La insolidaridad del cupo catalán

La concesión a Cataluña de una especie de régimen foral que, aparte de ser de dudosa legalidad, o, más bien, completamente ilegal, rompe con la solidaridad entre regiones consagrada en la Constitución. Todo ello es delirante. En cuanto a la petición de crear un régimen distinto al de régimen común, no puede tener cabida en nuestro ordenamiento legal, tal y como está estructurado el sistema de financiación de las CCAA, pues al marco general de la LOFCA y al de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, de financiación autonómica, hay que unir la Constitución, que no concede ninguna singularidad en materia de financiación de las CCAA más allá de las del País Vasco y Navarra, recogidas en la Disposición Adicional primera de la Constitución.

Esto no es una reforma del sistema, sino un privilegio entregado a Cataluña, por exigencia de los independentistas catalanes, para comprar tiempo para que Sánchez siga en el Gobierno gracias a sus votos. Si a Cataluña le dan ese sistema especial, quiebra la solidaridad interregional, porque no habrá dinero para ello. Por mucho que digan que Cataluña aportará a la financiación del resto de CCAA habrá que ver si finalmente se concreta, si no es temporal y cómo se calcula. Lo normal es creer que la aportación quedará prácticamente en nada, tal y como sucede con el cupo vasco y con la aportación navarra.

Otorgar un régimen especial a Cataluña, un sistema propio, supondría un agravio comparativo y quebraría la solidaridad interregional. Sólo quedarían Madrid y Baleares como aportantes netas al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), lo que se traduciría en una menor solidaridad con las regiones con menos recursos y pondría en peligro la prestación de los servicios públicos fundamentales en dichas regiones, por mucho que Sánchez intentase esquilmar más a Madrid. Extenderlo al resto, como ahora tratan de vender, no es posible tampoco, porque si ya es imposible mantener la solidaridad interregional sin la aportación de Cataluña, más lo sería sin la aportación de Madrid y Baleares, las otras dos aportantes netas. Podría irse a un régimen de competencia fiscal, pero eso tampoco lo proponen y, en cualquier caso, la solidaridad no sería posible.

Cataluña utiliza la ordinalidad para disimular lo que no es tal cosa: ellos aspiran a quedarse con todos sus ingresos, y eso no es ordinalidad (que es seguir aportando sin quedar peor que el beneficiario, lo cual es de sentido común), sino que es otra cosa: un sistema propio injusto. El Gobierno puede intentar distintas actuaciones, pero todas quiebran el sistema de financiación actual y la solidaridad entre regiones, al tiempo que, aunque fuese la Administración General del Estado (AGE) quien aportase todo o parte de lo que dejaría de aportar Cataluña, el conjunto de españoles lo pagaría, además de pagar el 50% de IRPF e IVA y el 42% de IIEE generados en Cataluña, pero que ahora van a la AGE y que si se les cediese se quedaría Cataluña al completo.

En lugar del pernicioso e ilegal cupo catalán, hay que reformar el SFA, pero no en la línea catalana de dotarles de una especie de régimen foral propio, porque, entonces, se quebraría la solidaridad interregional, ya que Madrid no tendría capacidad para poder cubrir al resto de regiones de régimen común. El SFA debe ser reformado para ser transparente, superando la maraña de fondos actuales, plagados de trampas estadísticas, ha de ser claro, justo y solidario, y no debe desincentivar las bajadas de impuestos, sino impulsar la corresponsabilidad fiscal: quien quiera subir los impuestos para gastar más, que lo hagan y se lo expliquen a sus ciudadanos, pero quien quiera bajarlos por ser más eficientes y poder hacerlo sin menoscabo de los servicios esenciales, que pueda hacerlo sin ser penalizado.

Lo que no necesita es un sistema propio para Cataluña que acabe con la solidaridad regional, porque si el camino es ése, entonces que lo abra a una auténtica competencia fiscal entre regiones, sabiendo que, con ello, la solidaridad se quebraría, pero al menos se ganaría en eficiencia y todas podrían remontar, pero lo propuesto para el Gobierno es la peor solución: quiebra de la solidaridad regional al dejar de aportar Cataluña y sistema privilegiado para la región catalana, injusto para el resto. Todo ello, por un tiempo más de Sánchez en La Moncloa, por unos minutos más, mientras se quiebra la solidaridad interregional y la caja común de todos los españoles. No puede haber sistema propio fiscal en Cataluña, porque matemáticamente no es posible, salvo que se abandone a su suerte a las regiones menos favorecidas, cosa que no se puede consentir. El sistema pactado por el Gobierno con Illa es un sistema regresivo, pues contribuyentes de menos recursos de algunas CCAA transferirán recursos, en la práctica, a contribuyentes de más recursos de Cataluña.