El Gobierno mantiene la retribución a los afectados por el recorte de las renovables hasta 2031 para evitar sus pleitos

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley por el que establece la nueva retribución regulada de las renovables para los próximos 12 años, que les otorga una rentabilidad del 7,4%, la misma que ahora, excepto para aquellas instalaciones en manos extranjeras que hayan demandado al país y no retiren sus pleitos, que cobrarán un 7,1% hasta 2025 y luego alrededor de un 4,5%.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta normativa es "dar estabilidad, predictibilidad a los inversores y recuperar la confianza de aquellos que se sintieron traicionados en 2013 cuando cambiaron las premisas".

En concreto, el RDL, previsto para el viernes pasado, fija un marco retributivo estable para esas instalaciones renovables afectadas por el recorte aplicado en el Real Decreto 9/2013 para gozar de la actual rentabilidad del 7,39% durante los próximos periodos regulatorios -un total de 12 años-, hasta 2031. Este tipo de centrales cobran unos 7.000 millones de euros anuales.

No obstante, para acogerse a ello los inversores deberán renunciar a los procesos judiciales o arbitrales en marcha, así como a las indemnizaciones que se les pudiera haber reconocido, tanto a nivel nacional, los menos, como internacional.

En caso de que no lo hagan, hasta 2025 se les adjudicará una tasa del 7,1% y a partir de ahí el resultado de aplicar la fórmula actual -el bono del tesoro a 10 años más 300 puntos básicos-, que en estos momentos arroja una tasa de rentabilidad del 4,4%.

Con esta normativa, que recoge la misma propuesta cuyo trámite ya inició Gobierno a finales del año pasado, pero que finalmente no pudo ser aprobado ante la convocatoria de elecciones generales, Ribera consideró que se busca ofrecer una solución a los inversores que permita "mitigar el impacto" de los recortes de 2013 y "mantener la estabilidad y la predictibilidad de su inversión".

Indemnizaciones

Ribera cifró en un total de 45 laudos los frentes abiertos por inversores contra el Gobierno de España por ese recorte retroactivo que se aplicó en su retribución, ascendiendo a un importe total las peticiones de indemnizaciones de más de 10.000 millones de euros.

Hasta ahora, el Estado ya ha recibido un total de 10 reveses en los distintos tribunales internacionales de arbitraje, con unas condenas por un importe total de 821 millones -aunque las reclamaciones en esos casos ascendían a unos 1.700 millones de euros-. "No obstante, no se ha ejecutado el pago de ninguno de estos laudos condenatorios, ya que España sigue ejerciendo su defensa", indicó Ribera.

Así, la ministra para la Transición Ecológica consideró que esta oferta lanzada por el Gobierno a ese tipo de inversores damnificados "pueda ser considerada como una medida que mitiga el impacto de la decisión regulatoria y reduzca la litigiosidad pendiente e incluso invite a la renuncia del cobro para poder garantizar la estabilidad en la retribución durante 12 años", dijo.

La fórmula de cálculo que introdujo el PP era la del bono español a diez años más 300 puntos básicos

Hay que recordar que la fórmula de cálculo que introdujo el PP, era la del bono español a diez años más 300 puntos básicos, lo que podría haber dejado esa rentabilidad razonable para las plantas renovables tres puntos por debajo de la que se va a aplicar.

Ribera ha indicado que esa mayor revisión a la baja que hubieran sufridos los inversores no era deseable para nadie, ni para el Gobierno, ni para los inversores preexistentes ni para los que en un futuro quisieran invertir en renovables en España.

Ha recordado que el Gobierno ya presentó en diciembre del año pasado un Anteproyecto de ley con las mismas medidas que el RDL que se va a tramitar ahora, pero no pudo ver la luz por la disolución de las Cortes y las sucesivas convocatorias electorales.

Conexión de instalaciones que cierren

El RDL también privará a las eléctricas de los derechos de acceso y conexión de las centrales térmicas que cierren, tal y como adelantó elEconomista. Se sacarán a concurso atendiendo a criterios sociales -la generación de empleo- y ambientales. Y lo mismo sucederá con las concesiones de agua. 

Y también incluye la revisión de la retribución de las centrales de generación convencional en las islas, que desarrolla Endesa en régimen regulado: entre 2020 y 2025 tendrán una tasa de rentabilidad financiera del 5,58%, frente al 6,5% de la actualidad.