Los 175 millones de euros asignados a la prolongación del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-6) hasta final de año se financiarán con cargo a deuda pública, ante la imposibilidad legal de cargar este nuevo gasto al Fondo de Contingencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Así lo reconoce el Gobierno en la memoria de impacto que acompaña al decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, documento que ya ha sido enviado al Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press.
En la memoria se recuerda que el PIVE 5, autorizado en enero, fue dotado con 175 millones de euros con el objetivo de retirar de la circulación hasta 175.000 vehículos antiguos. Sin embargo, como ya había sucedido con las anteriores ediciones del plan, "el ritmo de reservas superó las previsiones iniciales" y el dinero se agostó el 4 de junio.
"Ante esta circunstancia y para no provocar la interrupción del programa, lo que supondría un efecto negativo para el mercado del automóvil que se considera necesario evitar", el Ministerio de Industria propone una nueva convocatoria que se prolongará hasta final de año.
Sin embargo, dado que este gasto se deriva de una decisión discrecional del Ejecutivo y no de una obligación o dotación "jurídicamente ineludible", su financiación ha de realizarse con cargo a la deuda, en lugar de recurrir al Fondo de Contingencia, reservado para los primeros supuestos según figura en la Ley General Presupuestaria.
El Gobierno aprueba el PIVE 6
