El sector inmobiliario se levanta contra la ley de vivienda: es "inconstitucional" y "reducirá la oferta"

Después de muchos choques entre los socios de Gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado la ley de vivienda que iniciará ahora su trámite parlamentario. La nueva norma, entre otros aspectos, otorga a las comunidades autónomas la posibilidad de establecer un control de precios en las zonas tensionadas y propone a los ayuntamientos recargos del 150% en la cuota líquida del IBI a viviendas desocupadas.

La Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (ASVAL) considera que la medida supondrá una reducción de la oferta disponible en el mercado del alquiler, limitará la inversión para mejorar el parque inmobiliario residencial actual y, entre otras cosas, discrimina a los propietarios que tienen diez o más inmuebles en alquiler.

"Es una segregación de derechos para estos propietarios y una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española", denuncian. "Esta limitación del derecho de propiedad en función del número de inmuebles generará una enorme inseguridad jurídica que afectará a la imagen de España, al ser esta medida una anomalía dentro del marco de derecho de la Unión Europea", añaden desde la asociación. 

Para la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) esta ley vulnera la Constitución, así lo explica su director general, José Ramón Zurdo, "es una Ley inconstitucional porque vacía de contenido el derecho de propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución Española, y porque invade competencias legislativas cedidas a las comunidades autónomas, como son las competencias en materia de viviendas".

Desde Alquiler Seguro consideran que se trata de una ley de vivienda de "espalda a los jueces, pero sobre todo sin contar con los actores del mercado: inquilinos y arrendadores", explica Antonio Carroza, Presidente de Alquiler Seguro. "Este Proyecto de Ley va a las Cortes habiendo sido rechazado por el órgano director de los jueces (CGPJ), que son, a fin de cuentas, los que al final van a tener que aplicarla e interpretarla, apunta Zurdo.

Será ineficaz para resolver el problema de acceso a la vivienda que tenemos en España

Pese a que los objetivos de la ley son buenos, tal y como está redactada "será ineficaz para resolver el problema de acceso a la vivienda que tenemos en España", apunta Beatriz Toribio, experta inmobiliaria. En primer lugar, tal y como señala, porque no cuenta con el apoyo del sector, "que lleva tiempo alertando de la inseguridad jurídica que provocará esta norma, alejando la inversión necesaria para desarrollar el parque de vivienda social y asequible que necesitamos". En segundo lugar, según indica Toribio", "por los elementos de inconstitucionalidad que se recogen en el informe del CGPJ y que son un preludio de la alta litigiosidad que provocará esta norma si no es modificada".

Aspectos poco definidos

"Las reglas para definir una zona tensionada y la propia intervención de los precios está poco definida, es inconcreta y genera incertidumbre en el mercado", señala Carroza, quién recuerda que "ninguna limitación de precios del alquiler llevada hasta ahora han beneficiado a inquilinos, al contrario, han reducido la oferta y su calidad".

En los lugares donde se ha intervenido el precio, los alquileres no han bajado

En la misma línea coinciden desde la Agencia Negociadora del Alquiler en cuanto a lo que toca a los alquileres y resaltan que es "una ley innecesaria e injustificada porque a nuestro entender no hacía falta, porque se ha demostrado que en los países en los que se han intervenido los precios de los alquileres, estos no han bajado, y en algunos casos hasta han subido".

"Esta Ley con sus medidas, que atacan la libertad de los arrendadores, va a provocar que la oferta se constriña, con lo cual no va a servir para nada, porque al haber menos oferta los precios subirán o se mantendrán altos, por mucho que se limiten, o se desplazará la subida hacia otras zonas donde los precios no estén limitados (zonas no tensionadas), añade Zurdo.

El portal inmobiliario Fotocasa considera que el proyecto de ley de Vivienda aprobado este martes en Consejo de Ministros es "positivo" respecto a las medidas relacionadas con establecer el derecho a un hogar digno, pero carente en cuanto a "seguridad jurídica y a incentivos fiscales".

Sin embargo, cree que algunos puntos de esta ley son difíciles de llevar a cabo, como la definición de zona de mercado tensionado, en los que hay escasez de datos oficiales, o el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la vivienda vacía ante la dificultad de categorizar a una vivienda como tal. 

En cuanto a limitar las rentas de los grandes propietarios, Fotocasa cree que podrá generar inseguridad jurídica no solo de cara a los grandes propietarios, sino también a los inversores extranjeros.

Y precisamente esa incertidumbre puede alejar la inversión en un momento clave: "Son muchos los inversores interesados en desarrollar la oferta de vivienda asequible que necesitamos, sobre todo de alquiler, pero si no les dotamos de normas claras y estables en el tiempo, desviarán sus planes de inversión a otros países", apunta Beatriz Toribio. Esto, a la larga "provocará que los colectivos más vulnerables a los que en teoría esta norma pretende proteger, lo tendrán aún más difícil para acceder a una vivienda", concluye la experta inmobiliaria.

El ejemplo de Cataluña

Los expertos del sector resaltan el ejemplo de lo ocurrido en Cataluña desde la aplicación de la regulación de los precios de la Generalitat, que ha provocado "inseguridad en el mercado, expulsión de inversores, reducción de la oferta y, como consecuencia, dificultad a los inquilinos para encontrar vivienda idónea", matiza Antonio Carroza.

La Ciudad Condal, al cierre de 2021, experimentó un encarecimiento medio de las viviendas en alquiler del 8,2%.