Los sindicatos CCOO, UGT y USO, que representan a los 12.500 trabajadores de AENA excluidos los controladores, presentan hoy en el Ministerio de Trabajo un preaviso de convocatoria de huelga contra la privatización de parcial de su empresa para cinco días de abril, entre ellos el miércoles, el jueves y el domingo de Semana Santa, otros cinco de mayo, tres de junio, seis de julio y tres de agosto.
Eso significa que, además de amargar las vacaciones de Semana Santa de un porcentaje notable de ciudadanos que pensaban viajar en ellas por avión, estos trabajadores están dispuestos a asestar un duro golpe al negocio turístico, uno de los pocos sectores de actividad que están en franca recuperación tras la crisis, y que contribuyen por tanto a sacarnos al pozo de la recesión.
Ni que decir tiene que los trabajadores de AENA, verdaderos funcionarios públicos, no han tenido que temer al despido ni a la quiebra de su empresa durante estos años agónicos.
Arropados por los sindicatos
El gesto de estos trabajadores, arropados por los sindicatos, cuando la opinión pública no conoce ni siquiera genéricamente las razones de esta colosal medida de fuerza, se ha interpretado como un reto al Gobierno, en primer lugar. Pero a los ciudadanos de a pie nos importa una higa la relación que este colectivo mantenga con el ministro Blanco: lo grave es que esta huelga cuando menos desproporcionada secuestra a toda la sociedad y nos desafía a todos. Porque cuando se va a causar un daño tan grave al bienestar colectivo y a la economía nacional, hay que acreditar primero muy fundadas razones para ello, algo que en este caso no ha sucedido.
Es difícil no relacionar este desplante de los trabajadores de AENA con la huelga salvaje de los controladores en diciembre. Si estos privilegiados, que violaron abiertamente la ley vigente y forzaron incluso a declarar el estado de alarma, han salido del trance con total impunidad, con un buen convenio y con un salario medio de 200.000 euros anuales, es lógico pensar que cuanto más brutal sea la protesta en esta ocasión, mejores ventajas obtendrán de su acción los empleados de AENA de menor rango.
La privatización parcial de AENA, en la que el sector público mantendrá la mayoría, es acorde con las tendencias liberalizadoras de todo el mundo, con la demanda de las comunidades autónomas y con la racionalidad económica. Así las cosas, no se ve justificación alguna a la salvajada que se trama. Y en cualquier caso, estamos a la espera de que Toxo y Méndez, que encabezan el disparate, salgan cuanto antes a explicar lo que por fuerza debe tener muy difícil explicación.
