Así está el expediente de corrupción de los socios de Sánchez

Después de recuperar la Secretaría General del PSOE, el 30 de mayo de 2018 Pedro Sánchez regresaba a la primera línea de la política abanderando la lucha contra la corrupción y la defensa de la regeneración. El fallo del Tribunal Supremo, donde el Partido Popular resultaba condenado como partícipe a título lucrativo de la 'trama Gürtel', servía de acicate para que el resucitado mandatario socialista pisara de nuevo la moqueta del Congreso de los Diputados y planteara, sin ser todavía diputado, una moción de censura contra Mariano Rajoy, que por cierto pilló dormido al PP.

En su alegato desde la tribuna, el todavía aspirante a la Presidencia, le espetó a Rajoy afirmando que "la cuestión es si esta democracia se puede permitir el lujo de estar dos años más encadenada a la corrupción del PP. Yo creo que no", dijo.

Pues bien, aquella vara de medir la escrupulosidad con la que se ha de regir la vida política poco tiene que ver con la de ahora. En la actualidad, Sánchez negocia con formaciones en las que los casos de corrupción hacen mella en el expediente de aquellos socios que propiciaron el Gobierno socialista, ninguno de ellos, ni su grupo, inmaculados.

Principios en el olvido

Ahí están las sospechas de manipulación de las primarias de Podemos, las revelaciones de sobresueldos, el mal uso del sistema de protección de datos, el presunto maltrato laboral de la pareja Pablo Iglesias e Irene Montero hacia una escolta. Y ahí, la corrupción que desborda a las nuevos convergentes, con una portavoz en el Congreso, Laura Borrás, que acaba de ser imputada por corrupción o la primera sentencia que por primera vez incrimina a exdirigentes del PNV, una formación que siempre ha hecho gala de estar limpia.

Puntilloso desde entonces contra esta lacra, el Partido Socialista, sin embargo, ha quedado tocado este otoño por la sentencia de los ERE, sentencia por la que se ha inculpado a 19 personas -entre ellas a dos expresidentes de la Junta de Andalucía (Manuel Chaves y José Luis Griñán), varios exconsejeros, exviceconsejeros, exdirectores y exsecretarios generales técnicos, con un cálculo de fraude de 700 millones de euros-.

Pero PSOE y Gobierno se sienten ajenos a una causa para ellos amortizada. No obstante, en aquella administración ejercieron como consejeras dos actuales ministras de Sánchez, y por la información entregada a la Justicia, con presencia también en algún consejo de Gobierno que firmó documentos privados sin la previa autorización fiscal de la Intervención de la Junta.

Ni siquiera el PSOE de Sánchez se ha librado de la huella de la corrupción. Ahí está la detención del presidente de la Diputación de Valencia (José Rodríguez), casos de corrupción en Baleares y Castilla-La Mancha -como recogió la memoria del CGPJ- o, tramas corruptas del PSOE en Valencia, que entroncan con la trama Gürtel del PP, causa que sirvió para emprender una campaña de acoso y derribo contra Francisco Camps.

Antes de ser nombrado presidente del Gobierno, Sánchez mantenía que, "para luchar contra la corrupción uno tiene que ser libre, y Rajoy no lo es por los papeles de Bárcenas". Pero hoy, ese patrón no rige los acuerdos y negociaciones que el candidato socialista quiere llevar a buen puerto la próxima semana, o a más tardar, la siguiente.

Con motivo de los escándalos que tocan a Podemos, el Gobierno ha decidido mirar hacia otro lado. En este caso, el PSOE ha calificado los hechos de "asuntos internos".

Sobresueldos, pucherazos...

