La creación de una sociedad pública de autopistas que permita el rescate de las vías de pago en crisis va camino de ser un calvario de difícil solución por los desencuentros entre el Ministerio de Fomento y las constructoras.
En ese sentido, la ministra Ana Pastor ha dejado clara la negativa del Ministerio a ceder a las constructoras y concesionarias que actualmente gestionan la decena de autopistas en riesgo de quiebra más de un 20 por ciento del capital social de la sociedad pública que previsiblemente integrará a estas vías, frente al porcentaje de hasta un 49 por ciento que solicitan las empresas. Fomento calcula que el porcentaje que ofrece al sector privado en la eventual nueva sociedad de autopistas presenta un valor de unos 122 millones de euros.
El Ministerio, según estimaciones de un experto independiente, fija en unos 608 millones de euros el valor de la eventual sociedad de autopistas. El porcentaje del 80 por ciento que tendrá el Estado equivale a capitalizar los 473 millones de ayudas que se han concedido a las autopistas y el 20 por ciento restante, al valor residual de las concesiones.
Cuestión de porcentajes
La conformación de dicha empresa pública de autopistas está a expensas de determinar el porcentaje definitivo de participación de las empresas, pero también de que las concesionarias definan una respuesta común al proyecto planteado por Fomento para solventar el problema de estas vías.
Pero mientras se llega a esa solución, las radiales de Madrid se han visto obligadas a acogerse al concurso de acreedores, con una deuda conjunta de 1.700 millones y una caída de los tráficos que supera el 48 por ciento desde los máximos que registraban en 2007. La última en suspender pagos ha sido la R-2 (participada por ACS, Abertis, Acciona y Bankia) que une Madrid con Guadalajara.
La autopista R-2 entra en concurso
