¿Qué es el derecho de autodeterminación? La clave para que PDeCAT y ERC apoyen los Presupuestos

El derecho de autodeterminación sigue siendo la base del conflicto político en Cataluña. Pero ahora es también uno de los obstáculos que encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sus cuentas se enfrentan este martes y miércoles en el Congreso a seis enmiendas a la totalidad, entre las que se encuentran las de los dos partidos catalanes separatistas con representación en la Cámara Baja, PDeCAT y ERC, que ponen como condición sine qua non para su visto bueno que se hable del derecho de autodeterminación en Cataluña. Pero, ¿qué es este derecho? ¿Es aplicable en el caso de Cataluña? En Directo | Última hora y reacciones del juicio al procés en Cataluña.

El origen de la autodeterminación se encuentra en el Derecho Internacional. En primer lugar, está la resolución 1514, del 14 de diciembre de 1960, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esta se considera la 'Carta Magna de la Descolonización' y en ella se contempla por primera vez que "todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación".

"En virtud de este", añade el texto, "(los pueblos) determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural".

Eso sí, también habla de "territorios en fideicomiso y no autónomos" y aquellos que no habían logrado entonces "su independencia" con respecto los Estados que los habían colonizado. Este matiz es en el que se basa el Gobierno para rechazar que este derecho pueda aplicarse en Cataluña.

Pero el derecho de autodeterminación no se queda ahí. También se recoge en la resolución 2200 de la ONU, con la que se abrió el proceso para la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con prácticamente la misma literalidad.

Y, por último, es igualmente importante para entender este derecho la resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU de 1960.

En este caso, afirma que "todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural", así como que "todo Estado tiene el deber de respetar este derecho".

¿De dónde surge la polémica en Cataluña?

A raíz de estas ideas, los independentistas basan toda su ideología en la defensa de la condición de Cataluña como pueblo.

Esta concepción viene recogida, por ejemplo, en un texto publicado en abril de 2017 por Josep Costa, actual vicepresidente primero del parlamento catalán, para el Diplocat, un consorcio público-privado entre cuyos cometidos está divulgar a nivel internacional la evolución del proceso soberanista.

En él defiende que Cataluña puede ser (y es) un pueblo en el sentido del Derecho Internacional porque "no hay una definición jurídica de lo que es un pueblo".

Josep Costa: "La cualidad de pueblo debe tener una flexibilidad por definición"

Así, Costa, también profesor asociado de Teoría Política en la Universidad Pompeu Fabra (UPF), va más allá: "No hay nadie para decidir objetivamente quién lo es y quién no lo es". "Con lo cual, la cualidad de pueblo debe tener una flexibilidad por definición", argumenta.

En consecuencia, el texto, titulado ¿Tiene Cataluña derecho de autodeterminación?, concluye que "Cataluña podría apelar legítimamente al derecho de autodeterminación para declarar la independencia", ya que "su condición política le es impuesta y no puede desarrollarse libremente en España".

Esta visión fue la piedra angular del referéndum (declarado ilegal por el Tribunal Constitucional) del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, y la posterior declaración unilateral de independencia que tuvo lugar en el Parlament.

Y el derecho de autodeterminación de Cataluña sigue siendo un asunto clave para los independentistas catalanes. En consecuencia, lo han hecho una condición sine qua non para apoyar los Presupuestos, ideados por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Un Ejecutivo que llegó a la Moncloa tras sacar adelante la moción de censura del pasado junio precisamente con el apoyo de ERC y PDeCAT, además de Unidos Podemos, PNV y Bildu.

Pero ambos partidos catalanes rechazan las cuentas por no cumplir el Gobierno con sus exigencias. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguró ayer que no negociará los Presupuestos "si en el papel no está el derecho a la autodeterminación (de Cataluña)".

El Gobierno lo rechaza

Pese a todo, el actual Ejecutivo siempre ha rechazado de pleno el derecho a la autodeterminación de Cataluña. En este sentido, Sánchez marca habitualmente el límite en el "autogobierno" de la comunidad catalana. Y asegura que "nunca aceptará un referéndum" en la comunidad.

Es más, el Gobierno central ha negado hasta día de hoy la posible aplicación de la autodeterminación en el caso de Cataluña, independientemente del partido que presidiera la Moncloa.

Ya en febrero de 2014, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación publicaba un informe titulado Cataluña en España. Por la convivencia democrática para hacer frente a la ideología independentista de la región.

En él, se asegura que el derecho de autodeterminación no se puede aplicar en Cataluña porque el Derecho Internacional solo se refiere "a la población de los Estados, los fideicomisos y los territorios no autónomos".

Es decir, un escenario distinto al de la comunidad catalana, que se "inserta en un Estado democrático, ampliamente descentralizado y con pleno respeto de las exigencias derivadas del Estado de Derecho y de la protección de los derechos humanos".

En otras palabras, desde el Gobierno siempre se ha defendido que "el derecho de separación como plasmación del principio de libre determinación de los pueblos tan solo cabe en supuestos de situación colonial, pueblos anexionados por conquista, dominación extranjera u ocupación y pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos". Lo que no es el caso de Cataluña.

Con todo, pese a que los años pasan, las posturas no ceden. Y el polémico derecho de autodeterminación vuelve a encallar la política nacional, pudiendo provocar incluso un adelanto electoral para el 14 de abril. Por lo que parece que continuará siendo un problema crónico en la política española.