Entre los puntos inquietantes sobre la solidez financiera de España, los economistas destacan un mal que la corroe desde hace varios años y que podría comprometer sus objetivos presupuestarios: el endeudamiento de sus comunidades autónomas y municipios.
"España no es Irlanda", repitieron en coro, en los últimos días, los miembros del gobierno socialista, para intentar frenar el viento de pánico que sacude los mercados en torno al plan de rescate irlandés.
"Claro que no somos iguales", declaraba irónicamente el miércoles el diario ABC: "Irlanda tiene un Estado. Uno. España, diecisiete. Con la demencial multiplicación de gasto público que eso arrastra".
Las diecisiete autonomías españolas disponen de un nivel de autogestión elevado, teniendo derecho a emitir obligaciones para financiarse, y actualmente están hundidas bajo una deuda acumulada de unos 105.000 millones de euros.
"Cuando la economía ya no crece, las autonomías, que se financian con los impuestos y el IVA, ven reducirse sus ingresos", y "los gastos sociales aumentan", por ejemplo, para ayudar a los desempleados (uno de cada cinco españoles no tiene trabajo), explica Javier Díaz Giménez, profesor de IESE Business School.
En mayo pasado, la agencia de calificación financiera Standard & Poor's preveía que las comunidades autónomas obtendrían en 2010 "el peor resultado de presupuesto consolidado de la historia reciente".
De la misma manera, Moody's, tras bajar las notas de siete comunidades, entre las cuales Madrid y Cataluña, colocó bajo vigilancia negativa a otras tres.
Esta libertad de las comunidades autónomas complica el esfuerzo gubernamental para reducir los déficit.
"En un país tan descentralizado como España, y en el que las autonomías tienen competencias de gasto y tienen muchas menos competencias en cuanto a los ingresos, hay un problema muy serio cuando el Estado decide un control del gasto", afirmó Giménez.
El ejecutivo quiere que, tras haber representado el 1,92% del PIB en 2009, el déficit acumulado de las regiones sea del 2,4% en 2010 y después del 1,3% en 2011. Para esa fecha, España prometió a Bruselas un déficit global de 6%, frente al 11,1% de 2009.
Para abordar el tema, la ministra de Economía, Elena Salgado, convocó el miércoles a los responsables de cada región y mostró tarjeta roja a Murcia y a Castilla-La Mancha: como tienen "un riesgo significativo" de tener un gran déficit en 2010, no podrán emitir más deuda antes de haber enderezado sus economías.
En 2009, catorce comunidades autónomas no habían respetado el objetivo. En 2011, ocho no llegarán, según reveló el viernes El País.
Problemas en los Ayuntamientos
Las municipalidades también sufren este proceso. Madrid, cuya deuda supera los 7.000 millones de euros, intentó en vano negociar con el gobierno central, pero deberá someterse a un presupuesto 2011 austero, sin la más mínima obra pública.
La burbuja inmobiliaria había sonreído a las ciudades, que "tenían unos ingresos altísimos ligados a la venta de su suelo y a los impuestos municipales sobre la compra y la construcción", recordó Carlos Sebastián, economista de la Universidad de Madrid.
De repente, "se sentían muy ricos y por eso han hecho muchas obras públicas, piscinas cubiertas, pabellones deportivos...", añadió.
"Cuando se ha terminado el ciclo de la construcción en España, los ayuntamientos se han quedado sin fuente de financiación, y han tenido que endeudarse", afirmó Giménez.
Resultado: las facturas impagadas se acumulan. Según el Banco de España, los 8.000 ayuntamientos tienen una deuda acumulada de 13.000 millones de euros. Algunos subcontratistas amenazan con no recoger más la basura o no limpiar las calles.
"Desde el punto de vista de la viabilidad de estas pequeñas empresas proveedoras de los ayuntamientos, es muy grave", advirtió Sebastián. Desde 2008, unos 200.000 trabajadores independientes y microempresas han tenido que cerrar sus puertas.
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