjeros.
Por ello, es necesario curar de una vez por todas uno de los grandes males del mercado de trabajo español: la falta de productividad. España tiene que invertir su modelo, hasta ahora basado en la construcción, un sector que se nutre de mano de obra poco cualificada.
Y qué mejor forma de hacerlo que aprovechar los malos tiempos que se avecinan para el ladrillo para dar la vuelta a la tortilla: incidir en la formación de los trabajadores y acabar con el déficit de la aplicación de las nuevas tecnologías en diferentes campos de la economía, especialmente en la industria, y fomentar las inversiones en I+D+i.
En este sentido, el PSOE se ha fijado como reto colocar a España entre los diez países de la UE más avanzados en materia tecnológica de aquí a 2015.
Paquete de inversiones
Qué mejor forma de hacer frente al frenazo de la construcción que incidir en la obra pública. El Gobierno ya se ha preparado para hacer frente al frenazo del mercado inmobiliario a golpe de talonario: las concesionarias de obra pública recibirán a lo largo de 2008 cerca de 30.000 millones de euros de los ministerios con más peso en la actividad económica, como Fomento y Medio Ambiente.
La clave está en si serán capaces de poner en marcha las infraestructuras más rentables, o aquellas electoralmente más convenientes.
Pedro Solbes ya anunció antes del 9-M que al Ejecutivo no le temblará el pulso para tirar de superávit si el frenazo de la economía exige un sobreesfuerzo del sector público.
Pero el excedente del Estado apenas supera los 1.200 millones de euros, mucho menos de lo que se obtendría ampliando la participación del capital privado en la promoción de infraestructuras públicas.
El Plan Estratégico de Infraestructuras (PEIT) ya prevé la participación del capital privado en la obra pública y en Europa es un hábito, sólo falta que el Gobierno se apoye más en la empresa para mejorar la red de infraestructuras.
Potenciar la vivienda pública en detrimento de la libre es otra de las bazas que piensa jugar el Gobierno para reactivar la actividad de la construcción y hacer frente al aumento del desempleo que está registrando el sector, que pierde a la orden de 400 empleos diarios por la desaceleración.
En su programa electoral, el PSOE promete construir 1,5 millones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en diez años, de las cuales 600.000 deberían estar en la primera legislatura. Reactivar la industria con mejores infraestructuras debería ser otra de las claves para potenciar la entrada de capital en el sistema económico.
Fomentar el ahorro
Si el endeudamiento familiar constituye hoy uno de los principales problemas de la economía española es, principalmente, por la ilusión de riqueza que proporcionó el desplome de los tipos de interés en los primeros años del siglo.
Con el dinero barato, el coste de oportunidad de embarcarse en inversiones de alto rango era menor y los españoles se lanzaron a comprar viviendas, el sueño que siempre tuvieron sus padres.
Los sucesivos gobiernos no hicieron gran cosa por contener una marea que debilitaba a largo plazo los cimientos de la economía, pero que, en la corta distancia, hizo rebosar de euros las arcas de las distintas administraciones públicas, desde el Estado hasta los ayuntamientos.
Para terminar de desincentivar el ahorro, el Ejecutivo de Zapatero utilizó su reforma fiscal para encarecer la tributación de las rentas de capital (ahorro financiero, al fin y al cabo), subiendo del 15 al 18 por ciento el tipo al que se pagan en el IRPF y eliminando las ventajas fiscales de que gozaban los planes de pensiones (ahorro previsión).
Recuperar el trato de favor de estos instrumentos de ahorro a largo plazo podría ser una buena estrategia para estimular la acumulación de riqueza antes que el gasto.
La única medida que se ha anunciado en este sentido es la devolución de 400 euros para todos los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, una iniciativa que parece ir más en la línea de reactivar el consumo doméstico que en la de impulsar el ahorro.
Esta lectura también es válida para el sector público. La moderación del empleo, la subida del paro y la inminente presión demográfica aconsejan una política de gasto social más conservadora.
Quizá no deba pasar por dejar de subir las pensiones, pero sí por calcular las mismas en función de toda la vida laboral o por jubilarse más tarde.