En plenas negociaciones con el Partido Socialista, José Manuel Calvente, abogado de Podemos -hoy exabogado, junto a Mónica Carmona, la otra abogada-, denunció que tras analizar una serie de quejas internas, hay claros indicios de que en Podemos puede haber financiación irregular, pucherazos en primarias y en consultas internas y, sobresueldos, el anatema de Podemos, ya que siempre ha presumido de que sus políticos tendrían sus sueldos limitados, no cobrarían más que los funcionarios, controlarían el gasto en dietas y desplazamientos, y además, renunciarían a 'pensiones de oro' vitalicias. Y todos estos acontecimientos sin entrar a valorar la compra de una sede en el peor momento económico del partido liberado por Pablo Iglesias, cuyo gasto asciende a 1,3 millones de euros, si bien se licitó por 649.000 euros, aproximadamente.

De vuelta a las denuncias de Calvente, ante tamaño descubrimiento la respuesta de Iglesias fue demoledora. La cúpula de Podemos se ha decidido arrojarse en tromba sobre el abogado determinando que sus revelaciones responden a un trasfondo sexual.

En la opinión de Podemos, se sustancian en la reprimenda que el partido había tenido con él por manifiesto acoso sexual sobre una de sus compañeras. Una acusación que fue rechazada por Calvente, explicando éste que de haber sido así, debería constar una denuncia en los órganos internos del partido. Pero la denuncia de Podemos, a pesar de que era de una dirigente, nunca llegó. Y sin embargo, la del abogado despedido, sí, pero a los tribunales.

En esos días, también se ha conocido que la escolta que protegía a Irene Montero ha elevado una queja laboral. Y es que sus labores de escolta se ampliaban con las de recadera de la pareja, sin la remuneración conveniente, y desde luego fuera del contrato. La que dicen que puede ser futura ministra de Igualdad tendrá que ir a juicio por la demanda de su escolta.

Un socio externo en prisión

En campañas y fuera de ellas, Sánchez se ha comprometido a no llevar en sus listas a nadie imputado por corrupción, y menos aun sentenciado. Sin embargo, para que la aritmética parlamentaria le cuadre, el aspirante a presidente del Gobierno no ha dudado en buscar apoyos en ERC, la formación a la que pertenece una parte de aquel Govern que recientemente se sentó en el banquillo del Tribunal Supremo por no respetar la Constitución. Miembros de Esquerra han sido condenados por sedición y malversación de caudales públicos. Además, todos los culpables han sido condenados a años de inhabilitación.

El delito de sedición -que consiste en el alzamiento público y tumultuario destinado a impedir la aplicación de las Leyes o el legítimo ejercicio de sus funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, por medio de cauces alejados de las vías legales, o de las resoluciones judiciales o administrativas- no ha supuesto ningún impedimento para que Sánchez crea que hay que explorar esta vía genuina para formar Gobierno.

Aunque ERC siempre se ha autocalificado como partido impoluto, no se libra de que entre sus filas se dieran casos de corrupción como el del exalcalde de Deltebre (Gervasi Aspe), el exconseller y exalcalde de Seu d'Urgell Jordi Ausàs o, Ricardo Calvo, el que fuera director general de Atención a la Infancia y la Adolescencia.

En el caso de Convergencia, luego PDeCAT, y después JxC, su clásico en la corrupción es el caso del 3%, la mordida que la administración gobernada por Jordi Pujol -siempre acompañado por sus hijos- y Artur Mas le metían a las contratas. Eso acabó con muchas de las sedes de la formación nacionalista, y con una deuda, que, presuntamente no ha servido de ejemplo para que Laura Borrás -la portavoz de JxC con la que el grupo Socialista negocia la investidura- haya sido imputada por amaño de contratos y presuntas irregularidades en el fichaje de un asesor mientras dirigió la Institució de les Lletres Catalanes.

El PNV, eterno socio de investidura de gobiernos en minoría, ha tenido que asumir estos días como caía sobre sus siglas un caso de corrupción. Tres exdirigentes jeltzales han sido condenados por liderar una trama corrupta, merced a la "posición de poder que tenían dentro del PNV".