El Gobierno advierte a Torra con la aplicación del 155 y acusa al independentismo de atacar a la convivencia

La ministra de Educación en funciones y Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha querido enviar hoy un mensaje de "serenidad y firmeza" contra lo ocurrido ayer en el Parlamento de Cataluña y ha advertido al presidente catalán, Quim Torra, de que el Ejecutivo no dudará en utilizar la Constitución "si fuera necesario" para defender los valores y el sistema democrático contra los que quieran vulnerarlo. En este sentido, ha precisado que "si se dieran las circunstancias" para aplicar el artículo 155 de la Constitución, este Gobierno "lo haría", pero cree que "no se dan".

Celaá ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recalcado la firme decisión del Ejecutivo de recurrir los acuerdos aprobados ayer por los independentistas en el Parlamento catalán por suponer una "clara extralimitación y ataque a la convivencia entre catalanes".

Se trata de los acuerdos de la Cámara legislativa catalana, que salieron adelante con los votos de ERC, JxCat y la CUP, en los que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña, acuerda una respuesta institucional contra la sentencia del 'procés' y reclama una amnistía total para los políticos presos.

La Portavoz del Ejecutivo ha dejado claro que el Gobierno no va a cejar en su propuesta de "diálogo" para solucionar un problema que, ha dicho, "concierte a todos y puede tragarse a una generación de españoles y catalanes en el bucle de constante división".

Pero, ha advertido también que, aunque "la Constitución es nuestra herramienta común para el diálogo", también "lo será si fuera necesario para la defensa de nuestros valores y nuestros sistema contra aquellos que quieran vulnerarlo".

"No se ha vulnerado la ley aún"

Sin embargo, cree que ahora no se dan las "circunstancias" para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña porque no se han vulnerado leyes y no se ha perjudicado "gravemente el interés general", ya que lo aprobado ayer en el Parlamento de Cataluña no eran leyes, sino "proposiciones no de Ley", "resoluciones que no están en la Ley". No son las leyes de desconexión aprobadas en la Cámara catalana de septiembre de 2017, según ha precisado Celaá.

Por el momento, el Gobierno tiene previsto impugnar las resoluciones aprobadas ayer en el Parlamento catalán. Para ello, una vez que se publiquen oficialmente, dará instrucción es a la Abogacía del Estado con el fin de que para que estudie su contenido y puedan ser impugnadas.

Este Gobierno, ha recalcado Celaá, "no está dispuesto a consentir un ataque a la Constitución y el Estatuto de autonomía". La respuesta, ha insistido, será de "respeto y diálogo" frente a la crispación y "frente a los que quieran recorre el camino desorden o incluso de posible violencia".

Consulta a la Abogacía del Estado

Celaá también ha repetido las palabras de Pedro Sánchez de rechazo de las afirmaciones de Torra, que acusa al Estado de querer criminalizar a los independentistas o a quienes piensan de manera diferente por el mero hecho de serlo.

Por ello, ha vuelto a reclamar a Torra que "deje claro su respeto a las leyes de la democracia y el respeto a los principios del Estado de derechos, uno de cuyos fundamentos básicos es la separación de poderes. En este último sentido, ha recordado que la Guardia Civil ha actuado como policía judicial, a las órdenes de la Audiencia Nacional y ha realizado un trabajo "discreto y digno de reconocimiento y respeto".

Así, ha afirmado que los detenidos en la operación que se desarrolló en Cataluña contra miembros de los CDR que tenían material para fabricar explosivos y objetivos seleccionados, "tendrán que responder de sus actos ante la justicia". "Es la forma que tiene el Estado de derecho de preservar la seguridad de todos, su trabajo está para salvaguardar nuestra convivencia", ha apostillado.

Marlaska, la Guardia Civil y los CDR

Celáa también ha admitido que el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, pidió "más concreción" a la Guardia Civil sobre el operativo del lunes para detener a los miembros de los CDR.

Así lo ha reconocido a preguntas de la prensa sobre la supuesta "reprimenda" de Marlaska a mandos de la Guardia Civil debido a la falta de detalles del operativo desarrollado en la provincia de Barcelona, coincidiendo con el viaje oficial en Nueva York del presidente del Gobierno en funciones, al que también le preguntaron sobre este asunto.

"Es una cuestión que entra dentro de una cuestión que fue bastante exagerada por parte de algún medio de comunicación; cuestión, por cierto, bastante frecuente pero que entra dentro de lo que significa la gestión de los asuntos públicos", ha comentado Celáa.

A continuación, la ministra Portavoz ha recordado que la 'operación Judas' que ha llevado a prisión a siete de los nueve detenidos por la Guardia Civil por delitos de terrorismo, tenencia ilícita de explosivos y conspiración para causar estragos era "una actuación de la policía judicial dirigida por un Poder del Estado como es la Audiencia Nacional".

"¿Que el Ministerio del Interior pudiera haber tenido más concreción acerca de ella?", se ha preguntado Celáa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, "pues probablemente a eso se refería el ministro, sin darle mas importancia".