
Las administraciones públicas siguen buscando fórmulas de ahorro a todos los niveles y en todo tipo de partidas. El último nuevo ingenio en este sentido viene de parte del Ministerio de Interior, cuyos altos cargos han empezado a utilizar como coches oficiales unos vehículos blindados que habían sido incautados por la justicia a mafiosos.
En concreto son cuatro los automóviles los que, según informa hoy el diario El Mundo, han sido reciclados por el departamento que encabeza el ministro Jorge Fernández Díaz para que sean utilizados por la cúpula del ministerio. Estos automóviles proceden de la incautación a raíz de la operación Loro contra una trama de blanqueo de dinero con la compraventa de oro por toda España
El ahorro conseguido gracias a esta reutilización sería superior a los 400.000 euros, a razón de unos 100.000 por cada unidad.
Tras el alto el fuego de la banda terrorista ETA, la flota de coches oficiales de Interior ha sido reducida y los pocos vehículos que se utilizan ahora, pertenecientes al Parque Móvil del Estado, son caros de mantener y con un blindaje anticuado.
Así, el Ministerio pidió autorización al juzgado que llevaba el caso de una operación contra las tramas de blanqueo de oro para poder utilizar unos vehículos que, según su criterio, iban a ser mal aprovechados durante los meses que estuvieran en un depósito con precinto judicial. Finalmente, el juzgado de instrucción número 12 de Valencia, que lleva el sumario de la trama de blanqueo de capitales, dio el visto bueno al "uso policial" de dichos coches blindados.
De este modo, según fuentes próximas a esta acción citadas por el diario, los vehículos fueron asignados al propio Fernández Díaz, al secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al director general de la Policía Ignacio Cosidó, mientras que una cuarta unidad ha quedado "a disposición" y podría estar utilizándose en operaciones policiales.
Esta solución implementada por Interior supone una alternativa de ahorro a la práctica ya habitual entre otros niveles de la Administración por la que se subastan coches oficiales que han quedado antiguos o ya no son utilizados o embargados a individuales y empresas.