"Lo previsible es que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) prorrogue la vida útil de Garoña por diez años más y que el Gobierno se envuelva en la bandera electoral del progresismo y ordene el cierre de la central".
Con estas palabras resumía un alto responsable del sector eléctrico español la previsión mayoritaria en el mundo político y empresarial respecto al futuro de la nuclear burgalesa, a sólo 15 días de que expire el plazo del que dispone el CSN para emitir el informe técnico sobre las condiciones de la instalación.
Un informe técnico que no es vinculante para el Gobierno y que previsiblemente Rodríguez Zapatero va a tener en cuenta porque ha decidido utilizar el cierre de Garoña como carnaza en la campaña electoral de los comicios europeos y como precio político a pagar para asegurarse el apoyo de Izquierda Unida y los nacionalistas radicales en el Parlamento.
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Caldera propone el cierre de las nucleares