
El programa económico que Syriza puso sobre la mesa para batallar en estas elecciones incluía una auditoría de la deuda y una posible quita. El atractivo de esta oferta fue recogido por buena parte del país, si bien la puja no fue pasada por alto por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes, en más de una ocasión, han advertido de que el flujo del rescate heleno podría peligrar.
El aviso surtió su efecto y, desde hace unos meses, el mensaje de Alexis Tsipras es tajante: su intención es renegociar la deuda sin renunciar por ello a la moneda única.
Entre las ideas que baraja el partido para esta negociación, el director económico del partido, Yannis Milos, ha concretado que lo que pedirían sería una moratoria del pago de la deuda para todos los países, con intereses nulos y un plazo de devolución que se prolongaría durante unas cuatro décadas, hasta que el ratio de la deuda respectiva haya bajado al 20 por ciento del PIB. Una situación que, según sus cálculos, llegaría "en cuatro décadas".
Programa de Salónica
Más allá de la deuda, Tsipras ha prometido en el bautizado como Programa de Salónica, unas medidas de choque que pondrían en marcha en los primeros cien días de Gobierno y cuyo objetivo sería atajar la "situación de exclusión social que viven actualmente muchos ciudadanos".
Entre estas propuestas de urgencia, Syriza se compromete a pagar las facturas de la luz a 300.000 hogares sin medios, así como donar vales de comida y bonos de transporte público para los pobres. Otra de las prioridades, a su juicio, es la de restablecer la decimotercera paga para aquellos pensionistas que cobren menos de 700 euros. Un paquete de medidas que, según calculan, tendría un coste de 2.000 millones.
El otro frente sobre el que quieren actuar es el laboral. En este sentido, el programa incluye restablecer el salario mínimo de 756 euros, desde los 586 actuales. Syriza, además, derogaría las últimas reformas laborales que han recortado en los últimos años los derechos de los trabajadores. A este capítulo, la formación destinaría 3.000 millones de euros, un montante con el que, según estiman, podría crear 300.000 puestos de trabajo en el sector público y privado.
El último pilar engloba la Administración Pública. Para Syriza, el actual diseño que se soporta sobre 18 Ministerios es ineficaz y trataría de reducirlos a diez. "No sobran funcionarios, pero están mal distribuidos", ha insistido Milos en muchas de sus comparecencias. Así, una de sus propuestas es incrementar el número de inspectores fiscales, un incremento que responde a la intención de ingresar 3.000 millones de euros en el primer año de la evasión fiscal que, calculan, se da en el país.
El programa se basa en el principio básico de dejar más dinero en el bolsillo de los ciudadanos bajo la premisa de que así se estimulará la economía -más consumo, más empleo-. En este sentido, el alivio también vendría de la reducción de la presión fiscal para las clases medias con la abolición del impuesto sobre bienes inmuebles y la introducción, por el contrario, de un nuevo gravamen sobre grandes propiedades o para rentas superiores de 500.000 euros. En esta línea, otra de sus ideas pasa por posibilitar acuerdos extrajudiciales que permitan que cada deudor devuelva un máximo correspondiente al 30 por ciento de sus ingresos, mientras que el resto quedaría congelado hasta que esté en condiciones de pagar. Un instrumento con el que calculan que podrían ingresar otros 3.000 millones.
El problema que encuentran algunos economistas, más allá del abandono expreso de la austeridad, como demostraría la recuperación de la televisión pública, es que muchas de estas propuestas no dependen exclusivamente del Gobierno de un Estado, sino de una negociación con otros agentes -troika, FMI, países de la UE- en el caso de la deuda. Similar ocurriría en el caso de que quieran llevar acabo, por ejemplo, una nacionalización de la banca o de sectores estratégicos.