Las grandes coincidencias en vivienda que Sánchez y Feijóo se niegan a negociar

La vivienda se ha convertido en la primera preocupación de los españoles, pero los partidos políticos siguen tirándose los platos a la cabeza sin aportar soluciones eficientes para solventarlo. Al contrario, el plan presentado esta semana por Sánchez, acompañado de una cohorte de ministros, puede provocar una estampida de inversores, que restrinjan aún más la oferta de pisos, tanto en venta como en alquiler, en vez de incrementarla. Populares y socialistas admiten que el problema es la falta de suelo urbanizable, pero ninguno se atreve a dar los pasos para atajarlo.

El que más se acerca es el PP, que promete "reducir el tiempo en la tramitación de los informes urbanísticos de 9 a 3 meses" y una nueva Ley del Suelo, que presentará "en las próximas semanas". Su presidente, Alberto Núñez Feijoo, explicó tras la reunión celebrada el pasado fin de semana en Oviedo, que, pasados tres meses sin respuesta, "el pronunciamiento se entenderá como positivo por silencio administrativo". Las autonomías del PP se comprometen, asimismo, a "eliminar barreras normativas y a favorecer un mercado abierto".

El PSOE, sin embargo, defiende lo contrario. El enunciado de la conferencia de Sánchez, La intervención en el mercado de la vivienda, es toda una declaración de intenciones. En lugar de poner el foco en agilizar los trámites para que las inmobiliarias puedan construir más y más rápido, propone transferir hasta dos millones de metros cuadrados a una nueva empresa pública, que tendrá una serie de privilegios para adquirir el suelo y sacarlo al mercado.

El problema es que ni el plan de Feijóo ni el de Sánchez amplían la oferta de suelo urbanizable

Aquí está el primer problema, se deja en un segundo plano la colaboración público-privada, para centrarse en la apertura de una sociedad, que absorbe los suelos de otras dos empresas de titularidad estatal, la Sareb y el Sepes, más las transferencias de terrenos de otros organismos o instituciones como el Ejército o Adif, el gestor ferroviario.

El Gobierno persiste en el error, porque el modelo ha fracasado ya en infinidad de sociedades de este tipo en manos de ayuntamientos y de gobiernos autónomos. Una cosa es que esta sociedad se encargue de gestionar los inmuebles públicos, como ya se hace en otros ámbitos de la administración, y otra muy diferente es que también actúe como promotora e incluso como constructora.

El segundo error es el mensaje que se envía al mercado en contra de la inversión extranjera. El proyecto oficial limitará la compra de viviendas a extranjeros extracomunitarios no residentes y cambiará la fiscalidad a las socimis, que no construyan vivienda a precio asequible. Se propina así un golpe gratuito a los compradores foráneos, que con residir 180 días en nuestro país, podrán evitar la penalización. El año pasado se realizaron sólo alrededor de 27.000 transacciones de este tipo sobre un volumen total de 600.000. Pero, aunque no fuera así y no se realizara ninguna compra más por parte de los no residentes, tampoco se aliviaría la falta de viviendas, debido al bajo volumen de operaciones y a que el coste de los inmuebles no suele estar al alcance de la mayoría de los ciudadanos españoles. La medida sólo servirá para asustar a los inversores de fuera, con lo que se restringe la oferta. Algo similar ocurre con las socimis.

La tercera estrategia del Gobierno consiste en premiar a los propietarios que alquilen su vivienda respetando el nuevo índice de precios de referencia, elaborado por el propio Ejecutivo en el contexto de la Ley de Vivienda. En el caso de los particulares, se baraja exigir una rebaja del 5% en los alquileres.

elEconomista.es ha hecho el cálculo para un alquiler mensual de mil euros y el ahorro fiscal, descontada la merma de ingresos por la rebaja, sería de unos 300 euros anuales para una persona que gane sólo 18.000 euros brutos anuales. El ahorro fiscal sube exponencialmente para los caseros con mayores rentas, lo que traerá cola con sus socios comunistas.

La Ley del Suelo y la de 'antiokupación', bloqueadas por falta de acuerdo entre PP y PSOE

Sánchez se salta así a las autonomías como Madrid, que se niegan a declarar zonas tensionadas por el alza de precios. Pero una vez más, el tiro le saldrá por la culata, porque la moderación de los precios será transitoria y a costa del erario público. Para ampliar la oferta de pisos de alquiler y, por ende, reducir los precios, el Gobierno se olvida de un elemento esencial, la mejora de la seguridad jurídica. La nueva ley antiokupación, en la que se prometía desalojar de manera rápida a los inquilinos morosos, duerme el sueño de los justos en el Congreso.

