Los coches oficiales representan, para los ciudadanos, el derroche en medio de la austeridad forzosa a la que los gobernantes les han condenado. Mientras que la sociedad española vive pagando más impuestos y sufriendo los estragos de las arcas vacías en terrenos tan sensibles y de impacto directo como la sanidad y la educación, la mayoría de los políticos rechazan bajarse de la moto. O más bien, del costoso vehículo oficial.
Las promesas de recortes en gastos superfluos de las Administraciones como son los coches oficiales han quedado en agua de borrajas. Hace un año, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, prometía que la cifra de vehículos pagados por el Estado sería recortada hasta en un 53%.
La realidad ha sido bien dispar. Los Presupuestos Generales, presentados hace unos días, escondían la partida llamada 'parque móvil del Estado' con una sorpresa. No solo no descendía el presupuesto para coches oficiales, sino que aumentaba: de los 41,37 millones de euros en 2013, a los 42 millones previstos para el año que viene.
Según relata el diario El Mundo, esto ha sido explicado por introducir en la partida gastos no incluidos anteriormente. Pero aún así, teniendo en cuenta este dato, el gasto en coches oficiales habría descendido para 2014 en un escueto 5%. Una cifra muy distante del 53% prometido por la 'número dos' del presidente Rajoy.
Los coches de los ministerios
Pese a las afirmaciones de muchos políticos de todos los niveles administrativos, comprometidos con la austeridad y con dar ejemplo a través de gestos como prescindir de estos vehículos, las cifras demuestran que solo se ha trenzado una nueva mentira política de contraste difícil.
En el departamento de Sáenz de Santamaría, la impulsora del recorte móvil, ni siquiera se ha cumplido con la palabra que dio: de 43 coches oficiales, ha pasado a mantener 42.
En ministerios como Exteriores, han aumentado en los dos años de gobierno del PP: de 26 a 32 coches. La propia Moncloa ha pasado de 65 a 50.
Casos sangrantes hay también a niveles locales, en municipios ínfimos en los que los alcaldes no renuncian a uno de los privilegios del puesto. El Mundo cita el caso de Juan Carlos Álvarez, alcalde de Coca, una localidad de Segovia de 2.000 habitantes. Álvarez no ha renunciado ni al coche ni al chófer.
En el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal de Cuentas, cada uno de los vocales goza de un coche pagado con impuestos de los ciudadanos, no siendo los vehículos imprescindibles para desarrollar su labor. Solo en un caso se ha rechazado el uso del coche oficial.
Gómez y Gordo, enfadados sin coche
Los propios políticos que buscan ofrecer una imagen de austeridad, sensibilidad y cercanía con la difícil situación en la que se encuentran los ciudadanos se han quejado cuando han perdido su 'privilegio' de ser desplazados en un coche último modelo. Es lo que ha sucedido con Tomás Gómez y Gregorio Gordo, portavoces del PSOE y de IU, respectivamente, en la Asamblea de Madrid.
El Gobierno madrileño decidió retirarles el coche oficial, un gesto interpretado como ofensa partidista por ambos, que lo consideran una "herramienta de trabajo" que les permite la cercanía con los ciudadanos.
Nada más lejos de la realidad, lo que demuestran otros ejemplos -minoritarios, desafortunadamente-. Como el del alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, que renunció a su vehículo oficial para ir en bicicleta, lo que sí le ha permitido poder conversar más con los vecinos y entender sus preocupaciones y necesidades.
Gómez sin coche oficial
