
"Radio Nacional de España y Televisión Española quedan exceptuados del pago de la compensación equitativa por copia privada".
Así reza un certificado expedido en marzo de 2009 por la Sociedad General de Autores (SGAE) por el cual exime al ente público de tener que pagar el polémico canon digital. La televisión y la radio pública, que sí pagan los derechos de autor, no han hecho frente en repetidas ocasiones al pago de la tasa que grava el uso de los cd's y de los soportes tecnológicos. Un pago que tienen que asumir todos los consumidores y empresarios, vayan o no a grabar música en ellos.
La ley de propiedad intelectual abre la puerta a que las entidades de gestión eximan del pago a las empresas que hayan logrado la autorización para llevar a cabo la reproducción de obras mediantes el pago de los derechos de autor. La condición que establece la ley es que las sociedades que gestionan los derechos de autor tienen que autorizar por escrito cada ejercicio dicho permiso.
Según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, la autorización expedida por la SGAE tiene vigencia ilimitada, a menos que se diga lo contrario, en cuyo caso sólo sería efectiva hasta diciembre de 2010. El canon digital, que supone una parte importante de los ingresos que recibe la SGAE, está en el punto de mira del Gobierno. Después de que la UE declarara ilegal que se cobrara a las empresas e instituciones públicas la tasa por copia privada, la Administración busca modificarlo. Su futuro está en juego ya que el Ministerio de Industria ha propuesto su eliminación y el de Cultura lucha por que se mantenga su recaudación en manos de las entidades de gestión.
División en la junta
En medio de la polémica sobre el futuro de la tasa por copia privada, la nueva junta directiva de la SGAE toma hoy posesión. La reunión, en la que se nombrará una comisión rectora que dirigirá la entidad y llevará a cabo una investigación interna para esclarecer los presuntos desvíos de fondos de la sociedad a empresas privadas, estará salpicada por una guerra interna por el futuro del todavía presidente Teddy Bautista.
Por un lado, el colegio de editores, que tiene 8 miembros en la junta, ha dado un ultimátum a Bautista para que abandone la entidad o si no le echarán. En este sentido, la junta está dividida en tres grupos: los que quieren que Bautista dimita por su propia voluntad, los que quieren echarle y los que quieren que se quede. El presidente, apoyado por un grupo liderado por Caco Senante, se ha enrocado en su posición y se niega a dimitir. Esta situación está complicando la toma de decisiones en el seno de la nueva junta directiva de la que algunos miembros quieren dimitir.
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