Euskadi y Cataluña lideran la inversión autonómica en empresas estratégicas

La compra del 10% de Telefónica por parte del Estado sirve como punta de lanza de la nueva estrategia del Gobierno, con la que pretende tener voz y voto en empresas que considera estratégicas. A la espera de ver lo que sucede con buena parte de los rescates antipandemia, el Ejecutivo podría pasar a conformar una cartera de empresas participadas que se asemejaría a la que algunas comunidades autónomas tienes desde hace años: una idea que no siempre ha sido garantía de éxito y que cuenta con especial tradición en el País Vasco y Cataluña.

País Vasco

El ejemplo más claro es el del Gobierno vasco, que tiene diseñada una amplia estrategia en cuanto al número de vehículos para su participación en empresas e industrias. Aunque cuenta con diferentes vehículos, destaca Finkatuz, fondo de inversión destinado a la entrada en compañías estratégicas vascas que buscar asegurar su arraigo al territorio. Está hoy en el candelero debido a la operación que Sidenor tiene abierta para entrar en el capital de Talgo.

Tras la pérdida de compañías emblemáticas como Siemens Gamesa o Euskaltel que nacieron y crecieron en Euskadi y contaron con el apoyo institucional, el Ejecutivo ha adoptado una actitud proactiva para frenar la deslocalización del tejido, con la participación en su capital. Y Finkatuz es su principal y más potente herramienta. Al vehículo le quedan 226 millones y ya ha ejecutado otros 119 millones en cuatro grupos: IPT Aero, CAF, Kaiku y Arania.

Cataluña

Cataluña se ha valido de dos herramientas, especialmente en los últimos años, para ayudar a las empresas del territorio –no necesariamente estratégicas- a superar la pandemia y vehicular su apuesta por la reindustrialización. Se trata del holding Avançsa y el Institut Català de Finances (ICF), el banco público.

El ICF este año contará con un músculo superior a los 1.300 millones de euros a repartir entre préstamos, avales y capital riesgo, aunque parte se destinará a la construcción. Fue clave para desbloquear la financiación que necesitaba el D-Hub –hoy desmembrado- para quedarse con la antigua planta de Nissan y ha apoyado a compañías como Celsa, Wallbox y start ups.

El otro instrumento que tiene la Generalitat es Avançsa, una suerte de Sepi catalana, en la que destaca el 20% que tiene del circuito Idiada, el 26,8% del Circuit de Montmeló o el 100% de la industria Comforsa. A través de sus préstamos ha financiado historias de éxito (por el momento) como Amerlia Virtual Care, Laagam o Incapto y fracasos como Unipost y Torrot.

Andalucía

Por su parte, la Junta de Andalucía se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración de su participación en el accionariado de empresas, una cartera heredada en su práctica totalidad de gobiernos anteriores (del PSOE) con inversiones instrumentales y numerosas aventuras empresariales que en su mayor parte resultaron ruinosas o cuanto menos poco afortunadas.

"Se están liquidando y extinguiendo todas aquellas sociedades heredadas de la administración anterior que no tenían actividad, todo ello en un proceso técnicamente muy complejo,", dice la Consejería de Economía. "El objetivo es muy claro: hacer una cartera más adecuada, ágil y eficiente", añade.

Comunidad Valenciana

En el caso de la Comunidad Valenciana, el Gobierno no cuenta con un instrumento de inversión directa en capital que asuma participaciones. Históricamente la Generalitat ha tenido presencia directa en contadas empresas impulsadas directamente por el Ejecutivo.

En los últimos años el apoyo a firmas consideradas estratégicas generalmente se materializa con créditos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que también ha participado en distintos fondos. Al calor de la pandemia, Ximo Puig anunció un fondo similar al de la Sepi para rescatar empresas en crisis. El instrumento se limitó a inyectar préstamos a una única empresa, el fabricante de medias Marie Claire, cuyo rescate resultó finalmente fallido.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León tiene en el fondo de capital riesgo Sodical su principal instrumento para apoyar a las empresas de sectores estratégicos para la Comunidad, como la agroalimentación o la automoción, a través de créditos participativos que le permiten entrar en el accionariado de manera minoritaria y temporal. De 2017 a 2023, el brazo inversor del Gobierno regional ha inyectado un total de 326 millones de euros para asegurar la continuidad fundamentalmente de compañías de mediana capitalización.

Aragón

El Gobierno de Aragón participa de forma directa en empresas públicas y privadas relacionadas con sectores estratégicos para la comunidad. Entre las últimas operaciones realizadas está la inversión en Feria de Zaragoza en la que ha comprado recientemente el 2,39% y ha alcanzado el 61,86%. También ha entrado a formar parte de empresas públicas como La Nueva Romareda para construir el nuevo estadio de fútbol de Zaragoza (35,7%), el Parque Tecnológico del Motor (98,7%) o Motorland-Ciudad del Motor de Alcañiz (94,51%), entre otras.

Igualmente, está de forma directa en otras empresas privadas como Aramón, del sector de la nieve, con el 50%, o la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, con el 39,4%. Igualmente está el Instituto Aragonés de Fomento, que está concebido como una agencia pública de desarrollo.

Galicia

En Galicia, la sociedad que vehicula este tipo de acciones está adscrita a la Conselleria de Economía e Industria. XesGalicia presume de haber invertido más de 35 millones entre 2020 y 2022, tanto con fondos de capital riesgo como sociedades de inversión colectiva.

La Xunta invierte directamente en industrias como Castrosua e Irosa, start ups como Coinscrap y Eccocar, biotecnológicas como Sunrock y Liberabio y fondos de inversión como Kibo Ventures y KFund.

Asturias

Menor músculo que el País Vasco o Cataluña tiene el Principado de Asturias. El Ejecutivo autonómico siguió al Gobierno tras el coronavirus y participó en el rescate público de Duro Felguera de la mano de la Sepi con 6 millones de euros de su bolsillo para complementar los 120 millones aportados por la Sepi. Con el preconcurso de acreedores solicitado por la cotizada, la administración duda ahora de si podrá recuperar la inversión realizada y si, como se augura en el caso del holding estatal, deberá terminar por entrar en el capital.

Según el calendario inicial de pagos, la firma de ingeniería con sede en Gijón tendrá que devolver 750.000 euros en 2025, 1,05 millones en 2026 y 4,2 millones en 2027. Además, Asturias tiene la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias que, del mismo modo que sucede en otras comunidades autónomas, financia empresas del territorio, ya sea entrando en su capital o con créditos. En los últimos años, el vehículo ha trabajado con Fuensanta, Iberastur, Guppy, Proasur y Plexigrid, entre otras.