A sólo dos días de que entre en vigor el aumento del copago farmacéutico, el desconcierto en las farmacias y en las comunidades autónomas (CCAA) es máximo. La asociación que agrupa a las principales empresas informáticas para farmacia advirtió ayer de que las boticas "carecen de información necesaria" para aplicar el copago el domingo. Y alertan de que "es imposible" que los sistemas informáticos recojan cambios en la dispensación de medicamentos que se han negociado "uno o dos días antes de la entrada en vigor del Decreto".
Ante las quejas del sector, Sanidad se ha lavado las manos y ha dejado que las regiones resuelvan la gestión de un sistema que algunos expertos, como Jaume Puig-Junoy, tachan de "burocrático, costoso y complicado".
Sanidad no aplicará ninguna moratoria, y exigirá el cumplimiento del Real Decreto y la aplicación del nuevo copago en los medicamentos este domingo. Para la ministra Ana Mato, "técnicamente todas las CCAA están preparadas", si bien reconoció el miércoles que se pueden producir "incidencias".
Por la calle de en medio
No parece ser así, a juzgar por las críticas que ayer lanzó el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares, Antonio Real, sobre la "precipitación" del Gobierno en poner en marcha el nuevo modelo. Real avisó de que se producirán "incidencias" en farmacias y reclamó el retraso hasta octubre para tener un mes de pruebas, como piden la patronal y los colegios farmacéuticos de Cataluña.
Algunas CCAA, como el País Vasco, han tirado por la calle de en medio a costa de abrir una nueva brecha en la equidad del sistema al aprobar un decreto el pasado martes que exime a los pensionistas de aportar por primera vez el 10% del precio de sus recetas, con unos topes de 8, 18 y 60 euros, según la renta. Mato ya ha anunciado que esperará a ver publicada la norma vasca para ordenar un recurso del Estado.
Otras regiones como Andalucía aplicarán a regañadientes el Real Decreto 16/2012, pese a recurrir la reforma sanitaria al Tribunal Constitucional, mientras que el Gobierno asturiano asegura que "por cuestiones técnicas" es prácticamente imposible llegar a tiempo con un copago. El Parlamento de Navarra también se sumó a este frente al acordar recurrir al Constitucional los recortes en sanidad y educación.
El resto de autonomías del PP confirmó ayer que el domingo estará listo el sistema y, junto con los colegios farmacéuticos y el resto de la cadena del medicamento, trabajan a contrarreloj para aplicar el nuevo copago.
Uno de los grandes problemas del nuevo sistema es cómo reintegrar las aportaciones de los pensionistas que superen los topes de 8, 18 y 60 euros, según la renta en el pago de las recetas y en saber cuándo se les devolverá. Mato asegura que las CCAA abonarán en un plazo de entre tres y seis meses las cuantías aportadas de más en la cuenta corriente donde el usuario tenga domiciliada su pensión. "Sólo en el caso de retirar las prescripciones fuera de su autonomía tendrá que presentar las recetas y los tickets de pago para solicitar el reintegro", precisan desde el Ministerio. Sanidad prevé que "la inmensa mayoría de pensionistas no pagará más de 8 euros".
El consejero de Sanidad catalán, Boi Ruiz, afirmó que "el ciudadano no puede ser acreedor del Estado ni debe tener una deuda con él". En su departamento, trabajan en un mecanismo que impida que los pensionistas anticipen dinero. Andalucía, Galicia y Comunidad Valenciana no cobrarán de más a los usuarios gracias a su sistema de receta electrónica, que alertará cuándo se llega al tope mensual.
Poner en marcha el copago costará hasta 900 millones
