La factura del cupo catalán

El pasado lunes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo varias declaraciones sorprendentes. La primera es que "España y Cataluña somos sociedades, somos países extraordinarios". La segunda, y la que acaparó toda la atención es que iba a convocar una "consulta", que por cierto ya está en marcha, sobre las condiciones que debería fijar el gobierno a la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell, tras la aprobación de la CNMC. Sin embargo, la declaración más relevante del presidente fue la siguiente: "Estamos viendo en la campaña de la renta un mayor protagonismo de la Agencia Tributaria de Cataluña y procediendo, con colaboración y cooperación, a la transferencia de competencias en materia tributaria, como fijamos en el acuerdo de investidura del presidente Salvador Illa (PSC)".

Usted puede estar más o menos de acuerdo con que el presidente del gobierno de España hable de Cataluña como si fuese ajena a España, pero no le afectará a su vida cotidiana. Es posible que se vea afectado por la OPA BBVA – Sabadell, y aquí tiene un derecho al pataleo, presentado observaciones al gobierno. Pero, como ya comenté en noviembre del año pasado en El Economista, el presidente ya ha decidido que el gobierno va a tomar una decisión en base a otros factores distintos de la competencia.: "…[debemos considerar] la cohesión social y la cohesión territorial". El mecanismo, la consulta en temas técnicos de concentración empresarial es absolutamente novedoso, el resultado, la decisión del Consejo de Ministros, más que previsible.

Sin embargo, sobre "la transferencia de competencias en materia tributaria (a la Generalitat de Cataluña)", si usted no era militante de ERC en 2024, nadie le ha pedido opinión. Y esa transferencia de competencias fiscales a la Generalitat no es cualquier cosa, sino que supone que la Agencia Tributaria de Cataluña pase a recaudar la totalidad de los impuestos, empezando por el IRPF, que es medio sistema fiscal, dentro de unos meses. Esto es lo que se pactó en el acuerdo de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad de Cataluña, con el curioso nombre de "financiación singular", y que el lunes, el presidente del Gobierno aseguró que ya se estaba poniendo en marcha con "colaboración" y "cooperación".

El acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC el 29 de julio de 2024 no es simplemente un pacto de investidura más, ni se limita a generar compromisos entre sus firmantes, sino que plantea una transformación profunda de nuestro sistema autonómico, es decir, del reparto del poder territorial. Además, tendrá un impacto significativo sobre la financiación del Estado del bienestar, que en buena parte gestionan las Comunidades Autónomas.

Esta cuestión tan relevante, la modificación más importante de nuestro marco de convivencia desde 1978, merece un análisis detallado. Por eso, el profesor de la Universidad de Pensilvania Jesús Fernández-Villaverde y un servidor hemos escrito "La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía" (La Esfera de los Libros, 2025) que ya está disponible en las librerías y tiendas online. Creemos que es un libro necesario, y que, manteniendo el rigor y las cifras, hemos escrito, con la máxima claridad de la que hemos sido capaces, para todos los ciudadanos, porque todos nos vamos a acabar viendo afectados.

En el libro, partimos del hecho de que este acuerdo de "financiación singular" establecido en el acuerdo PSC-ERC es un sistema de cupo o concierto económico a la vasco-navarra, en todo salvo en el nombre. Por eso hay que analizar con rigor cuáles serían las consecuencias de extender a Cataluña el régimen foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. Esto hay que hacerlo con números, que en nuestro caso tomamos siempre de fuentes oficiales. La realidad es tozuda: Las Administraciones Forales del País Vasco y Navarra disponen de casi el doble de recursos por habitante para unas competencias muy parecidas. Las CCAA gastan un 41% de su presupuesto en Sanidad, un 24% en educación y otro 12% en otro gasto social, como dependencia. Por eso, las diferencias de financiación influyen de forma determinante en la financiación de muchos de los servicios públicos, y en muchos casos los más importantes, que reciben los ciudadanos, y también en los impuestos que pagan.

