Las 315 estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) revisaron el pasado año 15,78 millones de automóviles, furgonetas, camiones, motocicletas y ciclomotores, cifra que representó un 5,3 por ciento más respecto a 2009. Pese a este aumento, entre el 13 y el 17% de los vehículos que circulan por el país no acudieron a la cita de inspección que tiene carácter obligatorio.
Los defectos más graves detectados correspondieron al alumbrado y señalización (22,9%), seguido de ejes, ruedas, neumáticos y suspensión (19,9%) y frenos (16,8%).
El precio de la inspección es uno de los factores que contribuye a la baja receptividad de algunos conductores a la hora de pasar por las ITV, y más en tiempos de crisis económica como los que corren, argumentan en Facua-Consumidores en Acción.
Además, asegura la asociación, las diferencias de precios resultan sangrantes en función de cada comunidad autónoma. De acuerdo con el estudio anual comparativo llevado a cabo por la asociación andaluza en las 17 comunidades autónomas, los precios oscilan hasta en un 143% en turismos diésel y hasta un 247% en motocicletas y ciclomotores.
Grandes diferencias
El estudio revela que el precio de las inspecciones oscila desde los 25,42 euros (IVA incluido) que cobran las empresas en Extremadura por cualquier turismo, hasta los 61,66 euros que cuesta pasar la revisión a un vehículo con motor diésel en la Comunidad Valenciana. Salvo contadas excepciones, la revisión resulta más cara para un vehículo diésel que para otro de gasolina.
La tarifa media de las ITV de los turismos y vehículos de hasta ocho plazas es de 36,40 euros, un 1,3% superior a la cobrada el pasado año, que ascendió a 35,94 euros. Navarra se lleva la palma con un incremento del 6,58 por ciento, muy por encima de la inflación. Según Facua, la subida media que se ha producido respecto al pasado ejercicio representa un 1,3%. A todas las tarifas (ver gráfico) hay que sumar la tasa de tráfico, fijada por el Ministerio del Interior, que eleva el precio final en otros 3,60 euros.
La Asociación Técnica de Vehículos (AECA-ITV), la patronal que defiende los intereses de este sector, resta trascendencia al trabajo anual de Facua y lo califica de "reiterativo". Luis Rivas, secretario general de la organización, atribuye las diferencias a las comunidades autónomas, que tienen asumido por ley la aplicación de las tarifas. Así, explica, en Extremadura son las más baratas de España porque las empresas encargadas de llevar a cabo la inspección tienen carácter público. Lo mismo sucede en Asturias y Andalucía. En otros casos, como Castilla-La Mancha, se recurre a la autorización administrativa, de forma que la apertura de una ITV resulta relativamente fácil. En otros casos se recurre a la concesión (generalmente de veinte años) después de llevar a cabo un concurso público entre las empresas interesadas.
Además de estas consideraciones, Luis Rivas considera que la fijación de los precios depende de muchos factores: por ejemplo, de la aplicación o no del IPC anual, de la ubicación del centro (urbana o fuera del perímetro de la ciudad) o el periodo de tiempo de la concesión adjudicada.
AECA-ITV defiende el modelo de contingentación, según el cual es la administración autonómica la que se encarga de decidir cuántos centros son necesarios para atender la demanda de una forma adecuada y con calidad. Por esta razón está en contra del modelo que siguen algunas comunidades, como la de Castilla-La Mancha o Madrid, que el pasado mes de febrero liberalizó el mercado mediante un decreto. De esta forma, en la capital está previsto que se abran veinte nuevos centros de inspección de vehículos, de los cuales cuatro estarán gestionados por Dekra.
Un 17% de vehículos no pasa la ITV
