La Ley de Costas se acelera en su aplicación y se lleva por delante cientos de viviendas, y con ellas, los hogares de muchas familias afectadas que reclaman una explicación. Mientras, el gobierno hace oídos sordos, incluso de las peticiones de gobernantes alemanes o ingleses que defienden los intereses de sus nacionales.
En las últimas semanas hemos visto cómo proliferan los problemas derivados de la aplicación de la Ley de Costas. Promulgada en 1988, llevaba casi 15 años de patente inactividad, por lo que pocas eran las quejas que se recibían de la gente cuyas propiedades habían sido calificadas como objeto de dominio público: el temido procedimiento de deslinde. Pero desde hace unos años a esta parte, algunos apuntan que desde la llegada de Narbona al Ministerio de Medio Ambiente, la Ley de Costas se está materializando y ejecutando. Y esto significa que se está expropiando y demoliendo.
La ley, en el mejor de los casos, propone, en su disposición transitoria primera, un plazo para la obtención de una sentencia firme que reconozca la titularidad sobre la finca. Con ella, podría optarse a una concesión de 30 años, prorrogable hasta 60, que permita al dueño disfrutar de su ocupación y aprovechamiento. Pero ese derecho no es transmisible, porque la verdadera propiedad pasa, inevitablemente, a manos del Estado. Cabe preguntarse qué pasa con aquellas propiedades de titularidad dudosa o los compradores, que de buena fe, se hicieron con terrenos susceptibles de deslinde en los años posteriores a 1988. Porque la usucapión no se aplica de ninguna manera en las relaciones con patrimonio del Estado.
De la teoría a la práctica
En las últimas semanas, han saltado a la palestra dos casos especialmente significativos, el de playa de El Saler, en Valencia y el especialmente escabroso asunto de Cho Vito, en Tenerife. En los dos, multitud de familias se han visto despojadas de sus inmuebles y pocas de ellas han podido hacer uso de la excepción planteada por la ley o recibir el pertinente justiprecio. Peor aún, muchas de las familias aseguran no haber tenido noticia de la administración hasta momentos antes de que se presentaran las excavadoras en las puertas de sus casas.
Lo que sí supondría un incumplimiento flagrante de la obligación de transparencia de los actos administrativos y la necesidad de notificación a los interesados, como bien establece la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Pero el cumplimiento de la Ley de Costas no es algo criticable, quizá sí la ley en sí misma, que establece un complicadísimo procedimiento de deslinde fundado en variables geológicas, una falta de previsión en los supuestos de titularidades imperfectas, una excesiva delegación de la competencia expropiadora en la autoridad municipal (art. 4 d. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local ) y, quizá, un abuso de la cláusula abierta del artículo 33 de la Constitución, que dice que "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes".
La igualdad relativa
Lo que sí es reprobable, es la falta de equidad por parte de la Comisión General de Costas, al menos en el caso de las Islas Canarias, donde hace días las autoridades desalojaban a 31 familias, cuando en sus playas todavía está en pie el Hotel Ríu Oliva Beach, el cual está construido sobre las dunas de Corralejo que constituyen desde 1982, Parque Natural, según un informe publicado por Greenpeace en 2007. Este hotel no sólo obtuvo de la Comisión la concesión del uso de las tierras sólo 6 días antes de que una sentencia del Supremo resolviese que no se reconocía la propiedad de la empresa, sino que además acto seguido, la primera poseedora, Geafond, vendió la concesión a una segunda entidad, Ríu Hotels.
Sobre el cumplimiento de la ley, la directora general para la Sostenibilidad de la Costa ha declarado que el Ministerio de Medio Ambiente ha ganado el 97% de los casos en los tribunales. Y esto no es extraño, porque los deslindes se ejecutan como establece la Ley. Pero dicho esto, puede uno plantearse cuáles son los criterios, no tanto del deslinde, sino de la ejecución de las resoluciones administrativas, que de momento sólo hemos visto recaer sobre particulares, hasta el punto de que ha sido necesario crear una asociación que defienda sus derechos, la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que aúna a las más de 45.000 familias expropiadas.
Los últimos casos han sido tan alarmantes, que autoridades políticas de Inglaterra o Alemania, ya le han pedido explicaciones a nuestro gobierno nacional. Así, por ejemplo, el secretario del Ministerio de Exteriores británico, Peter Ricketts, consultó al embajador español en Londres tras conocer las múltiples denuncias de los residentes ingleses en España. Representantes de ambos países han reclamado ahora al Ministerio de Medio Ambiente algún tipo de aclaración sobre la Ley de Costas.
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