Gasas para una herida económica profunda

El Consejo de Ministros ha dado el visto la pasada semana al esperado paquete de medidas sociales y económicas que tratan de taponar la herida por la que sangra estas semanas la economía europea, y por ende, la española.

Medidas que buscan minimizar el impacto, no sólo de la guerra en Ucrania en nuestros bolsillos, sino de lo que ya se venía fraguando meses atrás en el poder adquisitivo de las familias españolas. Lo de Ucrania ha sido, simplemente, lo que ha hecho encender la mecha.

Un descuento de 20 céntimos en el carburante, limitar la subida del alquiler un 2%, o rescatar la figura de los ERTES para evitar despidos enmascarados en la crisis energética. Son las 3 medidas más comentadas, aunque no por ello las más esperadas. Entraron en vigor el pasado viernes y se extienden hasta el 30 de junio.

¿Por qué no son las más esperadas? Pues porque nos encontramos, por ejemplo, con el precio del gasóleo a 1,75-1,80 euros por litro aproximadamente. Un alivio, sí, pero con precios de hace dos meses donde ya se empezaba a hablar de "situación insostenible" por parte de los ciudadanos. Allá por el mes de noviembre nos echábamos las manos a la cabeza cuando en las estaciones de servicio repostábamos a 1,40 euros el litro.

¡Qué barbaridad!, oías al compañero de surtidor, sin saber que aquel precio iba a ser un verdadero lujo a día de hoy. En España hay 25 millones de coches y cerca de 600.000 camiones y vehículos pesados que repostan a diario en estaciones de servicio.

Si eres de los que viven de alquiler podrás pensar que un 2% puede relajar algo tu economía mensual, pero has de tener en cuenta varias cosas: sólo saldrás beneficiado de esta medida si te toca renovar contrato en abril, mayo o junio. A partir del 1 de julio se te aplicará el 4, 5 o 6% con el que se haya cerrado el interanual que te corresponda. En nuestro país el 25% por cierto de los ciudadanos viven de alquiler, con un precio medio de renta mensual en el mes de febrero de 1.154 euros. (En Barcelona sube hasta 1.969 euros o en Madrid hasta los 1.724 euros).

Esta situación de inestabilidad internacional y de inflaciones disparadas en toda Europa ha hecho reaccionar de manera generalizada a todos los Estados miembros. Había dos opciones sobre la mesa de los distintos mandatarios: o bajar impuestos a los ciudadanos o regar la economía del país a base de subvenciones. La mayoría ha tomado el primer camino; España el segundo.

Países en Europa como Polonia, Italia e Irlanda han apostado por la bajada de impuestos para mitigar la inflación y el alto precio de los carburantes, con medidas que van desde la rebaja de impuestos generalizados (caso de Polonia), hasta la reducción del impuesto especial sobre el combustible (en Irlanda e Italia).

Medidas similares han anunciado Rumanía y Suecia. El primero planea reducir temporalmente a la mitad los impuestos especiales sobre los combustibles, mientras que Suecia ha decidido bajarlos temporalmente, compensando a los propietarios de automóviles y anunciando un plan de choque para reducir las facturas de electricidad.

En Alemania estudian un camino similar de suprimir impuestos, con medidas que pasarían por el mercado de la energía, incluyendo los costes de calefacción, electricidad y movilidad y se centrarán en ahorrar energía y dar incentivos para que las personas que usen menos energía tengan menos costes. Además, el canciller alemán plantea abolir el recargo por energía renovable, aumentar la desgravación del impuesto sobre la renta y la desgravación para los viajeros, así como dar más ayudas a los niños de familias más pobres. Estas medidas suponen un alivio de 7.000 millones de euros para los bolsillos de los alemanes.

¿Y en España qué? Pues en España se ha optado por la vía de las subvenciones en lugar de seguir la senda de nuestros colegas europeos. El Consejo de Ministros aprobaba el martes un plan de choque por valor de 16.000 millones de euros, pero, eso sí, en ayudas, y no debido a ninguna bajada de impuestos. Ayudas para los carburantes, para el precio del alquiler, para la agricultura, la ganadería o la pesca. Ayudas directas.

Se riega a la economía española, pero se hace siguiendo el ADN del actual Gobierno de España, el de las ayudas, frente a las bajadas de impuestos que se viene reclamando desde los partidos más conservadores. Es una cuestión más de ideología que de otra cosa con un Ejecutivo de coalición en el que lucha la parte más socialdemócrata con la más extremista de Podemos y que trata de contentar a todos. La socialdemocracia no se suele caracterizar por bajadas generalizadas de impuestos, pero la decisión de Alemania de hacerlo podría haber sido la senda a seguir. Pero ha primado el pacto de Gobierno con ayudas que se extienden hasta el 30 de junio. El 1 de julio veremos lo que pasa.

Mientras tanto, Europa sigue adelante con la ejecución de su plan de recuperación europeo para lo que se van a destinar 672.500 millones de euros para apoyar las reformas e inversiones emprendidas por los países de la UE desde febrero de 2020. A través de este mecanismo, España accederá a un total de 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, de los cuales cerca de 70.000 millones serán en forma de transferencias.

Pero, y abro el debate: ¿si se trata de un plan de recuperación nacional, no sería aceptable que la Comisión Europea se planteara la posibilidad de dar un giro al destino de estos fondos dada la extrema situación que vive Europa desde hace unas semanas? ¿Cabría la posibilidad de modificar los acuerdos nacionales o es demasiado tarde y farragoso? Lo cierto es que la situación de incertidumbre no parece que vaya a solucionarse a corto plazo en Europa y qué mejor justificación que los problemas económicos a los que se está enfrentando el mundo en este 2022 como para poner sobre la mesa un nuevo destino de tan ingente cantidad de dinero.