La corrupción nos cerca en estos últimos meses con noticias constantes. En realidad, este problema ha estado constantemente presente durante nuestra ya dilatada etapa democrática y nos ha deparado escándalos inefables como el de Marbella, pero se ha extendido y ha arreciado estrepitosamente en la actual legislatura, con el descubrimiento del ?caso Gürtel? en varias comunidades autónomas, la salida a la luz de la compleja trama de corrupción balear ?hasta mañana no conoceremos las medidas cautelares que el juez impone al ex presidente Matas- y el goteo incesante de noticias de corruptelas vinculadas casi siempre al urbanismo en infinidad de municipios de todos los colores.
Pese a la gran explotación mediática de todos estos escándalos, lo cierto es que no se ha actuado con la debida contundencia para tratar de erradicar esta lacra, ni en el terreno teórico y especulativo que debería correr a cargo de los politólogos expertos ni en el práctico de las decisiones legislativas y ejecutivas. Y es justo reconocer que, en buena medida, la tibieza de las respuestas a los escándalos se debe a la indiferencia de la sociedad, que todavía mantiene en este país su secreta admiración por el pícaro, capaz de adueñarse secretamente del dinero de todos, que a los ojos distraídos de muchos no es dinero de nadie.
Entre los escasos trabajos realistas que proponen soluciones a esta plaga es indispensable citar el ensayo ?Comunicación y poder? de Manuel Castells [Alianza Ensayo. Madrid], obra que analiza con perspicacia la corrupción política, atribuye a la financiación de los partidos la principal responsabilidad en el problema y propone soluciones posibilistas. La propuesta más llamativa que formula es la de que, además de mantener, con mayores controles, la financiación pública suficiente de los partidos, se permitan las donaciones privadas de personas, empresas e instituciones con plena y obligatoria transparencia, al modo de los lobbies americanos.
Financiación ciudadana
Castells, un progresista conspicuo, justifica esta en principio sorprendente opinión con una evidencia incontestable: ?En Europa se ha criticado esta práctica porque aventaja a los adinerados. No necesariamente. Obama demostró que se puede prescindir de los lobbies empresariales recibiendo muchas pequeñas donaciones de ciudadanos individuales. Lo cual daría un mayor control a los ciudadanos sobre los partidos: si no nos gustan, les cerramos el grifo?.
Además, Castells afirma con razón que para erradicar la corrupción no basta con controlar a los partidos: son los partidos los que tienen que endurecer sus controles internos contra los abusos de sus cuadros. Y, para limitar el efecto contaminante del urbanismo salvaje, que ha servido además para financiar a los entes locales, habrá que cambiar el modelo ?el urbanístico y el de financiación local- y que gravar poderosamente las plusvalías especulativas del suelo.
Finalmente, la lucha contra la corrupción requiere ?dice Castells atinadamente- extender la transparencia informativa, no sólo sobre la gestión estatal, autonómica y local sino sobre los ingresos y gastos fiscales de las instituciones. La divulgación hasta el pormenor del estado continuo de las haciendas públicas permitiría el escrutinio constante y daría a los ciudadanos un inusitado poder de supervisión.
Naturalmente, para que todo ello se implemente y se encamine, hace falta una abierta y decidida voluntad política que, a pesar de la que está cayendo, no termina de verse en los grandes actores políticos. Que siguen más interesados en desgastar al adversario y en tapar las propias miserias que en poner fin a un espectáculo que genera desafección y desconfianza de la ciudadanía en la política.
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