Barcelona inicia su cruzada contra las viviendas vacías y medita expropiar más pisos

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido dar un paso más en su particular política de vivienda. El consistorio, uno de los más activos en sus propuestas contra la subida de los precios de los alquileres o los pisos turísticos, le ha declarado ahora la guerra a los propietarios que tienen viviendas sin ocupar en la ciudad.

Esta semana el consistorio barcelonés ha enviado requerimientos a los tenedores de 194 viviendas de la ciudad instándoles a alquilarlas y lanzando una advertencia: si no lo hacen en un mes, comenzará un proceso que puede acarrearles multas de hasta 900.000 euros y, en el caso más extremo, la expropiación de los pisos en medio año. 

El Ayuntamiento que dirige Ada Colau se escuda en el decreto autonómico 17/2019, que contempla "la adopción de las medidas de ejecución forzosa que la legislación en materia de vivienda establece y las establecidas en la legislación en materia de suelo, incluida la expropiación forzosa en los casos establecidos legalmente". El texto, que entronca con la Ley 18/2007 de derecho a la vivienda y establece ese mes de aviso a los propietarios para que cumplan con la función social de las viviendas.

Aunque la expropiación es una de las medidas disponibles, desde el Ayuntamiento de Barcelona se mantiene que la intención es simplemente poner en el mercado de vivienda asequible esos 194 pisos que llevan más de dos años parados. La concejal de Vivienda, Lucía Martín, indicó que al menos 100 de estos pertenecen a la Sareb y que esta actuación es solo la primera de otras muchas que van a comenzar a ejecutarse: se van a enviar requerimientos a otros 926 más que, o están vacíos o, como mínimo, su condición de ocupación está en duda.

Barcelona acumula, hasta el momento, seis expropiaciones de pisos por un periodo de diez años. El primero de ellos fue expropiado a un banco en junio de 2019, fecha en la que se dio el pistoletazo de salida a esta política con los propietarios de viviendas. En ese caso, el consistorio amparó su actuación en la ley catalana de emergencia de vivienda de 2016, que también remite a la de 2007. El documento establece expropiaciones del usufructo del piso por 10 años, pero el nuevo decreto es más atrevido y contempla la compra de la vivienda por parte de la Administración al 50% de su valor.

Cataluña va a intentar la tramitación urgente de la limitación del precio de los alquileres

A nivel autonómico, la Generalitat de Cataluña también se está moviendo en materia de vivienda: el Govern quiere sacar adelante la limitación del precio de los alquileres, en línea con lo que rezaba parte del acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos a principios de año y con algunas de las propuestas de la Comisión de Reconstrucción. El proceso a nivel estatal va para largo (el ministro de Agenda Urbana, José Luis Ábalos, solo ha presentado un índice de precios), pero en Cataluña, con el apoyo de los comunes y la CUP, se va a intentar tramitar de urgencia para resolverlo antes del periodo vacacional.

El pasado año, el Govern vio cómo el Parlament rechazaba (en esa ocasión, con el 'no' de los comunes y la CUP) una iniciativa similar. Ahora tiene un mayor número de votos que ya cuenta con la oposición del sector inmobiliario, que la ve contraria a la propiedad privada y como un riesgo contra la oferta del alquiler.