Todos los que deberían irse de España

Es una obviedad que la Jefatura del Estado debe mantener un comportamiento ejemplar, fuera de toda duda. En base a eso, se entiende que el Rey actual quiera separar su forma de entender su función de la del anterior monarca, distanciando a su propio padre. Durante años gozó el Rey Emérito de la protección de la prensa y sus asuntos privados, fueran los que fueran, no transcendían aunque se conocieran por los medios. Pero todo aquello ya es historia y no hay asunto que pueda hurtarse al conocimiento o debate público aunque afecte al Rey o a su familia. Felipe VI está mucho más expuesto al escrutinio público que lo estuvo su padre durante buena parte de su reinado y siente una presión mediática y política que le motivan para realizar todo tipo de gestos que trasladen a la opinión pública su transparencia, honestidad y entrega a la alta representación que ostenta.

Dentro de esa política de gestos se enmarca el anuncio de D. Juan Carlos de que dejará de residir en España. Una vez más, nuestro Rey sitúa el interés general y la institución por encima de todo.

Esa actitud exigente que obliga a un servidor público que sin haber sido condenado por nada, si que nada haya sido probado y sin haber sido acusado todavía por nadie formalmente a retirarse de la vida pública, es un ejemplo del que debemos tomar nota y que debe extenderse a lo que es exigible a todo servidor público, desde el primero hasta el último.

Lo que es bueno para el Rey, es bueno para un funcionario, un alcalde, un ministro o un presidente del Gobierno. Felipe VI y Juan Carlos I están poniendo el listón muy alto y los españoles nos tenemos que acostumbrar a exigir a todos los políticos y funcionarios lo mismo que nuestros reyes se exigen a sí mismos.

Si los principios que han llevado al Rey Emérito a anunciar su partida al extranjero se extienden a todo aquel que sea sospechoso o que haya incurrido en actos impropios de un servidor público tendríamos una verdadera escabechina en nuestras instituciones, quedando algunas casi desérticas.

Ejemplo para otras instituciones

Si ponemos el foco en la moralidad y la corrección de los actos, en la sumisión estricta a las leyes y en alejar todo aquello que perturbe el prestigio institucional, creo que nos quedamos sin Gobierno, sin la mayoría de los partidos políticos y con el parlamento reducido a un pequeño grupo de personas, por no hablar de cómo quedarían las comunidades autónomas.

Con este argumento no se trata de que el Rey Emérito tenga derecho a quedarse, sino que lo que se pone de manifiesto es la obligación de muchos otros de irse. De igual forma que se limpia nuestra Monarquía de toda sospecha, se deben limpiar el resto de las instituciones y así a los españoles se nos podrá exigir todo lo que nos exige sin que tengamos la justificación moral de no recibir por parte de quien nos lo exige el ejemplo debido.

Felipe VI con su gesto no defiende solo su corona, lo que nos está diciendo en realidad es que los españoles debemos exigir la misma ejemplaridad a quienes ejercen el poder y nuestra representación. Los estándares éticos deben cambiar y nuestra democracia evolucionar hacia una moralidad mucho más exigente.

Cómo puede ser que en un país existan miembros del Gobierno que han pronunciado sonoras frases machistas, que han sido financiados por dictaduras bananeras o países islámicos sometidos a sanciones, que están incursos en turbios asuntos judiciales, que enchufan a sus parejas, que han dejado Comunidades Autónomas con facturas en los cajones falseando su situación financiera, que queman toneladas de queroseno para acudir a actos privados mientras penalizan a un trabajador por tener un coche diésel, que mienten con descaro a su compatriotas sobre lo que haga falta, ya sean los fallecidos por el coronavirus o los comités para tomar decisiones, que envían a Bruselas datos financieros del Estado maquillados y rápidamente desmentidos por otros organismos, que inflan la nómina de altos cargos, que se inventan ministerios para colocar a amiguetes, que se están aplaudiendo por recibir dinero prestado habiendo liderado el mayor desplome económico de Europa.

Cómo puede ser que tengamos entre nosotros a responsables políticos que amparaban o miraban hacia otro lado mientras el dinero de los parados se gastaba en puticlubs, que financiaban eres falsos por cientos de millones de euros, que cobraban comisiones por las obras públicas, que estaban en órganos rectores de cajas de ahorros mientras se arruinaban, que financiaban sus partidos de forma irregular, que iban a las campañas dopados, que trapicheaban con las concesiones, que firmaban la garantía del Estado en proyectos financieramente arriesgados que beneficiaban a determinadas empresas, que han justificado el terrorismo, que han incumplido la Constitución fomentando la discordia.

Tomemos nota de la ejemplaridad de nuestro monarca y exijamos los mismos estándares éticos a todos los políticos, funcionarios y representantes públicos y a todos los que se la han exigido sin exigirse a sí mismos el mismo rigor, la misma ejemplaridad y la misma moralidad.

Los votos no justifican los actos inmorales o ilegales. Juan Carlos I fue ratificado por la Constitución y nadie nunca ha vuelto a obtener tantos votos y eso no le salva de tener que irse de España.