El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, es el "órgano nacional que defiende los intereses de los consumidores y usuarios e incide en la toma de decisiones que se adopten por los poderes públicos en políticas de consumo". Además, hoy se ha sabido que Ausbanc también recusará a la AEAT como administrador concursal de Fórum
Esta presentación, que se puede leer en el web de este órgano, no es en absoluto compartida por los 150.000 afectados de los sellos agrupados en 90 asociaciones independientes, ya que no se sienten representados por una entidad que les negó la posibilidad de recibir subvenciones.
Ayer, el CCU, presidido por la ex eurodiputada socialista Francisca Sauquillo, se llevó un duro revés. El Tribunal Supremo anuló parcialmente el real decreto que concedió ayudas estatales para las diez organizaciones de consumidores "oficiales" auspiciadas por el Consejo, que representan a unos 180.000 perjudicados por el escándalo filatélico.
En concreto, anuló la subvención de 1,3 millones de euros para ocho de estas diez entidades porque la Ley de Subvenciones prohíbe las ayudas para sufragar los gastos de procedimientos judiciales. La sentencia, en cambio, confirma la legalidad de los 700.000 euros para gastos de asesoramiento.
Ayudas legales
El Ministerio de Sanidad y Consumo aprovechó el día de ayer para lanzar una nota de prensa en la que destacaba casi exclusivamente esto último: que las ayudas públicas para labores de asesoramiento a afectados de Fórum y Afinsa son legales. Según Consumo, el Supremo "confirma" en su sentencia que el decreto impugnado "expresa las razones que justifican que se subvencione a las organizaciones de consumidores más representativas a nivel nacional".
También, varias asociaciones independientes celebraron este fallo judicial que pone, a su juicio, las cosas en su sitio. Fuentes del CCU indicaron a elEconomista que de momento están estudiando la sentencia y añadieron que, una vez que se publique en el BOE, disponen de tres meses para recurrir. Otras fuentes aseguran que se buscará por todos los medios llegar a algún acuerdo de carácter político que no suponga la devolución total de las ayudas recibidas.
Trayectoria de Sauquillo
Francisca Sauquillo llegó a la presidencia del Consejo de Consumidores y Usuarios a finales de abril de 2006, pocos días antes de que se interviniera judicialmente Fórum y Afinsa. Por primera vez desde su creación, en 1990, la presidenta de este órgano no procedía del ámbito de las organizaciones de consumidores, sino del mundo político. Quizá por ello, esta prestigiosa abogada siempre se ha puesto del lado de la postura oficial y ha defendido que el Estado "no es responsable" en este caso.
La trayectoria profesional de Sauquillo arranca en 1971, cuando funda el conocido despacho laboralista de Lista. Muy vinculada al movimiento vecinal y asociativo (creó la primera asociación de vecinos de España) y activista en defensa de los derechos humanos y la paz, fue candidata a la alcaldía de Madrid, posteriormente senadora y, hasta el año 2004, eurodiputada por el Partido Socialista.
Críticas de los afectados
Su delicada posición en el asunto de los sellos ha provocado las críticas de gran parte de los afectados, que tachan su actuación de demasiado cercana al Gobierno. "Abogada defensora de los intereses del Gobierno" es uno de los piropos recibidos de parte de los afectados de los sellos.
Para José Javier López de Castro, portavoz de Perjudicados Fórum Madrid (unos 27.000 afectados), Sauquillo no ha hecho nada "aparte de negarse" a recibirles. "Para ella sólo existen asociaciones oficiales, como Ocu o Adicae, y el resto no existimos", aseguró a elEconomista. A su juicio, su trabajo en este asunto sólo ha consistido en "repartir las subvenciones entre las organizaciones como ha considerado conveniente y decirles lo que tenían que decir y hacer".
El Estado, ¿no es responsable?
El portavoz de la Coordinadora Española de Afectados Ceaffa(150.000 afectados), Francisco Berzosa, recuerda aquella reunión con los administradores concursales y organizaciones de consumidores en septiembre de 2006. Según manifestó a este periódico, a los representantes independientes de los afectados se les negó participar en ese encuentro. "Nos acusó de estar politizados", dijo.
"Ella está de acuerdo con que el Estado no ponga un duro para los afectados. Así lo demostró con el informe en el que se apoyó el Grupo Socialista para hacer su propuesta sobre la Ley de Bienes Tangibles en el Senado (noviembre 2007). Nos llamó avariciosos y decía que no veía prudente y necesario que el Estado nos diera cantidad alguna", afirmó Berzosa.
Según este portavoz de los afectados, tanto Sauquillo como la directora del Instituto Nacional de Consumo, María de los Ángeles de las Heras, les han "ninguneado". Pero sus dardos van dirigidos sobre todo hacia la primera: "La vemos más como una interlocutora del Gobierno que como una representante de los consumidores".
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