La inflación y sus verdaderos daños colaterales
Jesús Reglero
La inflación en España continúa su escalada como consecuencia de la salida del confinamiento de 2020 y los periodos de grandes restricciones por la pandemia; y también por la gradual vuelta a la normalidad que vemos en las principales economías de Occidente y los altos precios de la energía. Inflación significa subida de precios de los productos y servicios que consumimos y, si lo hacen, debería ser porque los oferentes, las empresas, ven que hay potencial de ofrecerlos a precios mayores. Esto parece que son buenas noticias a simple vista y lo son, pero con ciertas cautelas.
Existen dos aspectos relacionados con la inflación que es muy relevante considerar a la hora de ver los impactos colaterales que pueden darse. En primer lugar, en España estamos acostumbrados a ver cómo los salarios se actualizan todos los años con la inflación y no con la productividad; pero lo que puede parecer algo justo es, como se suele decir, "pan para hoy y hambre para mañana". Estamos manteniendo artificialmente el poder adquisitivo de los trabajadores cuando a lo mejor la inflación de la economía no ha tenido efecto en algunas empresas que, incluso, han podido ver reducidos sus ingresos.
Pero veamos otro aspecto incluso más polémico: las pensiones. Si las pensiones se actualizan con la inflación, debemos exigir que los ingresos de la Seguridad Social suban el mismo porcentaje para que no se creen desequilibrios, como los que hay ahora mismo. Lo que parece que puede ser un simple 2,5-3% que no hace daño a nadie en un año, termina convirtiéndose en veinte años en un 50-60% acumulado, y ahí es donde está el verdadero problema. Ahí van unos datos para que los lectores entiendan la magnitud del problema: el gasto anual en pensiones en España es de 163.297 millones de euros según los presupuestos generales del Estado. Actualizar el gasto un 3% implicaría un aumento de 4.899 millones de euros cada año, y eso suponiendo que el número de pensionistas sea el mismo, lo cual es mucho suponer. Esto significa que si el Estado no quiere aumentar más su desequilibrio debe incrementar ingresos o reducir gastos de otras partidas, pero ¿de cuáles?
La solución indudablemente pasaría por reforzar todo lo posible la creación de empleo para aumentar la base de cotizantes y contribuyentes en España, y la oportunidad está en los fondos europeos, que deben servir para crear empresas más grandes que puedan generar empleo de calidad.
Por otra parte, el mandato del Banco Central Europeo es contener la inflación en el entorno del 2% a medio y largo plazo, mientras que la Reserva Federal introduce además otro objetivo: mantener una tasa de desempleo baja en EEUU. Con esto, los consejeros del BCE estarán recibiendo presiones para que, obligados a cumplir el mandato, empiecen a sentir la tentación de restringir la expansiva política monetaria que tenemos. Ello implica reducción de las compras de activos y, sobre todo, posibles subidas de tipos de interés.
La deuda actual de España es de 1.409.463 millones de euros, y subiendo todos los días y cada segundo como consecuencia del devengo de los gastos financieros presupuestados en 2021 en 31.675 millones de euros; esto implica un coste medio de la deuda del 2,2%. En España ahora mismo es del 124%, en Alemania 69%, en Italia 155%, en Holanda 54% y en Austria 83%. En términos de deuda por contribuyente, en España tocamos a casi 80.000 euros que, pagando 560 euros al mes, tardaríamos 14 años en liquidar. Y lo peor de todo no es tener deuda, sino que no somos capaces de reducirla en tiempos de bonanza e incluso la seguimos aumentando y, aunque este incremento en 2020 y 2021 está justificado por los gastos generados para hacer frente a la pandemia, vemos una clara tendencia al alza: en 2013 se marcó un máximo de 38.660 millones, pero desde 1995 hasta 2009 nunca se pagaron mas de 20.000 millones aun teniendo los tipos de interés mucho más altos que ahora. Imaginemos que los tipos de interés suben un 1%, es decir, que el coste implícito de la deuda pasa del 2,2% al 3,2%. El impacto directo sería unos gastos financieros anuales añadidos de 14.094 millones de euros. Aplíquese el razonamiento anterior para ver el problema que tendríamos aumentando los desequilibrios del sistema.
Otra solución sería generar superávit para aplicarlo a la deuda o vender activos, aunque destinar parte de los fondos a pagar deuda parece "tirar el dinero" porque duele mucho, pero alguien tendrá que hacerlo, ahora o en el futuro. Mejor ir haciéndolo poco a poco cuando se pueda.
En conclusión, los datos de inflación que estamos viendo nos indican que la recuperación está ahí, pero los daños colaterales pueden hacernos mucho más daño que la simple subida de precios que podemos apreciar en nuestra cesta de la compra.