
El Gobierno sigue dando forma al rescate de las autopistas de peaje. Según publica la agencia estadounidense Bloomberg, el Ejecutivo ha pedido a las entidades financieras que asuman pérdidas en los alrededor de 3.500 millones de deuda de las autopistas.
Según sus fuentes, la propuesta fue presentada ayer en una reunión con representantes de los bancos que financiaron las ocho autopistas que actualmente están quebradas. En la reunión también participaron las concesionarias.
El Gobierno quiere aplicar quitas para reducir la factura final que tendría que pagar el contribuyente, aunque todavía no se ha fijado la cantidad de dinero a la que deberían renunciar los bancos.
Lo que también están negociando la banca y el Gobierno es el plazo a devolver el resto de la deuda. En este ámbito también hay fricción, ya que el Ejecutivo quiere que se le dé un plazo de 20 años para devolver la deuda de las sociedades que entren en liquidación.
De momento, Fomento sigue buscando fórmulas para rescatar y dar viabilidad a unas infraestructuras que el tiempo ha demostrado fallidas. Hasta ahora, el Ejecutivo ha rechazado un plan que hubiera supuesto garantizar 1.250 millones de euros de nuevos préstamos a 30 años por el impacto que habría tenido sobre el déficit.
Problemas legales para el Gobierno
Los primeros pasos que ha dado el Gobierno ya han sido polémicos, y podría encontrarse con que la misma banca a la que exige quitas le demande, ya que ha dado al Estado preferencia de cobro, lo que podría alterar el régimen jurídico de la concesión e ir contra los derechos adquiridos por bancos, constructoras y otros acreedores.
El pasado viernes 24 de enero, el Consejo de Minsitros reconoció al Estado la posibilidad de minorar la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) en aquellos supuestos en los que el Estado se vea obligado a hacerse cargo del pago de las expropiaciones de las autopistas de peaje por el impago de la concesionaria en concurso. De esta forma se blindaba ante posibles expropiaciones.
Y es que las expropiaciones son uno de los aspectos clave en la fórmula de rescate de las autopistas. Esas vías están en riesgo de quiebra debido en parte a los sobrecostes que registraron en el precio que pagaron por las expropiaciones de los terrenos sobre las que se construyeron.