Cambiar la Ley del Suelo
Uno de los eventos que ha afectado a los malos momentos que atraviesa el mercado inmobiliario ha sido el cambio en la valoración del suelo, que ha traído problemas a aquellos que compraron suelo rústico con la confianza de convertirlo a medio-largo plazo en urbanizable.
Hasta ahora, junto a la valoración normal de ese suelo urbanizable -teniendo en cuenta que puede convertirse en viviendas (según la normativa autonómica vigente)-, se colocaba una advertencia sobre su condición de expropiable, en virtud de la nueva Ley del Suelo estatal.
Esa era la gran excusa de las entidades financieras, acuciadas por la falta de liquidez internacional, para reducir o negar los créditos a los promotores y valorar a la baja sus activos, con la consiguiente consecuencia para sus cuentas.
Ahora que ha acabado el periodo electoral es hora de que el Gobierno se siente con el sector privado para buscar fórmulas menos agresivas a la hora de valorar el suelo de las constructoras y promotores inmobiliarios.
Pero además de avanzar en la valorización del suelo y en la financiación del sector privado, habrá que avanzar el la liberalización de los terrenos y alcanzar un gran pacto nacional con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para que sean más flexibles a la hora de poner a disposición sus terrenos.
El nuevo reglamento también debe potenciar la agilización de los procesos urbanísticos.
El tiempo que se tarda entre el desarrollo y puesta en marcha de los procesos se alarga tanto que el precio de la vivienda se llega a encarecer hasta un 40 por ciento entre el inicio y el final de la obra.
Liberalización de sectores
Hacer una tortilla o una ensalada es hoy mucho más caro que hace cuatro años.
Es cierto que, en buena medida, esto sucede porque la prosperidad de las grandes economías asiáticas ha disparado la demanda de alimentos frescos y, por tanto, su precio.
Pero también porque, en no pocas ocasiones, la subida de precios que se produce entre el producto en origen y su comercialización no se atiene a ninguna lógica (llega a ser hasta del 300 por ciento).
La concentración de la distribución de alimentos en unos pocos intermediarios puede estar detrás de este fenómeno, que se resolvería con una receta sencilla: más competencia.
Algo similar sucede con los precios de la gasolina. España tiene uno de los precios de combustible más baratos de la UE por la escasa carga fiscal del mismo, pero, aún así, hay pactos de precios entre los distribuidores. Competencia ya ha denunciado alguno.
La apertura a nuevos competidores del mercado de la telefonía, de los medios de transporte o la supresión de restricciones de horario en el sector comercial serviría para reducir los precios.
Suministro energético
Nos hemos cansado de escucharlo durante los debates electorales: España importa el 80 por ciento de laenergía que consume.
Es decir, sólo es capaz de proporcionarse a sí misma el 20 por ciento, y eso a pesar de estar considerada como líder en el desarrollo de energías renovables.
A la espera de encontrar un modelo de energía renovable que sirva razonablemente para cubrir la demanda de un país del tamaño de España, la suficiencia energética pasa por las recetas de toda la vida.
La encrucijada es la misma de hace veinte años: o seguimos comprando fuera y nos exponemos a las turbulencias cíclicas que sacuden a los mercados energéticos (la llave del gas está en las imprevisibles Rusia y Argelia; y la del petróleo, en el avispero de Oriente Medio) o dejamos a un lado los complejos y nos entregamos a la energía nuclear, que, por cierto, compramos masivamente a Francia.
La estrategia del Gobierno parece pasar por dejar las cosas como están.
Confiar en las renovables, incidir en las estrategias de ahorro y eficiencia y comprar lo que se necesite en el extranjero.
A Zapatero no le gusta nada la energía nuclear y aunque ya ha corregido la costumbre apuntada en el inicio de su mandato de recordar a todo el que le quisiera oír que iba a cerrar todas las centrales existentes en España, su idea continúa siendo no abrir nuevas centrales.
Tampoco estaría de más un gran pacto político para racionalizar la factura eléctrica y acabar con la subvención pública a las eléctricas.
Rajoy seguirá al frente del PP