La deuda y el espejismo de la prima de riesgo

Como si se tratara de un ensayo a la Europea de la ley Celaá de educación, Bruselas daba la semana pasada un aprobado general a los presupuestos de los países miembros de la UE, incluido el de España, que aprobó raspando y con una seria advertencia sobre la obligación de reducir la elevada deuda pública que ya supera el 114 por ciento del PIB pero que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertan ya de que se disparará hasta el 120 por ciento del PIB en los próximos meses, y hasta el 140 por ciento si se ejecutaran los avales del Estado.

Reducción de deuda a la que se condiciona también el envío de los dineros del Fondo Europeo de Reconstrucción y que unida a una previsión de ingresos sensiblemente inflada, como también denunciaban los citados organismos y el Banco de España, debería obligar a una reducción del gasto presupuestado en unas cuentas como las diseñadas por el Gobierno que, basadas en previsiones irreales y en un incremento de la presión fiscal van en dirección contraria a las necesidades reales de la economía, a la confianza de los inversores y a la formación del clima necesario para la creación de puestos de trabajo.

Una situación que ha encendido la luz de alarma también entre las principales instituciones económicas como el Círculo de Empresarios, el Instituto de Estudios Económicos o los servicios de estudios de las entidades financieras que, por boca de sus principales dirigentes advierten de que "nos enfrentamos a un déficit estructural muy grande que es un riesgo para la propia financiación del tesoro español y nos va a costar muchos años poder devolver esta deuda pública".

Cierto que el hecho de pertenecer a la eurozona y el estar bajo el paraguas del Banco Central Europeo y del euro, junto con la actual coyuntura de mínimos tipos de interés, y con políticas monetarias muy laxas, como es la compra de deuda pública por parte del propio BCE, está enmascarando algunos de estos riesgos, y está manteniendo la prima de riesgo española en niveles muy aceptables, aunque evidentemente artificiales, en torno a los 65 puntos básicos.

Pero no podemos olvidar que la capacidad de financiación del BCE se está viendo favorecida hoy por un aumento de la demanda de dinero excepcional derivada del impacto causado por el COVID y que tener una prima de riesgo en torno 65 o 70 por ciento con una deuda superior al 114 por cien supone tener una economía intervenida, sujeta a los criterios y condiciones que nos imponen quienes nos están salvando del naufragio.

Esto, además de que esta excepcionalidad monetaria está limitada temporalmente a la duración de la pandemia y, como apuntan los analistas nacionales y los organismos internacionales, cuando la demanda de dinero se normalice los bancos centrales no podrán seguir monetizando deuda sin disparar la inflación, Y que como resaltan también los técnicos de la Comisión Europea, si España tiene que financiar esa nueva deuda en el mercado, aun contando con las condiciones favorables que ha creado el Banco Central Europeo, aumentaría mucho sus costes financieros al verse obligada a destinar una parte sustancial de sus ingresos presupuestarios al pago de los intereses, y el país se quedaría al albur de un volantazo de las agencias de calificación y una subida brusca los tipos de interés.

Una deuda desbocada y unos niveles de desempleo disparados son un cocktail explosivo que exigiría la vuelta a la ortodoxia fiscal y la adopción urgente de reformas estructurales, abandonando las tentaciones demagógicas y populistas que tanto gustan hoy en La Moncloa hipotecando no sólo el bienestar de hoy sino el futuro de la generaciones venideras. Que lo entiendan.