La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este jueves que, en el marco de la reforma de las administraciones públicas, abordarán la reforma de 57 organismos públicas en el ámbito del Estado y propondrán la supresión de "hasta 90 observatorios", aunque no ha detallado cuáles serán. Una reforma al gusto de Aznar y Aguirre.
Así lo ha asegurando durante su participación en el foro de análisis del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas que se celebra en el Palacio de la Moncloa y que también cuenta con las intervenciones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Dentro de este capítulo de racionalización de los organismos públicos, Sáenz de Santamaría ha destacado el esfuerzo que están realizando las comunidades autónomas porque, según ha revelado ya están en fase de liquidación o cerradas hasta 535 empresas públicas de las autonomías y se plantean ser "más ambiciosas", superando las 700.
Cuatro objetivos
La vicepresidenta ha puesto énfasis en los cuatro objetivos esenciales de la reforma: implantar una nueva cultura de colaboración entre administraciones, gestionar mejor, simplificar los trámites administrativos y lograr una gestión coordinada de los servicios.
En el desarrollo de esas grandes líneas ha insistido en que hay que analizar qué administración puede desarrollar mejor cada competencia.
Ha subrayado que hay que determinar, por ejemplo, si son necesarias tantas agencias de protección de datos, juntas consultivas de contratación administrativa, tribunales administrativos de recursos contractuales o distintos órganos de inspección de aeropuertos.
También si se debe mantener el número de observatorios que existe en la actualidad (ha informado de que se propone la supresión de noventa) y si se pueden crear instituciones para todo el sector público.
En ese sentido, ha planteado la conveniencia de compartir medios que cuestan mucho dinero al ciudadano, como los relativos a la conservación de carreteras.
Ha abogado igualmente por una racionalización de organismos públicos, momento en el que ha agradecido el esfuerzo que ya han realizado todas las administraciones.
Un esfuerzo que cree demostrado con el proceso de reestructuración del sector público empresarial, que afecta a 86 entidades del Estado mientras que las comunidades se pusieron el objetivo de extinguir en un año 515 empresas públicas.
Las facturas del cajón
La portavoz del Ejecutivo ha señalado que en las próximas semanas el Ejecutivo aprobará el anteproyecto de ley de factura electrónica que supone "el fin de las facturas en el cajón". "Lo que está en un registro en Internet, ya nadie lo puede meter en los cajones", ha proclamado.
Además ha dicho que la reforma plantea una nueva "cultura de cooperación y colaboración" entra administraciones, que a partir de ahora tendrán que plantearse "trabajar y planificar juntos". "Todos tendremos que dar explicaciones de por qué no hacemos las cosas de otra manera si podemos hacerlo juntos", ha exclamado, para preguntarse "¿por qué no compartimos medios que cuestan mucho dinero al ciudadano?".
De fundaciones y consejeros
Por su parte, la subsecretaria de Administraciones Públicas ha señalado que el Ejecutivo se encontró con 48 fundaciones estatales y que, en este momento, ya se han "extinguido seis". De esas 42 que hay actualmente, ha proseguido, el objetivo es que dejen de "ser estatales" otras 17 fundaciones.
"Estamos rebajando a veintitantas las fundaciones, de las 48 que partíamos", ha enfatizado, para subrayar que esas fundaciones "no estaban respondiendo a la realidad y estaban desviando determinadas operaciones bajo esta fórmula". Dicho esto, ha señalado que en marzo de 2012 tendrán un nuevo acuerdo en el Consejo de Ministros sobre este asunto y "posiblemente" se pueda lograr "mayor simplificación".
Además, la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas ha confirmado que hasta ahora ya se reducido en "más de 200" el número de consejeros de las administraciones públicas, lo que supone un ahorro de dos millones de euros.
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