Usted puede pensar que la aspiración del nacionalismo catalán de obtener una financiación similar a la vasca (o la navarra) no es posible. Efectivamente, según nuestros cálculos esto supondría alrededor de 30.000 millones de euros al año. Esto no se deriva de que Cataluña esté siendo excesivamente solidaria y de que esté traspasando al resto de España 30.000 millones. No, es que para conseguir los resultados del "modelo foral", no sólo hay que reducir a cero la solidaridad interterritorial, sino que hay que percibir recursos fiscales del resto de los habitantes de España, como ya ocurre con el País Vasco y Navarra. Y las consecuencias, de todo tipo, serían dramáticas a corto plazo.

Pero, aunque el objetivo de máximos no se realce a corto plazo, podríamos estar emprendiendo una senda hacia otro modelo de Estado. Como detallamos en el libro, el exceso de recaudación sobre el gasto efectuado en Cataluña estaría en el entorno de los 7.788 millones de euros. Si a este importe se le resta lo que se perderá en fraude y mayores costes de administración del sistema fiscal, y una mínima "cuota de solidaridad", no quedaría prácticamente nada. Por cierto, fragmentar la Agencia Tributaria es un disparate y tiene un coste no sólo directo, sino especialmente en aumento del fraude, que se puede cuantificar con cierta aproximación, y que es muy superior a lo que los responsables políticos creen. Esta OPA hostil de la Generalidad a la Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Tributaria tendrá consecuencias mucho más negativas que cualquier OPA bancaria.

El resultado a corto plazo acabaría generando frustración en Cataluña. Pero, lo peor es que entraríamos en una dinámica de ir dando cada vez más dinero y competencias a la Generalidad de Cataluña. Es lo que ha ido pasando en el País Vasco y Navarra. Esto no es "federalizar" o acercarnos a un estado federal, que en la práctica ya somos (salvo el caso del País Vasco y Navarra), sino que avanzaríamos hacia una confederación asimétrica. Históricamente, las confederaciones, que además no eran asimétricas, como la de los Estados Unidos antes de la Constitución de 1787, no han funcionado. Por eso, en el libro no sólo explicamos la historia de España y su modelo autonómico, sino también explicamos los modelos federales de Estados Unidos y Alemania.

Echar un vistazo a los números ilumina algunas cuestiones. Por ejemplo, que Cataluña no tiene un problema de infrafinanciación, ya que una Comunidad que percibe más recurso por habitante que cualquier otra Comunidad grande, y un 10% por encima de la media del régimen común. Pero, es, con mucha diferencia, la comunidad más endeudada. Por eso, exige la condonación de la deuda, tema que también se aborda en el libro. Evidentemente, lo que ha ocurrido es que Cataluña tiene una administración enorme, y ha tenido y sigue sufriendo un problema de exceso de gasto público. Al mismo tiempo, desde 2017, la Comunidad que menos ha crecido en PIB per cápita, es decir la que más se ha empobrecido relativamente es Cataluña, lo que parece una consecuencia directa del procés y de la fuga de empresas. Estos problemas no los arreglará un cupo para Cataluña.

Finalmente, el acuerdo PSC-ERC, al transformar la solidaridad de un concepto aplicado a nivel de contribuyente individual a uno que se aplica a un territorio (en este caso, Cataluña) nos retrotrae a una concepción feudal de la política. En este modelo, los sujetos de derecho no son los ciudadanos individuales creados por la Revolución Francesa y el Estado moderno, sino una multiplicidad de jurisdicciones construidas alrededor de argumentos historicistas de raíz carlista. Las consecuencias en el largo plazo de abandonar el concepto de ciudanía individual son incalculables y, quizás, más costosas que la factura económica. Esa es la razón fundamental por la que Jesús Fernández-Villaverde y yo hemos escrito este libro contra los privilegios territoriales y en defensa de la racionalidad económica y de la ciudadanía común de todos.