El Tribunal Supremo ha impuesto al Gobierno una inyección de fondos, por valor de casi cinco millones de euros, en la primera autopista de pago en situación de liquidación, por lo que el Ministerio de Fomento gana tiempo para desarrollar la constitución de la sociedad pública que está previsto gestione el rescate de las carreteras de peaje en crisis. El Gobierno no pondrá "un sólo euro" en el rescate de las autopistas en riesgo.
El Supremo exigió en un escrito al Gobierno el mes pasado abonar a la sociedad concesionaria de la autopista AP-41 que une Madrid y Toledo, actualmente en concurso de acreedores, una cantidad cercana a los cinco millones de euros, informa hoy Expansión. El máximo organismo judicial recuerda así a Fomento la obligación de reequilibrar la concesión contraída en 2011, cuando aquél atendió parcialmente las demandas de dicha concesionaria.
Esa inyección de fondos supone un soplo de aire fresco para la situación financiera de dicha concesionaria -participada por Isolux, Sando, Comsa, Azvi y el BES-, que acumula una deuda de 380 millones de euros, ya que le permitirá seguir operando al menos hasta final de año con garantía. De este modo, el departamento que dirige Ana Pastor no se verá obligado a tramitar con carácter de urgencia la creación de la sociedad estatal que mediará en la nacionalización de las nueve autopistas radiales en quiebra.
Dicha sociedad integraría a las compañías concesionarias y sus activos por valor en 608 millones de euros y asumiría la deuda total de alrededor de 3.500 millones de euros, más el crédito de unos 1.200 millones necesario para la expropiación de esos corredores, aún sin pagar.
El plan de acción del Gobierno
Fomento ofrece a los socios privados de las autopistas canjear sus inversiones y la deuda subordinada en un 20% de la nueva sociedad pública, lo equivale a unos 120 millones de euros. Sin embargo, las constructoras representadas en la patronal Seopan se quejan de la infravaloración de sus activos y reclaman un 49% del capital de esta sociedad tras el rescate. Además, exigen al Gobierno los pagos de las expropiaciones adelantados y de las obras adicionales realizadas y no cobradas, que ascienden a unos 500 millones de euros.
Por su parte, las entidades financieras acreedoras nacionales están dispuestas a reestructurar el pasivo con el fin de facilitar la creación de la sociedad estatal e, incluso, a recomprar la deuda de los bancos extranjeros, con quitas del 50%, aunque no todas estarían dispuestas a aceptar esa fórmula. A cambio, los bancos piden que la deuda refinanciada resultante esté garantizada por el Estado español, lo que podría llevar al Gobierno a meter ese pasivo dentro de la deuda pública.
El tráfico en autopistas a niveles de 1998
