El presidente del Gobierno ha anunciado en un acto de partido la aprobación en el próximo consejo de ministros del anteproyecto de ley de Economía Sostenible, que llega con retraso por las dificultades que ha encontrado el propio gabinete para elaborarla.
Rodríguez Zapatero no ha precisado los detalles de su propuesta legislativa pero sí ha aclarado que la ley representará una cadena de reformas en las áreas de la economía, del mundo laboral, la educación y la Administración. Igualmente, ha precisado que la nueva norma combinará un nuevo patrón de crecimiento con la solidaridad y el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores.
Modelo de crecimiento
Realmente, desde la segunda legislatura de Aznar, los sucesivos ministros de Economía y sus antagonistas en la oposición han coincidido en apreciar la necesidad de llevar a cabo una reforma profunda del "modelo de crecimiento".
El objetivo, que se enumeró innumerables veces por boca de los portavoces de prácticamente todos los partidos, consistía en transformar un modelo basado en el sector construcción y en el consumo para convertirlo en otro que fiara el desarrollo al incremento de la productividad, de forma que el sector exterior tomara al relevo a la demanda interna.
Aquellas buenas ideas pretendían provocar un aterrizaje suave del desaforado sector construcción, que estaba agotando manifiestamente sus potencialidades como motor económico, pero la crisis se ha ocupado de situarnos con crudeza ante la realidad: el hundimiento del sector inmobiliario residencial y la evidencia de que no recuperará nunca más el enfermizo dinamismo perdido obligan a realizar aquellas reformas con mayor ímpetu si de verdad queremos salir de la crisis y situar de nuevo a este país en una situación destacada, preservando la convergencia con la UE y creciendo a una apreciable velocidad de crucero.
Reformas estructurales
La reformas estructurales necesarias son muchas y complejas, aunque pueden resumirse en la idea de que la conquista de la productividad requiere un esfuerzo singular en educación y en I+D+i. Además, será necesario proceder a una intensa desregulación económica y a un fomento de la competencia en todos los mercados.
Hasta ahí, en el terreno de las definiciones, no parece difícil conseguir el consenso, si bien es lógico que los dos grandes partidos discrepen en la puesta en marcha del proceso, y muy especialmente en el grado de intervención de la economía y en el modelo final de relaciones laborales.
Cargo contra las minorías
El presidente del Gobierno formuló también ayer una llamada al consenso sobre esta materia, extendida a todas las fuerzas políticas y, por supuesto, a las Comunidades Autónomas, que serán requeridas a la colaboración en una reunión de la Conferencia de Presidentes que el jefe del Ejecutivo convocará a mediados de diciembre.
Por supuesto, la democracia no puede renunciar ni a la dialéctica poder-oposición ni a un control estricto del gobierno a cargo de las minorías, pero todos los actores políticos deben conseguir en este asunto conciliar la legítima rivalidad con una complicidad de fondo en la transformación de nuestra economía.
En realidad, sería suficiente un acuerdo en materia educativa y en el impulso a la investigación y a las nuevas tecnologías para que este país emprendiera el adecuado rumbo hacia una modernización en la que nos va el futuro. Porque una vez fracasados aquellos presagios voluntaristas que anunciaban el 'aterrizaje suave' de la recalentada construcción, no queda más remedio que generar nuevos nichos de actividad viable en productos de alto valor añadido y en servicios competitivos.