La encuesta abierta que mantiene este periódico en la que se recaba la opinión de los lectores sobre si están o no justificadas las protestas de los funcionarios ante el recorte salarial que ha decidido el Gobierno y que esta tarde será aprobado por el consejo de ministros ofrece un empate: el 51% cree que tienen razón porque la medida es injusta y el 49% piensa que no, ya que su posición les obliga a ser solidarios.
No es frecuente esta división de opiniones en el seno de la sociedad y en los grandes temas. Por lo que este "empate técnico" sugiere que la colectividad está perpleja, no sólo ante este recorte concreto sino ante el ajuste en general.
Estamos mal acostumbrados después de casi dos décadas de creciente y continua prosperidad, y nadie tiene experiencia en lo que debe hacerse cuando llega la hora de apretarse el cinturón. Máxime cuando los mecanismos que tiene el Estado para reducir el gasto son limitados y son los que son, y no siempre los objetivos coinciden totalmente con los procedimientos.
Énfasis a los ricos
Qué duda cabe de que, en momentos de dificultad, lo lógico sería apelar con particular énfasis a "los ricos", a los sectores sociales más acaudalados en que el recorte de sus rentas resultaría menos lesivo. Pero no es en absoluto fácil materializar este designio.
Primero, porque para que el recorte sea realmente eficaz, ha de hacerse mediante políticas de oferta -es decir, reduciendo gastos públicos- y no aumentando impuestos -lo que afectaría al crecimiento económico, que apenas acaba de entrar en cifras positivas-. Y, segundo, porque si se optara por ejemplo por reformar el IRPF, los resultados de la reforma tardarían muchos meses en ser tangibles.
La necesidad del ajuste no es opinable. Nos lo impone la Unión Europea, de la que formamos parte, por razones poco objetables (está en juego la propia supervivencia del euro y hasta de la idea de Europa). Y el Gobierno moviliza las herramientas que tiene a su disposición para llevarlo a cabo en el corto plazo, porque la medida, para ser efectiva, ha de ser súbita y es inaplazable. Pero ello no hace menos doloroso el hecho de que los recortes posibles afecten a funcionarios y pensionistas.
Marco constitucional
Es lógico que los colectivos afectados se resistan. Y que los funcionarios apelen incluso al marco constitucional, que impide (art. 86) que los derechos fundamentales -en este caso, el derecho a la negociación colectiva- sean modificados mediante decreto-ley? Las medidas parecen en todo caso inexorables, y la exigencia social que habrá que cultivar a partir de ahora es la de restituir cuanto antes los equilibrios perdidos, especialmente en lo tocante a los pensionistas, que forman el colectivo más débil y con menor capacidad negociadora.
Todo ello sin perjuicio de que, cuando pase el vendaval, se revise el sistema fiscal vigente para perfeccionar la justicia distributiva del modelo. Con realismo y sin demagogia.
¿Es justificada la ira de los funcionarios?
