Youtubers, impuestos y ejemplaridad pública

La competitividad de cualquier región empieza por unos servicios públicos de calidad. Esto es condición necesaria para una administración moderna; más aún, es premisa para la igualdad de oportunidades que permite progresar a los ciudadanos al margen del azar del nacimiento, como recuerda el economista Manuel Hidalgo. Ningún liberal tendría por qué estar en desacuerdo con esta premisa.

Por eso los impuestos y los modelos de sociedad son parte de la deliberación en democracia. Pretender sacarlos del debate – y de la evaluación de las políticas públicas- nos empobrece y deja el camino expedito a los populistas y nacionalistas con su discurso mesiánico y simplista.

Los estados y regiones optan por modelos más o menos intervencionistas o liberales y, al hacerlo, generan resultados que debemos ser capaces de evaluar con objetividad. Poner el foco sólo en los impuestos, ya sea para pedir más o menos, enmascara la sustancia del debate: cómo conseguimos ser más competitivos, atraer talento a nuestras economías y lograr financiar servicios públicos de la máxima calidad.

Los creadores de contenidos digitales (aka, "youtubers") son, hoy, fuente de talento. Por eso la reciente controversia de los youtubers en Andorra forma parte del debate sobre el nivel óptimo de tributación, la competitividad, la libertad y la contribución al bien común.

Hemos de exigir un debate sosegado sobre la razón que les lleva a fijar su residencia en Andorra –algo estrictamente legal- y la conveniencia, o no, de determinadas políticas fiscales como forma de atracción de talento y riqueza.

No podemos tratar ese debate como un espantajo al que atizar.

En otro sentido, el espantajo de la fiscalidad madrileña que atizan determinados líderes autonómicos y ministros para desviar la atención de sus pobres resultados tampoco tiene nada de nuevo. Se plantean debates maximalistas para ridiculizar las posturas contrarias con ejemplos extremos. Por eso conviene retornar a los fundamentos y respetar los matices.

Muchos políticos atacan a Madrid para desviar la atención de sus pobres resultados

La fiscalidad es siempre un elemento de competitividad. La gestión de los servicios públicos debe ser óptima y así ofrecer al contribuyente una fiscalidad lo más eficiente posible. La Comunidad de Madrid consigue hacer compatibles servicios públicos de primer nivel (universidades, hospitales, transporte) y la mayor esperanza de vida de España con impuestos moderados en beneficio de quienes menos tienen. El 85% del ahorro fiscal en Madrid ha correspondido a rentas inferiores a 60 mil euros y el 73% a rentas inferiores a 33 mil euros. En los últimos años, la Comunidad de Madrid ha bajado el IRPF de las rentas más bajas un 25% y el de las rentas más altas un 2,3%. El tipo más de IRPF de Madrid es del 9%, en Cataluña, del 12%.

Gracias a ello, Madrid se ha consolidado como la economía española que más crece y más empleo crea. La más abierta y dinámica. Las cifras de actividad y paro son sistemáticamente más favorables que la media nacional, y además creamos el empleo más inclusivo y de mejor calidad: 8 de cada 10 trabajadores madrileños tiene un contrato indefinido.

Los datos para el año en curso sugieren que, pese al severísimo impacto de la Covid-19, la economía madrileña se está recuperando a un ritmo esperanzador, a lo que el gobierno de la Comunidad va a contribuir con el mayor presupuesto de nuestra historia, en el momento más necesario, y con una estrategia de inversión de los fondos europeos de más de 22.000 millones de euros.

Gracias a su fiscalidad, Madrid es la economía que más crece y más empleo crea

Pero Madrid es también una Comunidad Autónoma solidaria. La aportación madrileña al Fondo Estatal de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), la "caja común" de los españoles, superó en 2019 los 4.100 millones de euros: más de 600 euros por madrileño. En la última década, la aportación de la Comunidad ha rebasado los 30.000 millones de euros, más de 23.000 millones por encima de la catalana, la segunda en importe. A día de hoy, Madrid cubre el 70% del fondo de solidaridad autonómica. Por contra, las comunidades de régimen fiscal propio, País Vasco y Navarra, no aportan a la "caja común" pese a ser respectivamente segunda y tercera CCAA en PIB per cápita.

Los detractores del modelo madrileño nos hablan de un "efecto capitalidad" como causa única de la ventaja competitiva, pero la realidad es que comunidades que partían con múltiples ventajas -en PIB, en industrialización, en capital humano y cultural- las han dilapidado en las últimas décadas con políticas regresivas de todo tipo, desde las fiscales a las lingüísticas; y lo han hecho coincidiendo precisamente con el despliegue del estado autonómico, que ha permitido confrontar modelos y gestiones. Cataluña es un caso claro: desde el estallido del Procés independentista en octubre de 2017, más de 3.500 empresas han abandonado la región, y su recaudación fiscal ha caído año tras año pese a mantener una presión mayor que la de Madrid.

Frente a esto, Madrid busca crecer y atraer talento. En los últimos diez años, más de 110.000 personas han llegado a Madrid para vivir y trabajar. Queremos ofrecer servicios públicos de calidad, universidades públicas y privadas, oferta de ocio, cultura y gastronomía cada vez mejor y, sí, una fiscalidad competitiva. Debemos ser implacables con las conductas fraudulentas, pero también plantearnos si nuestras políticas -fiscales, educativas, culturales- atraen talento o lo expulsan. Hay que analizar el caso de los creadores de contenidos también desde este enfoque, y no solo el recaudatorio en el corto plazo.

La Comunidad de Madrid ha marcado una senda de apertura, crecimiento y moderación fiscal que está dando frutos visibles, que le permite liderar la aportación a la "caja común" y que ha sido respaldada mayoritariamente por los madrileños. Pero además, los ciudadanos de la Comunidad van a poder beneficiarse a partir de 2021 de los frutos de una gestión liberal de lo público: los nuevos presupuestos suponen un aumento inédito del gasto para hacer frente a la situación derivada de la pandemia, con 600 millones de euros en ayudas y un aumento del 70% del presupuesto de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad respecto al año anterior. En la gestión pública, hacer las cosas con responsabilidad y previsión atrae talento. Y el talento siempre sale a cuenta.