"Señor Zapatero, ¿ha recibido alguna carta del Banco Central Europeo?". Fue la pregunta que realizó el líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, al presidente del Gobierno el pasado 23 de agosto. Y es que, tal y como sospechaba el número uno del PP, el anuncio a bombo y platillo de una reforma constitucional para limitar el déficit público estaba dirigido desde Fráncfort.
La misiva firmada por el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, llegó a Moncloa el pasado 4 de agosto. En ella, el dirigente del BCE marcaba algunas pautas generales que tenía que seguir el Gobierno español para que Trichet iniciara la compra de bonos soberanos españoles en el mercado secundario y así calmar la escalada de la prima de riesgo, que llegó a superar los 400 puntos básicos el día 2 de agosto.
No obstante, las peticiones nada tienen que ver con el caso de Italia. Según publicó ayer el periódico italiano Il Corriere della Sera, la carta enviada por Trichet y el gobernador del Banco de Italia, Mario Dra-ghi, al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, exigía el compromiso inmediato de emprender reformas estructurales y mantener el equilibrio presupuestario.
En el caso de España, la misiva no se detiene en ninguna medida en particular. Reconoce al presidente del Gobierno el gran esfuerzo que ha venido haciendo a lo largo de los últimos meses y le advierte de que todavía no ha culminado el ajuste y que tiene que seguir manteniendo a raya el déficit público.
El presidente del Ejecutivo respondió de forma decidida ante esta sugerencia y anunció la reforma constitucional el 23 de agosto en el Congreso de los Diputados. Quienes sí hicieron de forma expresa a Zapatero la petición de incluir en la Carta Magna la estabilidad presupuestaria fueron la canciller alemana, ángela Merkel, y el presidente galo, Nicolás Sarkozy.
La rapidez con la que la llevó a cabo el Gobierno español, siendo el primer país en aprobar el cambio constitucional, fue una señal que envió el presidente español al propio Banco Central Europeo, con la que mostró su disposición a mantener un compromiso de reducción del déficit público.
A pesar de la reforma constitucional, el presidente Rodríguez Zapatero todavía no ha reconocido la existencia de la carta ni su contenido.
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