Está bien, por último, que los pisos turísticos paguen sus impuestos como si fueran un establecimiento hotelero, pero eso apenas tendrá incidencia sobre el coste de las viviendas, es una medida al margen.

El principal inconveniente del paquete de Sánchez es que no tiene en cuenta la ley de la oferta y la demanda, con lo que se traducirá en un estrechamiento del mercado de alquiler y no se logrará agilizar la construcción de viviendas a corto y medio plazo. De las 184.000 viviendas prometidas para esta legislatura, sólo hay entregadas 8.000, alrededor del 4%.

Es falso lo que dijo el presidente en la presentación de su plan: que exista una certidumbre científica de que una mayor intervención y control sobre el mercado vaya a recortar los alquileres, sino al contrario. El Gobierno presume que el coste de los alquileres bajó un 5% en Barcelona, pero la oferta se redujo considerablemente, lo que provocará un repunte de precios a medio plazo.

El texto del PP tiene aspectos positivos como el de "flexibilizar el marco regulatorio para acceder a viviendas de protección oficial en propiedad" o la derogación de la actual Ley de Vivienda, que pone topes al coste de los alquileres. Asimismo, "exige el desbloqueo de la ley antiokupas -ya mencionada- para que se puedan desalojar los inmuebles en 24 horas" o una nueva Ley de Suelo.

Su medida estrella, consistente en reducir del 10% al 4% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para los jóvenes en la vivienda de segunda mano, o la de "ampliar a 40 años el límite para acceder a avales hipotecarios", que ya ofrece este Gobierno, conducirían también a un mayor tensionamiento de los precios, dada la escasez del parque de viviendas actual. La promesa revive el efecto de las desgravaciones fiscales, que alimentaron la burbuja inmobiliaria a comienzos de siglo, pese a que se construía un número de viviendas siete veces mayor que en la actualidad.

Las iniciativas de las dos formaciones políticas ponen el foco en la protección del demandante vulnerable, como los jóvenes, pero sin arbitrar medidas para incrementar la oferta de suelo urbanizable. Es como empezar la casa por el tejado.

Sin embargo, existen varios puntos comunes como la voluntad de agilizar las licencias, los avales oficiales para los compradores o la rehabilitación de viviendas vacías para ponerlas en el mercado. Y, sobre todo, la promulgación de una nueva Ley del Suelo, que ambos están dispuestos a abordar, y de la ley antiokupación, para mejorar la seguridad jurídica y animar a los propietarios a sacar sus casas al mercado.

Una negociación sobre estas cinco grandes coincidencias podría sentar las bases de un acuerdo más amplio en interés común, en lugar de tirarse los trastos a la cabeza. Pero Feijoo rehúsa expresamente cualquier tipo de acuerdo en vivienda con el Gobierno.

Sánchez, por su parte, no quiere realmente sentarse a hablar sobre estas cuestiones, porque cualquier cesión enfadaría a sus socios de Podemos o Sumar, que se han reservado pronunciarse sobre su plan y exigen una intervención aún mayor del mercado. Desconfíen de los políticos, no trabajan para resolver los problemas de los ciudadanos, sino los suyos propios. En resumen, la vivienda no tiene solución.

PD.- La ruptura de negociaciones con el Gobierno por parte de Puigdemont que aboca al fracaso de los Presupuestos de 2025 se produce en el peor momento para la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que acaba de anunciar su candidatura para presidir el PSOE andaluz.

La vicepresidenta, que estuvo durante 17 años al frente de las consejerías de Sanidad y Hacienda con los gobiernos de Chaves, Griñán y Díaz, ignora desde hace más de un lustro los problemas de infrafinanciación de Andalucía. La financiación singular, de la que depende la coalición de Gobierno entre PSC y ERC, supondría un recorte del orden de 6.000 millones en los fondos que recibe Andalucía cada ejercicio para el sostenimiento de sus servicios públicos.

Montero se resistió durante meses a presentar su candidatura, pero Sánchez no le dejó otra elección. La vicepresidente ha asumido su tarea, sin embargo, con ilusión, según fuentes cercanas, dado el clima de provisionalidad que se ha instalado en el gobierno por los escándalos judiciales y las difíciles relaciones con Puigdemont.