La Abogacía del Estado da largas a ERC y frena la investidura de Pedro Sánchez
- El presidente tampoco hará este viernes el tradicional balance del año
- La fecha del 30 de diciembre cae, y también pierde fuerza la del 5 de enero
Carmen Obregón
La sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras va a traer efectos colaterales que no estaban en la agenda. El primero de ellos ya está aquí, el frenazo de la investidura de Pedro Sánchez porque PSOE y ERC no consiguen cerrar el acuerdo (inicialmente previsto los días 27,28 y 30 de diciembre). Y el segundo, que el presidente en funciones no comparecerá este viernes ante los medios para hacer el tradicional balance del año de Gobierno, lo que viene haciéndose durante 15 años consecutivos.
Así, lejos de ser la sentencia del Tribunal de Luxemburgo una sentencia ambigua y posibilista, los independentistas han redoblado su presión sobre el Gobierno en funciones a la espera de que una de las partes que tienen que alegar ante el Tribunal Supremo, en este caso la Abogacía General del Estado, formule su alegación en forma de guiño.
El problema del guiño del Ejecutivo de Pedro Sánchez al independentismo y al dirigente condenado en firme por sedición -vía Abogacía-, es que son los Servicios Jurídicos del Estado los que tienen que pasar por el aro ante las demandas de ERC. Es decir, ante la petición de inmunidad del político preso, y ante la invalidez del juicio del procés como vienen reclamando desde que tuvieron conocimiento de la sentencia del TJUE.
"Es intolerable que la investidura esté pendiente del informe sobre un delincuente", según Casado
Sin estas condiciones, sin la "vaselina" como diría Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, la abstención para la investidura de Sánchez se ralentiza, "y mucho", lo que también aleja la siguiente fecha barajada, la del 2, 3 y 5 de enero, admite a eE una fuente próxima a Moncloa.
Para apaciguar los ánimos, la ministra en funciones de Defensa, Margarita Robles, recordó que la Abogacía tiene aun hasta el 2 de enero para pronunciarse. Pero lo cierto es que de las cuatro alegaciones solicitadas por el Tribunal Supremo, la Fiscalía, la defensa de Junqueras y la acusación particular, la única que falta a estas alturas es la de la Abogacía del Estado.
Mirando a Lledoners
Ante la falta de concreción de Esquerra, y con el documento de la Abogacía sin llegar, estos días atrás se han sucedido las visitas al centro de peregrinación de la cárcel de Lledoners para conocer de primera mano los movimientos a seguir. En esa tesitura, el pasado martes se produjo el encuentro entre Pere Aragonés y Junqueras y el exconseller Raül Romeva para intercambiar impresiones sobre las negociaciones con el Partido Socialista.
También en estos días previos al la Navidad se ha conocido que Pablo Iglesias se reunió con ERC para avanzar en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, mientras éste sigue silente e huidizo, y su gobierno, apoyado por los socios de la moción de censura a Mariano Rajoy, se retrasa en el tiempo.
Este jueves, Pablo Casado, líder del PP, manifestó que la Abogacía del Estado no está al servicio de Sánchez, razón por la que "es intolerable que su investidura esté pendiente del informe sobre un delincuente". Desde Ciudadanos, Jordi Cañas ha defendido que "la Abogacía debe velar por el respeto del Estado de Derecho, y está al servicio de la democracia, de nuestro Estado y de todos los españoles". Vox, por su parte, está dispuesto "a sentar en el banquillo a todos los traidores", y no descarta denunciar a Sánchez.