A raíz del 'caso Volkswagen' desvelado en 2015, la ministra francesa de Ecología, Desarrollo sostenible y Energía, Ségolène Royal, inició una investigación sobre 100 modelos de automóvil comercializados en su país para determinar si se habían cometido irregularidades similares.
La comisión independiente encargada del caso, apodada por su impulsora 'comisión Royal', junto con el propio ministerio y los institutos de investigación y homologación IFPEN y UTAC, han estado analizando los motores de todos estos vehículos durante los últimos ocho meses.
Como fruto de ello, por ahora se han elevado al ministerio 13 recomendaciones y, como ha publicado la agencia AP, las conclusiones revelan entre otros resultados que el grupo PSA no utilizó ningún dispositivo para falsear los resultados de emisiones. En concreto el vehículo analizado, un Peugeot 5008 con motor 1.6 HDI con normativa Euro 5, no ha desvelado ninguna irregularidad en su gestión electrónica y por tanto la posibilidad que pudiera haber falseado los test de homologación.
Bruselas pide mayor severidad
No obstante, la comisión prosigue su trabajo y los siguientes modelos que serán minuciosamente analizados serán los Mercedes S, Opel Astra y Ford Kuga. Por otro lado, Renault ha sido denunciada por el organismo antifraude francés y su caso se tendrá que dilucidar en los tribunales mientras que Fiat, también bajo sospecha, todavía no habría hecho llegar a la comisión los detalles del sistema que utiliza para la reducción de emisiones en sus motores.
Fuera del caso francés que todavía no ha enviado la totalidad de los resultados de sus investigaciones, el gobierno de Bruselas ha acusado a siete países europeos de inacción ante los posibles fraudes en la homologación de motores. Y no se ha quedado ahí pues a principios de este mes inició procedimientos de infracción contra Alemania, Reino Unido, España, Luxemburgo, República Checa y Grecia por no respetar las directrices de homologación de vehículos europea en cuestión de emisiones. Los gobiernos de dichos países tienen dos meses para contestar y ofrecer las explicaciones pertinentes. Y si no son satisfactorias para la corte de justicia europea, tomará medidas más severas.
