¿De qué huyen los 'youtubers'? Así es el 'Gran Hermano' fiscal

Pese a haber cumplido siempre, el Rubius ha asegurado que se ha sentido perseguido por la Agencia Tributaria. Un argumento que comparten la mayoría de contribuyentes que deciden vivir fuera. La Agencia Tributaria, perdida todavía ante la nueva realidad digital de estos -brillantes, hay que decirlo- youtubers, insiste en su persecución y provoca una ya conocida peregrinación hacia Andorra.

El Ejecutivo intenta frenar ese éxodo con la única política que conoce en la materia, aumentar el control sobre los contribuyentes. El día antes de Nochevieja, el BOE publicaba una nueva normativa que obliga a los asesores fiscales, bajo amenaza de fuertes multas, a denunciar a sus propios clientes si les piden sacar dinero de España. El Gobierno, amparado bajo una directiva europea antiblanqueo, exige informar a la Agencia Tributaria del movimiento de capitales porque considera que estas operaciones son "agresivas". Es decir, cualquier operación amparada en el derecho fundamental -y, además, fundacional de la UE- de la libre circulación de personas y capitales es ahora negligente hasta que se demuestre lo contrario. Una deriva que ha puesto a los ciudadanos con intereses en el extranjero en el punto de mira del sistema. De hecho, en el último plan tributario publicado esta misma semana, la Agencia Tributaria asegura que hay españoles que "fingen vivir" en otro país y que va a intensificar el control de aquellos que se trasladan fuera.

El legislador ha establecido impuestos que prácticamente solo existen en España

La lupa tributaria sobre todo aquel que tenga algo fuera de España no acaba aquí. Pocos ciudadanos conocen el polémico Modelo 720, impulsado por el exministro Cristóbal Montoro. Es una declaración informativa que obliga a cualquier residente en España, sea español o extranjero, que tenga fuera valores, inmuebles o cuentas con un valor superior a 50.000 euros a contarle a la Hacienda española sus activos en el extranjero. En caso de no informar, la ley prevé multas del 150% de la cuota no ingresada. Sí, ha leído bien, el 150%.

Un abogado mallorquín, Alejandro del Campo, llevó este asunto a la Comisión Europea. Bruselas contestó a España en un durísimo dictamen motivado. Hace ahora poco más de un año, ante la inacción del Gobierno, la Comisión llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el Modelo 720 y el asunto está a la espera de resolución. "Se habla mucho de los que se marchan de España para fijar su residencia en Andorra, Portugal u otros países con mejor trato fiscal, pero poco o nada se habla de todos esos extranjeros con cuantiosas rentas y elevado patrimonio a los que les encantaría venir a vivir en España y deciden no hacerlo cuando les contamos cómo es nuestro infierno fiscal", se atreve a decir el fiscalista. El terror de los extranjeros a la Hacienda española es justificado. A modo de ejemplo, en plena crisis del coronavirus, España aprovechó su confinamiento e imposibilidad de abandonar el país para considerarles residentes en España y atraparles en su red. En contra del criterio de la OCDE, mantuvo el límite de 183 días para exigirles liquidar cuentas con la Agencia Tributaria. Esto sin contar el maltrato en el Impuesto sobre la Renta de los no Residentes (IRNR). En resumen, la legislación tributaria española establece diferencias en este impuesto entre los ciudadanos comunitarios de la Unión Europea (UE) y los del resto del mundo, con una tributación del 19% sobre ingresos netos para los europeos y otra del 24% sobre ingresos brutos para los extranjeros.

Además, el legislador ha establecido impuestos que prácticamente solo existen en España, como son los polémicos impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones. Unos tributos que parecen conculcar la máxima tributaria que exige no gravar dos veces lo mismo. Pero solo lo parece, puesto que los más altos tribunales se han pronunciado y han dicho que no, que son legítimos.

Y para que no se escape ni un euro de todo ello, Hacienda está tramitando ahora una ley antifraude. Entre otras cosas, la normativa, que enmienda varias doctrinas del Tribunal Supremo, formaliza las tasaciones de la Administración a los inmuebles o pone límites al pago en efectivo en contra del criterio del BCE. "Los primeros que defraudan son los poderes del Estado con normativas como esta, socavando la jurisprudencia del Supremo", apunta el fiscalista Esaú Alarcón. "Son asuntos que pervierten a todo el sistema y si no se arreglan desde la cúspide no llegarán a la base", añade.

Muchos apelan a una nueva conciencia, la fiscal. Para acusar a un contribuyente de una moral relajada ya no vale con cometer delitos o elusión. Ahora ya basta con que una persona decida una mudanza a otro país para desplegar la artillería mediática, porque la administrativa y judicial no pueden, aunque a muchos políticos les encantaría. 

A esta conciencia fiscal que todos invocan como quien recita un salmo han contribuido, y mucho, los programas propagandísticos del Ministerio de Hacienda desde hace años. ¿Quién no tiene en la cabeza el eslogan Hacienda somos todos?. Un éxito de marketing . Sin embargo, la Agencia Tributaria ha preferido seguir su lucha contra el fraude con otra política también muy efectiva. Ahí están esas operaciones ejemplarizantes contra famosos. Futbolistas y cantantes han sufrido expedientes ante las cámaras, con su correspondiente escarnio público. En definitiva, control, control y control. O, lo que es lo mismo, sospecha automática, vigilancia perpetua y acción rápida. Ahora le ha tocado el turno a los youtubers y, como todo en la vida, cada uno decide.