El Prat y la importancia de las infraestructuras en el crecimiento económico

Las infraestructuras de transporte juegan un papel decisivo en el desarrollo económico de los países y atienden a múltiples objetivos de política económica; crecimiento, productividad, empleo, asequibilidad, desarrollo inclusivo y objetivos medioambientales, estando estos últimos en la mayoría de ocasiones, potencialmente enfrentados con el desarrollo de la infraestructura en cuestión, de ahí que la inversión en infraestructuras tenga su complejidad y el camino desde la concepción del proyecto hasta su materialización suele estar plagado de dificultades y obstáculos entre distintas jurisdicciones y niveles de gobierno implicados. Traigo esto a colación de los desencuentros producidos entre las distintas administraciones a raíz del proyecto de ampliación del Aeropuerto de JT Barcelona-El Prat que, de no llegar a consenso entre los distintos actores, no se podrá llevar a cabo.

Los agentes económicos de Cataluña acaban de reclamar que el proyecto salga adelante a través del Manifiesto de El Prat: "El coste de oportunidad de no llevar a cabo la inversión sería altísimo", señalan. En efecto, el proyecto supondría un gran impulso para la recuperación económica ya que Aena plantea una inversión de 1.700 millones destinados a la construcción de una nueva terminal satélite ligada al alargamiento de la tercera pista en 500 metros con el fin de aumentar su capacidad. En este sentido, el Aeropuerto JT Barcelona-El Prat albergó 52,7 millones de pasajeros en 2019, siendo el 75% de ellos internacionales. Teniendo en cuenta que la capacidad actual es de 55 millones de pasajeros, y que se espera que en 2025/2026, se recuperen los niveles de trafico previos a la pandemia, nos encontramos con que la capacidad y diseño del aeropuerto está prácticamente agotada, por lo que la ampliación responde a un imperativo interés publico general de carácter social y económico.

Además, el entorno del Aeropuerto de Barcelona constituye un caldo de cultivo casi perfecto para su crecimiento y la mejora de la conectividad con la captación de nuevas rutas internacionales, elemento que sin lugar a duda debería ponerse encima de la mesa a la hora de consensuar; la ubicación geográfica de Barcelona, equidistante entre América y Asia, y puente con el resto de Europa y África, le otorga una posición privilegiada para conexiones entre continentes y para poder convertirse en un futuro, aunque quede camino por recorrer, en un gran "hub" internacional que conecte y sea punto de enlace entre diferentes destinos.

La alcaldesa Colau, presa de sus servidumbres, afirma con rotundidad que Aena tiene que dar un paso atrás. Los Ayuntamientos colindantes por su parte, rechazan la inversión por cuestiones ambientales al encontrarse el aeropuerto en la desembocadura del río Llobregat, zona de protección ambiental. Aena, que no es ajena al impacto que pudiera provocar el desarrollo del proyecto, propone una serie de actuaciones para proteger esos valores naturales con el fin de alcanzar una convivencia sostenible entre los objetivos del entorno y los propios de una adecuada gestión aeroportuaria. Estas actuaciones llevarían asociadas la creación de un Nuevo Espacio Natural del Delta del Llobregat, lo que implicaría una ampliación de la superficie protegida superior al 25% de la existente actualmente.

Se presenta una oportunidad única para Barcelona y Cataluña con la ampliación de esta infraestructura que, no solo llevaría asociada un incremento del PIB en torno a 2 puntos y un aumento del volumen de ocupación directo e indirecto que podría pasar de 220.000 a 365.000 puestos de trabajo, sino que los recintos aeroportuarios más innovadores siempre han conseguido, generar espacios fértiles para atraer nuevos modelos de negocio, abrir oportunidades para los habitantes de la zona, mejorar la calidad de vida y convertirse en un verdadero motor de la economía regional.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha movido ficha y ha convocado a Aena, impulsora del proyecto, a los Ayuntamientos, y a los grupos afectados con el fin de llegar a un consenso que conjugue criterios económicos y medioambientales. Sería bueno que se alcanzara un acuerdo y la decisión no se demorase mas allá de finales de julio; de esta manera, Aena podría programar la inversión en su plan antes del 30 de septiembre, fecha limite para que pudiera incluirlo en su plan de inversiones previo visto bueno de Bruselas.

En definitiva es necesario que todos los agentes y los grupos de interés vinculados al aeropuerto sean conscientes y coherentes con la realidad de la situación y la existencia de intereses no fáciles de compatibilizar: la atención necesaria al medio ambiente, al entorno natural y al confort de las poblaciones y los vecinos y, por otra parte, el desarrollo de las infraestructuras y, en particular, el objetivo futuro del aeropuerto (infraestructuras, capacidad y tráfico), y el interés general de los ciudadanos, que debe prevalecer por encima de cualquier prioridad.