El mercado laboral nos da un respiro

Después de muchos meses de datos negativos en la evolución de los datos de empleo en España, febrero nos ha dado un pequeño respiro y nos hace afrontar los próximos meses de bonanza laboral (por la inminente Semana Santa) con algo más de optimismo.

A pesar de las malas perspectivas económicas (endeudamiento, subidas de impuestos, problemas sanitarios, etc.) el mes de febrero ha arrojado mejores datos de los esperados. El número de personas inscritas en las oficinas del servicio de empleo público ha disminuido en más de 7.000 dejando el número total de desempleados en 3,2 millones. Como datos más relevantes me gustaría destacar el aumento que se ha producido en el número de cotizantes a la Seguridad Social, elevándose en más de 85.000. Este aumento, el mejor en un mes de febrero desde 2015, deja el número total en 19,25 millones de afiliados y mejora los registros respecto al mismo mes de 2019 en más de 361.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social (frente a los 500.000 de 2019 con respecto a 2018).

Los ciudadanos sufriremos las consecencias de la mala política económica

Por sectores, destacamos especialmente la construcción, la industria (después de unos meses de retroceso) y los servicios. Por el contrario, la agricultura ha registrado un retroceso serio, debido a todas las turbulencias que estamos registrando estos días.

Como todos sabemos, y de cara a la temporada turística que tenemos por delante, el efecto del coronavirus no sólo tiene consecuencias sobre nuestra salud, sino que también la tiene sobre nuestra economía y, por tanto, sobre la creación de empleo. Todo indica que si la amenaza del virus se mantiene en el tiempo supondrá: una reducción de la capacidad de producción (no solo de China, sino también del mundo entero, ya que esta circunstancia afectará al crecimiento de la economía mundial); una reducción del consumo y por extensión del turismo (es algo que veremos en los próximos meses; no olvidemos que la mayoría del empleo que se crea en España a partir de marzo depende de nuestro turismo); dificultades en la cadena logística global (la industria manufacturera puede empezar a verse afectada en breve por la falta de suministros a toda la cadena de productos procedentes de China y si no hay suministro los despidos empezarán a producirse).

A todos estos efectos directos hay que añadir la incertidumbre sobre la economía. Los inversores son cautos y, con unos mercados tan volátiles donde los intereses están por los suelos, parece que habrá valores, como los inmuebles, el oro, etc., que se verán fortalecidos por esta crisis y que como todos sabemos, apenas generan empleo.

Este año, como hemos dicho en otras ocasiones, el crecimiento previsto del PIB será en teoría del 1,6%, aunque la realidad desgraciadamente será distinta como consecuencia de las turbulencias políticas y sanitarias. Esto hará que estemos en 2020 en un crecimiento económico ligeramente superior al 1% (no olvidemos el tradicional paralelismo existente entre el crecimiento del PIB y la creación de empleo). Parece poco responsable que, con este panorama, se haya previsto un aumento del gasto público del 3,8% para 2020 y un 3% para 2021. Como es obvio, todo lo anteriormente descrito nos llevará a un enorme desequilibrio que tendrá un gran impacto en nuestra economía y, por tanto, en nuestro empleo. Esta política de disminución real de los ingresos públicos y aumento del gasto dejará a nuestra economía en una situación muy delicada.

El aumento del gasto público y los menores ingresos ralentizarán la creación de empleo

El Gobierno cambiará, pero los ciudadanos permaneceremos y sufriremos las consecuencias de una mala política económica. Por eso, es necesario actuar con sensatez; nuestra fragilidad financiera se agrava (con un gasto previsto de más medio billón de euros).

Si el ajuste de las cuentas pasa por aumentar la presión fiscal y las cotizaciones a la Seguridad Social, estas malas prácticas no sólo las sufrirán las grandes rentas (que, con las subidas de impuestos previstas para estas rentas, la recaudación apenas llegará a los 2.000 millones de euros, frente a los 30.000 millones necesarios estimados para cubrir el aumento en el gasto previsto); al final, como siempre sucede, todo esto se sufragará gracias a la mayoría de españoles de clase media que son los que finalmente pagarán los platos rotos.