Una vez más, el Gobierno busca reducir el déficit de la Administración pinchando la burbuja del coche oficial. En esta ocasión, el último lote de vehículos, compuesto por cien automóviles de marcas como Mercedes-Benz, Audi, Lancia, Renault o Peugeot, se subastará el próximo 20 de mayo con un precio de salida de entre 700 y los 4.000 euros.
En total, se ofertarán un centenar de coches matriculados entre 1994 y 2007 que han sido calificados "en rodaje con reparación". Incluso, en el paquete para la licitación habrá también un minibus de 22 plazas. Consulte el lote completo de coches oficiales.
Los requisitos para poder participar en la subasta exigen la necesidad de "constituir una garantía que deberá cubrir, como mínimo, el 20% del valor de tasación del vehículo por el que se pretenda pujar", por lo que el importe mínimo de la garantía a constituir queda fijado en 140 euros. Dicha garantía será restada al importe correspondiente al lote adjudicado.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Los beneficios de la subasta
En 2012,se estima que sólo la Administración central disponía de 864 coches oficiales, con un total de 958 conductores, con un gasto anual de en torno a 17.200 euros cada uno en concepto de renting o amortización de la compra. Además, sólo el combustible destinados a esos vehículos supusieron un coste de 1,42 millones de euros para las arcas del Estado.
Al amparo de estas cifras, y con la intención de obtener más ingresos que reduzcan el déficit público, las subastas de coches oficiales se han convertido en un recurso habitual en los últimos dos años a todo los niveles de la Administración. Así, sólo con la licitación de este último lote, el Estado central se ahorrará un gasto de casi dos millones de euros únicamente en el coste del renting, sin tener en cuenta su mantenimiento o el gasto de combustible.
Por otro lado, el Gobierno aprobó a finales del pasado año un decreto por el que se recorta la prestación de coches oficiales a altos cargos del Gobierno: se suprimió el servicio para los directores generales y se establecía la compartición de vehículos para subsecretarios de Estado.
Los coches oficiales cuestan 63 millones
