Barcelona, 4 abr (EFE).- La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), patronal de los geriátricos, ha urgido hoy al Govern un aumento de las tarifas que paga por las plazas concertadas para evitar perder calidad asistencial y que se conviertan en "residencias de bajo coste" que sólo cubren necesidades básicas.
La presidenta de la patronal, Cinta Pascual, ha presentado hoy un informe "sobre la situación actual de las tarifas públicas para personas mayores" que revela que la Generalitat paga 19.468 euros por cada plaza concertada anualmente desde 2010, sin que se haya producido ningún aumento en estos últimos 7 años.
Sin embargo, Pascual ha resaltado que en estos años las residencias han experimentado un incremento de los costes de gestión por plaza de un 10,62 %. "Si las tarifas no suben, nos tendremos que comprometer con un servicio de mínimos, residencias 'low cost' que solo cubran las necesidades básicas", ha advertido.
Entre las conclusiones del informe se ha destacado que si no hay una corrección del 11 % de las tarifas para tener el mismo nivel de cobertura que hace siete años, el sector de asistencia a la dependencia ya no podrá hacer frente a un servicio de calidad decente.
Pascual ha lamentado también que se haya perdido la referencia del IPC, que antes regulaba las tarifas públicas y que desde el 2015 no se tiene en cuenta por decisión del Gobierno y, por lo tanto, "carecemos de reglas de juego que marquen nuestro modelo de gestión".
Según el informe, el coste medio de una plaza residencial en 2009 era de 18.800 euros anuales si se tenía en cuenta solamente las plazas ocupadas del centro, y de 17.253 euros si se contaba el total de las plazas, las ocupadas y las que no.
Las residencias, por entonces y gracias a la aportación de la Generalitat, tenían un margen bruto por plaza de entre el 3,4 y el 11 %, que hoy en día se sitúa entre el 2 y el -6,8%, mientras que la situación se agrava en los centros de día, en los que el margen bruto oscila actualmente entre el 0,93 y el -16%.
Sobre los centros de día la directora se ha mostrado aún más preocupada, ya que pese a que ha insistido en que el personal ha aumentado, ha reconocido estar "en una situación límite" en la que la desocupación media es más elevada que en las residencias, entre el 30 y el 40 %.
No obstante, la organización, que agrupa al 70 % de las entidades de recursos asistenciales en Cataluña, con un total de 32.000 plazas con financiación pública, ha denunciado que la administración pague por el servicio un precio inferior al coste, lo que se podría traducir en menos calidad, menos atención y más riesgos para el usuario.
Los gastos de recursos humanos suponen el 68 % de los gastos del centro en el caso de la alta dependencia, y según ha apuntado Pascual se ha producido un aumento directo de casi el 10 % a partir de nuevos aspectos que se han incluido en la partida de contrato, por lo que el margen se reduce todavía más.
Pascual, que ha lamentado no haber llegado a ningún acuerdo con el Departamento de Salud, ha contemplado como única solución el diálogo y la negociación con la conselleria para asistir a los más dependientes y ha asegurado que "no desistirán en sus responsabilidades como Tercer Sector".