Del caos al marxismo

Caos e improvisación, son las dos palabras que resumen la situación actual. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, desoyó los consejos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la propia Unión Europea (UE) para hacer acopio de material sanitario cuando aún estábamos a tiempo. Pensó que se trataba de un simple resfriado que se curaba con ibuprofeno.

Para acabar de arreglarlo, se le ocurrió la idea de centralizar las compras cuando no tenía a nadie en el Ministerio que conociera siquiera los trámites aduaneros de un simple clip. El resultado es el colapso que sufrimos, con cientos de personas que se mueren en su casa o en los pasillos de los hospitales, sin tener opción a ingresar en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs).

Es el coste de poner al frente de Sanidad a un político, Salvador Illa, cuyo mérito fue atraer el centro comercial de La Roca Village a su pueblo cuando fue alcalde, y más recientemente rubricar el pacto para controlar la Diputación de Barcelona. Todos dicen que es una persona excelente, pero el virus no distingue entre buena o mala gente.

En su última comparecencia en el Congreso se excusó con que no quería entrar en polémicas para eludir las acusaciones de la oposición y anunció la producción de 400 respiradores diarios, cuando Seat, uno de los fabricantes, aún tenía las homologaciones pendientes de autorización por el Ministerio de Industria.

Sánchez convierte en paladín de las medidas sociales a Iglesias, que quiere nacionalizar todo

En el frente económico, las rectificaciones y la precipitación están también en el orden del día. La ministra de Empleo, Yolanda Díaz, una sindicalista embutida en trajes de seda, lanzó un plan de reducción temporal de empleo (Ertes), sometido a la supervisión de la Policía y de la inspección de Hacienda, que provocó una avalancha de despidos, lo que obligó a endurecer sus condiciones hasta casi prohibirlos.

La misma confusión creó en el colectivo de autónomos el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien tuvo que aclarar la normativa y luego asumir el pago de las cuotas.

Pero el colmo de los despropósitos se produjo con el decreto que amplió las restricciones de la movilidad en actividades no esenciales. El texto se publicó 20 minutos antes de la media noche, sin apenas tiempo para que las empresas afectadas pudieran adaptarse a las nuevas circunstancias.

Además, se incluía a sociedades, como las electrointensivas en el uso de energía, que ni siquiera podían paralizar su actividad en los plazos requeridos. Una prueba palmaria de que a la ministra de Trabajo le importa poco el tejido productivo ó, cuando menos, desconoce su funcionamiento.

Tuvo que ser la vicepresidenta Nadia Calviño la que arregló el desaguisado, abriendo la mano sobre los plazos y las actividades en otra comparecencia, en la que se presentó el paquete de medidas sociales.

La sorpresa para propios y extraños es que el anuncio de estas medidas sociales corrió a cargo de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, quien hasta poco antes de los comicios quitaba el sueño a Sánchez, en lugar de Calviño. La propia ministra portavoz, María Jesús Montero, tuvo un lapsus y lo presentó como el vicepresidente económico.

España tendrá que aceptar un rescate para pagar el coste de la crisis: entre medio y un billón

Iglesias aprovechó para apuntarse los méritos del llamado "escudo social" que el Gobierno construirá con el dinero de todos los españoles, alrededor de 20.000 millones, para proteger desde empleadas del hogar hasta parados de larga duración.

Iglesias aprovechó la excelente tribuna que le brindó Sánchez para defender que "la riqueza de los españoles" está supeditada al interés común, para lo que invocó el artículo 128 de la Constitución.

Una idea arraigada en el marxismo-leninismo y aplicada con dramáticas consecuencias en los regímenes venezolanos de Chavez y Maduro. El precepto abre la posibilidad de nacionalizar las empresas o los ahorros de los ciudadanos, en nombre del interés general.

Como informó elEconomista, el consejo de ministros celebrado el 14 de marzo para aprobar las primeras medidas de lucha contra el coronavirus se alargó más de siete horas por el empeño de Iglesias de nacionalizar sectores enteros, como el de las eléctricas o el de los medios de comunicación.

Un plan bolivariano que hubiera sacado a España de clubes como la Unión Europea y la abocaría a la ruina absoluta. La propuesta provocó un choque frontal con Calviño y Montero, la titular de Hacienda.

La vicepresidenta económica llegó a sugerir su dimisión: "Si esto ocurre (la nacionalización), yo que pinto aquí", se preguntó.

Porqué Sánchez no se puso rápidamente del lado de su vicepresidenta o cortó de sopetón el debate sobre las nacionalizaciones. Y lo que aún es peor, porqué unos días después brindó a Iglesias todo el protagonismo al presentar las medidas sociales, mientras que Calviño, que intervino a continuación, se tuvo que conformar con los parches sobre los decretos de Yolanda Díaz.

La soledad de la vicepresidenta económica se puso de manifiesto durante su visita a Su Majestad el Rey Felipe VI.

El problema es que el dinero puesto sobre la mesa para apoyar la actividad económica durante el confinamiento es insuficiente. Ni siquiera se aplazó el cobro de impuestos esenciales como IRPF ó IVA, lo que provocará una debacle entre las pequeñas empresas, que no puedan afrontar los pagos por la falta de ingresos.

Los avales por 20.000 millones, en una primera ronda, se pondrán en marcha el próximo lunes, con varias semanas de retraso y su cuantía es cicatera comparada con el resto de Europa, por lo que no alcanzará a todas las empresas.

El desempleo del mes de marzo, el peor dato de la serie histórica, pone de manifiesto las profundas secuelas que dejará la crisis. Trabajo demoró la aprobación de alrededor de medio millón de Ertes presentados en la última semana de marzo, que serán contabilizados en abril. La factura en términos sociales será muy dolorosa.

Aunque las medidas de parálisis de actividades no esenciales se levantarán, casi con toda seguridad el próximo 9 de abril, el confinamiento se prolongará un mes más, según todos los indicios.

De acuerdo con los cálculos de varios organismos internacionales, España pierde un 2 por ciento de su PIB (alrededor de 240.000 millones) cada mes que pasa en estas circunstancias El coste se situará, por tanto, entre medio y un billón, entre el 5 y casi el 10 por ciento de su PIB, suponiendo que dura alrededor de tres meses.

Unas cifras imposibles de sufragar si no es con la ayuda de Europa. Descartada la mutualización de la deuda en forma de coronabonos, la batalla está ahora en el reparto del fondo de estabilidad europea (MEDE) creado en la anterior crisis y dotado con 440.000 millones, al que se unirían los préstamos blandos del Banco Europeo de Inversores (BEI) o la utilización de 100.00 millones en fondos estructurales para el empleo.

Se trata de recursos necesarios para la reconstrucción, es decir, para el día después. El primer ministro holandés, Mark Rutte, uno de los halcones de la UE, quiere condicionar las ayudas al cumplimiento de objetivos de déficit y deuda por parte de los llamados hombres de negro. La canciller germana, Ángela Merkel, se decantó en el último momento por echar una mano sin contrapartidas a España e Italia. De un modo u otro, España se encamina hacia el rescate por parte de Europa. Ahora queda negociar el precio que habrá que pagar.